El sargento Luis Camacho Ortiz demandó a la entonces alcaldesa y el municipio luego de que fuera despedido.

El juez federal Daniel Domínguez ordenó el jueves que continúe el proceso judicial contra de la exalcaldesa de San Juan Carmen Yulín Cruz Soto y el municipio de San Juan en una demanda de derechos civiles.

El sargento Luis Camacho Ortiz demandó a la entonces alcaldesa y el municipio luego de que fuera despedido por ser dueño de un medio digital (Tu Noticia PR) y publicar noticias que supuestamente no eran del agrado de Cruz Soto.

“El Tribunal por la presente concede parcialmente y deniega parcialmente la Moción de Resumen de Sentencia de los Demandados. Es claro para el Tribunal que no existen cuestiones genuinas de hechos materiales en lo que respecta a la reclamación del debido proceso del demandante. El Tribunal por la presente desestima con prejuicio cualquier acción de la Sección 1983 basada en el debido proceso. Sin embargo, en lo que respecta a las reclamaciones de la Primera Enmienda del Demandante, el Tribunal encuentra que existen cuestiones genuinas de hechos materiales que impiden que el Tribunal conceda la moción de resumen de sentencia de los demandados en su totalidad”, reza la orden del juez Domínguez.

El sargento fue restituido a su puesto en marzo del 2022 y el municipio pagó cerca de 5 años de sueldos y vacaciones dejados de devengar por el despido ilegal.

En la demanda federal, Camacho Ortiz exige que se le ordene al Municipio de San Juan, se abstenga de discriminar contra sus empleados por utilizar su derecho a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos y que se le paguen 2 millones de dólares en daños, además de las costas de abogados.

Además, en un proceso similar a nivel estatal representado por el licenciado Michael Corona, reclama 500 mil dólares al Municipio de San Juan; 300 mil dólares a la exalcaldesa Cruz Soto; 250 mil dólares a la licenciada Marta Vera Ramírez y 100 mil dólares a Carmen Serrano. También, pide el pago de 150 mil dólares por supuestamente violentar la Ley de No Represalias.