Después de que la única propuesta fuera la que hizo el Campamento Carey, Consejo de Titulares del condominio promete haber contratado ya su propia compañía para cumplir con sentencia de demolición.

Los titulares del condominio Sol y Playa contrataron la semana pasada con una empresa que se encargará de demoler las obras ilegales que hicieron en el edificio ubicado en la playa Los Almendros, de Rincón, y que enfrentan orden judicial de demolición y restauración del área desde febrero de 2022.

La más reciente configuración de la Junta de Directores del condominio, la quinta desde que comenzó la controversia por las obras ilegales, sometió la notificación sobre la contratación al juez superior de Aguadilla, Abid Quiñones Portalatín, de cara a la próxima vista en el caso, pautada para mañana, miércoles.

En la vista anterior, el 30 de agosto, el juez había advertido que no quería recibir más promesas del condominio y que en la cita del miércoles quería tener ante sí a la gente que, de hecho, se encargaría de los trabajos para hacer cumplir su sentencia. El juez ya ordenó el encarcelamiento por desacato de la expresidenta de la Junta, María Isabel Negrón García, aunque esa determinación fue dejada sin efecto por otro juez.

Hasta la notificación de la Junta el lunes en la tarde, la única propuesta que había sobre la mesa era la que sometió Campamento Carey Inc. (CC), una entidad corporativa sin fines de lucro que recoge al grupo de activistas que realizaron las manifestaciones que llevaron a que los permisos de la obra fueran declarados ilegales.

La propuesta de CC suma $850,000, cantidad menor a la que en un momento informó el condominio que estaba considerando para los trabajos. Pero el dinero que se va a usar para los trabajos es el privado del condominio y se anticipa que el juez acepte la empresa que escogieron los titulares.

Quiñones Portalatín había ordenado que, previo a la vista del miércoles, el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA), la Junta de Planificación (JP) y CC se reunieran para discutir la propuesta de estos últimos. Sin embargo, varias mociones informativas sometidas en el caso en las últimas horas delatan cómo las agencias se rebotaron la responsabilidad de esa decisión, con el resultado de que no se cumpliera con la orden del juez.

El viernes, el DRNA dijo al tribunal que la JP primero le dijo que era responsabilidad del departamento hacer la evaluación de la propuesta y luego, el día antes de la reunión con CC, el representante legal de la Junta, y exasesor legal de la Fortaleza, Alfonso Orona Amilivia, le dijo que no iría a la reunión porque el condominio les había adelantado que escogieron contratista y estaban en trámite para cumplir la sentencia. “La corporación Campamento Carey entendió y entiende, que no querían seriamente evaluar la propuesta aun cuando eso fue lo que se le informó al Tribunal en corte abierta en la vista del 30 de agosto de 2023; por lo que entendimos que perdimos nuestro tiempo”, dijo CC en su moción al juez.

El DRNA recordó al tribunal que para emitir la autorización al contratista escogido, se tienen que cumplir requisitos que incluyen: fianza de $500,000, póliza de seguro por $2 millones y plan de restauración del área, incluyendo restauración de hábitat crítico porque ese sector de la playa sirve para anidaje de tortugas.

En su moción, el condominio disputó esto y no divulgó el nombre de la empresa con la que firmaron contrato el 15 de septiembre (ratificado por los titulares el 17), aunque reiteró que el ingeniero Emilio Colón Zavala (ECZ Group PSC) está encargado de las obras.

El anuncio de que hay una nueva Junta en el condominio descarta también la alternativa, solicitada formalmente por dos titulares, de que el Departamento de Asuntos del Consumidor designara a un síndico para administrar el inmueble. Esto solo puede suceder cuando no hay una junta electa en el condominio.

Todavía está pendiente de adjudicación una solicitud de la JP para que el tribunal imponga al condominio multa de $10,000 diarios hasta que comiencen la demolición de obras, o una global de $100,000 por desafiar la autoridad del tribunal.

Vea:

JP pide multa de $100,000 contra dueños de apartamentos en Sol y Playa

Manifestantes en contra de obras en Sol y Playa pueden acabar con contrato para demolerlas