La agencia es la encargada de administrar la Ley de Condominios, pero sus intervenciones en la controversia de Sol y Playa denotan lentitud y falta de preparación en esta área.

El caos de administración que sufre el condominio Sol y Playa, que enfrenta una sentencia final para demoler obras ilegales pero sus titulares no tienen representación porque su Junta de Directores ha renunciado cuatro veces, parecería ser el tipo de situación que el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) podría resolver directamente con la facultad que le da la Ley de Condominios, pero el récord del caso deja mal parada a la agencia.

Durante los últimos dos años, la Junta de Planificación (JP), el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Oficina de Gerencia de Permisos (OGPe) han tenido rol protagónico en la controversia sobre la construcción ilegal que hizo el condominio en un bien de dominio público, la zona marítimo terrestre de la Playa Los Almendros en Rincón. Pero una moción sometida al caso la semana pasada y la vista de seguimiento que ocurrió el miércoles retratan cómo han sido las intervenciones del DACO en la controversia.

En el caso de Sol y Playa hay dos temas que implican la intervención del DACO, la adjudicación de querellas que han sometido titulares y la necesidad de un síndico porque no hay Junta de Directores constituida.

El miércoles pasado, la secretaria interina del departamento, Lisoanette González Ruiz, compareció a la vista de seguimiento que hizo el juez superior Abid Quiñones Portalatín sobre el cumplimiento de una sentencia que emitió en febrero de 2022 y que advino final y firme en noviembre de 2022. Es la primera comparecencia de la agencia en el caso, pero la sexta vista de seguimiento sobre el cumplimiento de la sentencia.

La funcionaria no ofreció detalles sobre las querellas que la agencia tiene desde principios de 2020 sobre los problemas en Sol y Playa. Se limitó a establecer que lleva cinco meses en la agencia y que no fue hasta el día antes de la comparecencia, el martes, que tomó la primera acción para comenzar a buscar candidatos que puedan servir de síndicos. Esto, a pesar de que DACO está facultado por ley para designar síndicos desde hace años.

González Ruiz solo pudo identificar un esfuerzo que se hizo durante la Administración Fortuño para buscar síndicos, el cual resultó en que nadie contestó la convocatoria. La agencia ha tenido peticiones de síndicos antes de que surgiera Sol y Playa, pero las han resuelto citando a los titulares para persuadirles a que elijan una junta porque los titulares tendrían que pagar los honorarios del síndico y porque, al cabo de los seis meses de sindicatura que permite la ley, el propósito del síndico va a ser lograr constituir una junta que prosiga con la gerencia del inmueble.

La búsqueda de síndicos comenzó justo el día antes de la vista, a pesar de que la controversia de Sol y Playa estaba viva cuando llegó a la agencia en abril y de que admitió que en las últimas semanas había recibido “varias querellas adicionales” de otros titulares de otros condominios pidiendo la designación de síndicos.

La secretaria interina no pudo darle fecha al juez de cuándo estaría lista para descargar su responsabilidad de designar a un síndico y adujo que la ley no provee términos para ese proceso. Dijo también que acaba de crear una división para atender a los condominios porque la misma no existía. La incapacidad del DACO para atender sus responsabilidades bajo la Ley de Condominios ha sido una de las críticas de grupos que buscan reformar dicha ley.

La abogada del condominio, Amy Ruiz Goyco, dijo al juez en la vista que recibió un acercamiento de la licenciada Marimar Pérez Riera, presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios, Inc. (ATC), para ser síndico de Sol y Playa, pero Quiñones Portalatín le contestó que tendría que pasar por el proceso de DACO, que es la agencia encargada.

En cuanto a las querellas, una moción que cinco titulares sometieron al tribunal el miércoles provee detalles sobre el manejo del DACO en esa área.

Los titulares José G. Barea Fernández, Flor Delgado Philippi, Rubén Freyre Martínez, Teresa López de Dickens y Sandra Camuñas pidieron al tribunal que decrete que la licenciada Ruiz Goyco no puede representarlos porque tiene conflictos de interés ya que ha sido la representante de varias juntas de directores que han cometido ilegalidades en el trámite de la construcción que el tribunal ordenó demoler.

Además, porque ha sido representante de ese cuerpo rector cuando éste los ha excluido y les ha escondido información a la que tienen derecho a acceder, como información financiera del condominio. En otros condominios también se ha producido la queja de que la junta contrata a una representación legal pagada con dinero de todos los titulares para atropellar los derechos de los mismos titulares que no están de acuerdo con las decisiones o actos de sus juntas.

Sobre el manejo de querellas, los titulares relataron que sometieron tres a principios de 2020 que tenían que ver con la decisión de la Junta que comenzó todo el caso, el construir una piscina, baño y otras facilidades en la zona marítimo terrestre, un área de dominio público. DACO tardó más de tres años en resolverlas y concluir que la decisión de la junta fue nula y la derrama que decretaron también. Esa decisión de la agencia surgió en febrero de 2023, cuando ya era final y firme la sentencia del juez Quiñones Portalatín decretando la nulidad del permiso para las obras.

Esas tres querellas, que estuvieron más de tres años pendientes, son las únicas que DACO ha resuelto de las varias que estos cinco titulares han sometido.

Desde agosto de 2021, DACO tiene pendientes querellas sobre la imposición de otra derrama para sustituir los fondos de la primera, que se usaron para otros fines; desde junio de 2023 tienen querellas pendientes sobre la designación de un síndico; y desde agosto de 2023 tienen querella pendiente porque la junta autorizó $500,000 para los trabajos de demolición de las obras ilegales sin presentar información sobre ese proyecto, sin quórum y sin verificar si los participantes de la asamblea estaban al día en sus cuotas y habilitados para votar.

“Los aquí comparecientes se han mantenido al día en el pago de las cuotas de mantenimiento y han demostrado que no les corresponde pagar las derramas impuestas por el Consejo de Titulares de manera ilegal, arbitraria y caprichosa”, concluyen los cinco titulares en su moción.

Para leer la moción de los titulares, pulse aquí.

Vea:

Titulares llevan al Senado quejas por la Ley de Condominios y piden cambios

Manifestantes en contra de obras en Sol y Playa pueden acabar con contrato para demolerlas