Tras meses de incumplimiento de la sentencia de demolición por parte del condominio Sol y Playa, la única propuesta sobre la mesa es la de los mismos manifestantes que denunciaron la ilegalidad de las obras.

Diez meses después de que se convirtiera en final la sentencia que ordena al condominio Sol y Playa demoler la construcción ilegal que realizaron en la Playa Los Almendros, la única propuesta formal que hay para llevar a cabo los trabajos en cumplimiento de dicha orden viene del mismo grupo cuyas protestas fueron el detonante del caso judicial.

Si la propuesta de Campamento Carey Inc. (CC) prevaleciera en el análisis del Departamento de Recursos Naturales y Ambientales (DRNA) y la Junta de Planificación (JP), el juez superior Abid Quiñones Portalatín podría ordenar a CC llevar a cabo los trabajos “y que los gastos de los mismos le sean cobrados a la parte demandada en el presente caso, entiéndase, el Condominio Sol y Playa de Rincón”, explicó el abogado de CC, Gabriel Olivieri Miranda, en una moción sometida el jueves.

Este resultado significaría que los titulares del condominio finalmente darían cumplimiento a la sentencia final y firme de demolición de obras mediante pagarle al mismo grupo cuya protesta por las obras ilegales, incluyendo confrontaciones con la Policía y titulares, provocaron que la JP iniciara la impugnación de la construcción ilegal ante el juez Quiñones Portalatín. Los titulares no han presentado al tribunal ninguna propuesta para cumplir con la sentencia y, actualmente, el condominio no tiene Junta de Directores en funciones.

La propuesta que CC sometió al DRNA el 28 de agosto pasado plantea un programa de siete semanas de trabajo y una tarifa de $850,000. Esta cantidad es similar a la que el condominio aprobó en 2019 para realizar las obras ilegales.

Los detalles de la propuesta de CC se discutirán en una reunión con el DRNA y la JP el siete de septiembre próximo. El condominio, a través de la abogada Amy Ruiz Goyco, ha indicado que están trabajando la posibilidad de hacer la demolición a través del proyectista Emilio Colón Zavala, pero no hay detalles ni se ha presentado propuesta formal.

El juez pautó una vista de seguimiento para el 20 de septiembre en la que dijo que espera tener propuestas concretas sobre quiénes pueden encargarse del trabajo para hacer cumplir la sentencia. “No quiero tener nombres sin cara quiero tener nombres con rostros”, dijo para enfatizar que quería tener en sala a las personas que se comprometían con hacer el trabajo.

CC se incorporó como entidad sin fines de lucro el 11 de julio de 2022, cuando ya habían comenzado las protestas y unos cinco meses después de que el juez emitiera la sentencia para demoler obras que se construyeron en la zona marítimo terrestre (de dominio público) bajo un permiso nulo y que se tramitó mediante fraude.

Según el expediente corporativo, el propósito de CC es “proteger el medio ambiente, educar a través del conocimiento científico sobre los recursos naturales del país utilizando a toda la comunidad asistida por profesionales disponibles para lograr los objetivos deseados”. Añadieron que sus actividades tienen fines caritativos, educativos, científicos y de prevención del maltrato o abuso de animales. Los oficiales son la licenciada Laura Nazario Lameiro, Gerardo Rivera Chaparo y Polly Mattson.

CC propone mantener seguridad 24 horas durante los trabajos de demolición, vigilar las actividades de desove de tortugas marinas (durante la construcción ilegal, una tortuga depositó 160 huevos en medio de las obras), movilización de equipo pesado para la remoción y disposición del material y tomar medidas para evitar polvo fugitivo e impacto de contaminantes en la playa durante la remoción de un muro, viga de piso y pilotes que el condominio colocó bajo el permiso nulo. Luego harían también restauración biológica mediante limpieza del área y siembra de especies vegetativas endémicas.

Además de la encomienda que dio a la JP, el DRNA y el condominio para que en 15 días le presenten las propuestas para ejecutar la sentencia, el juez Quiñones Portalatín tiene pendiente la solicitud de la JP para que imponga a los titulares una multa global de $100,000 o multa de $10,000 diarios hasta que se cumpla la sentencia. Esto produjo una riposta de parte de cinco titulares que relataron cómo otros titulares han maniobrado para incumplir con la sentencia y reclaman que se les exima de tener que pagar cualquier multa. En la vista del miércoles, el Departamento de Asuntos del Consumidor (DACO) dijo que no tiene todavía candidatos que se puedan nombrar como síndicos para la administración del condominio ante la ausencia de una Junta de Directores.

Vea:

JP pide multa de $100,000 contra dueños de apartamentos en Sol y Playa