Un mensaje enviado a los abogados en el fin de semana provoca cuestionamientos y levanta sospechas sobre las comunicaciones que el Supremo tenga con terceros antes de tomar sus decisiones.

El Tribunal Supremo todavía no ha actuado sobre un informe que tiene sometido desde mayo en el que se le recomienda la adopción de cánones de ética nuevos para regir la conducta de los abogados, pero, aunque no está aprobado, la Asociación de Abogados de Puerto Rico (AAPR) ya ofreció un curso en el que discutirían esas reglas que, aseguraron también, van a entrar en vigor el 1 de octubre.

El que un ente externo al Alto Foro anuncie una decisión que los jueces todavía no han aprobado, y la fecha precisa en que entrará en vigor esa decisión, provocó revuelo en la profesión legal este fin de semana y propició al menos dos quejas directas al seno de ese tribunal.

“12 créditos de Educación Jurídica Continua incluyendo ética y los nuevos cánones del Tribunal Supremo que aplican a partir del 1 de octubre de 2023”, fue la promesa que la AAPR hizo a los abogados en un correo electrónico que distribuyeron el sábado para promocionar su tercera Convención de Educación Jurídica, a celebrarse en octubre.

“El Tribunal Supremo de Puerto Rico no ha aprobado un nuevo marco regulatorio de cánones de ética para la práctica de la abogacía ni tiene fecha alguna definida para aprobar uno, como indica erróneamente un anuncio de la Asociación de Abogados de Puerto Rico. Desconocemos de dónde la Asociación de Abogados de Puerto Rico obtuvo la información comunicada. Cualquier anuncio en el que se ofrezca capacitación sobre una regulación que al presente solo es una propuesta, no parte de la realidad del proceso de evaluación que se desarrolla en el Tribunal Supremo", indicó la Oficina de Prensa del Poder Judicial.

El ofrecimiento de Educación Jurídica Continua que hizo la AAPR sobre los cánones de ética se supone haya sido aprobado por la comisión del Supremo que se encarga de autorizar cursos para que los abogados que los tomen puedan recibir créditos por los mismos.

NotiCel se comunicó con la AAPR a su correo electrónico sobre esta historia, pero no hubo respuesta al momento de publicación. Luego de la publicación, el presidente de la entidad, Ferdinand Ocasio, comunicó por escrito que “hubo un error al enviarse la comunicación" en el fin de semana porque “el curso es sobre las enmiendas al Reglamento (del Tribunal Supremo) y no a los cánones". Aludió que los “detractores de la Asociación" conocen que lo único que entra en vigor el 1 de octubre es el Reglamento.

La AAPR “no tiene conocimiento de que se haya aprobado o se vay a aprobar antes del 1 de octubre de 2023 el nuevo Código de Cánones de Ética", consignó. Tanto Ocasio como el director ejecutivo de la entidad, Francisco González Magaz. Ambos han sido representantes legales del Partido Nuevo Progresista (PNP) y González Magaz es actualmente abogado externo del Departamento de Justicia y representante de la Comisionada Electoral del PNP en el pleito por las candidaturas coaligadas.

La AAPR fue creada en 2010 y participó de los esfuerzos legales para que la nueva mayoría del Tribunal Supremo compuesta por jueces nombrados por el exgobernador Luis Fortuño decidieran declarar inconstitucional la colegiación compulsoria de los abogados en la isla. Al eliminar el monopolio que tenía el Colegio de Abogados y Abogadas (CAAPR) en la representación de este gremio, la AAPR se disputa con el Colegio la membresía de los abogados.

Los jueces que nombró Fortuño rompieron el control que tuvieron en el Alto Foro por décadas jueces nombrados por gobernadores del Partido Popular Democrático. De estos jueces, Rafael Martínez Torres, Mildred Pabón Charneco, Erick Kolthoff Caraballo, Edgardo Rivera García y Roberto Feliberti Cintrón participan regularmente como conferenciantes en los seminarios que organiza la AAPR, más no así en los seminarios que organiza el CAAPR.

Tras el anuncio que envió la AAPR, el académico más influyente en el tema de ética de los abogados, profesor Guillermo Figueroa Prieto, escribió a los jueces del Supremo, y el decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana, Julio Fontanet Maldonado, hizo lo propio con la jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, y con el presidente del Colegio de Abogados y Abogadas, Manuel Quilichini García, para consignar sus preocupaciones.

Tanto Figueroa Prieto como Quilichini García son miembros del Comité Especial para la Revisión del Informe sobre el Proyecto de Código de Conducta Profesional de Puerto Rico, el grupo de 11 miembros que en mayo pasado emitió su informe final y que en agosto se reunió con los ocho jueces que componen actualmente el pleno del Supremo para contestar sus preguntas. En la reunión del 15 de agosto, Figueroa Prieto preguntó si el informe era confidencial y Oronoz Rodríguez le contestó, frente a los demás jueces, que era un documento de trabajo confidencial hasta que el Supremo lo publicara.

Al preguntársele si este anuncio puede tener implicaciones de falta de confianza en el Supremo, como las que surgieron con el Tribunal Supremo federal cuando la decisión de ese foro revirtiendo la constitucionalidad del aborto salió a la luz meses antes de que fuera emitida oficialmente, Quilichini García dijo que le preocupaban “mucho” dos aspectos.

“Uno, que se pueda anunciar como oficial algo en lo que trabajamos y no tenemos conocimiento (de si se aprobó). Dos, que quien haga el anuncio sea una entidad que se ha visto que a través de los años ha sido favorecida de manera obvia y que haya alguna agenda para poner en desventaja al gremio más grande de abogados de Puerto Rico, que sigue siendo el Colegio de Abogados”, expandió.

“Yo no sé cómo esto sale a la luz pública y no recuerdo algo similar a esto”, subrayó al consignar que hoy también hará una comunicación al Supremo al respecto y al aclarar que el informe que el Comité Especial sometió en mayo no es la última palabra, sino solo unas recomendaciones que el Alto Foro tiene discreción para cambiar, aceptar o rechazar. “No nos han dado ninguna comunicación de ningún tipo”, aseguró en referencia a la interacción entre el Comité Especial y el Supremo después de la reunión de trabajo de agosto.

“El problema del anuncio (de la AAPR) es que es engañoso o sus emisores han tenido acceso a información con la que no contamos los restantes miembros de la abogacía. Cualquiera de los dos escenarios posibles es, evidentemente, inapropiado”, planteó Fontanet Maldonado en su carta.

*Actualizado con declaración del Poder Judicial y de la AAPR.