El proyecto de mitigación de la estructura es la obra más urgente en todo el sistema judicial federal de Estados Unidos.

El Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico anunció el desalojo indefinido de empleados de varias de sus dependencias que ubican en el edificio federal Federico Degetau porque la estructura refleja vulnerabilidades a sismos y enfrenta una remodelación que cuesta $315.6 millones.

El complejo localizado en la avenida Chardón de Hato Rey se conoce comúnmente como “el tribunal federal” pero realmente son varios edificios en un mismo solar. Las estructuras más nuevas son el cuartel del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) y un estacionamiento multipisos. Pero las más antiguas, construidas hace casi 50 años e inauguradas en 1977, son un edificio de oficinas de siete niveles, llamada el edificio federal Federico Degetau, y otra de un nivel, que es el tribunal Clemente Ruiz Nazario.

El desalojo afecta a dependencias ubicadas en el edificio Degetau, pero no las operaciones de las recámaras de los jueces y las salas ubicadas en el tribunal. El anuncio ayer de la Secretaría del tribunal indica que a partir del 5 de septiembre trabajarán desde “localidades alternas” los empleados del tribunal, la Oficina de Probatoria y la Oficina de Servicios con Antelación a Juicio que están ahora en el edificio Degetau. No hay fecha definida para volver al Degetau.

“Estudios de ingeniería que comisionó la dueña del edificio, la Administración de Servicios Generales federal (GSA), han indicado que, aunque el edificio puede aguantar la carga completa de ocupación típica, no cumple con los criterios sísmicos relevantes. Mientras GSA continua su evaluación del edificio, en adelante, los procesos judiciales seguirán con normalidad en los tribunales Clemente Ruiz Nazario y José V. Toledo”, explica el comunicado de Secretaría. El tribunal Toledo es el que está ubicado en el Viejo San Juan.

Secretaría comunicó ayer también que las instalaciones para prensa y abogados en el Clemente Ruiz Nazario tampoco estarán disponibles. Tras la publicación original de esta nota, la secretaria Ada García Rivera informó que los servicios de cajero y recibo de documentos de secretaría cerrarán desde este miércoles a mediodía y reabrirán el 5 de septiembre, pero en el tribunal del Viejo San Juan.

Desde hace por lo menos cinco años, el proyecto de remodelación en los edificios Degetau y Clemente está en la lista de obras de infraestructura prioritarias de la Oficina Administrativa de los Tribunales (OAT) federales. Pero, actualmente, las obras para atender las deficiencias en el edificio Degetau se consideran, “de facto, la prioridad de construcción número uno en toda la judicatura (federal)”, según un informe de la OAT federal.

El Degetau está en operación desde 1977 y su fachada al estilo arquitectónico brutalista ha sido desde entonces símbolo de las operaciones del gobierno federal en la isla. En 1983, el Ejército Popular Boricua (Macheteros) disparó un misil antitanque contra la fachada causando daños en las oficinas del departamento de Agricultura y el FBI.

Por años, varias de las oficinas de agencias que ubicaban allí se mudaron a otras instalaciones, como sucedió con el FBI y con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, que se movió a unas oficinas alquiladas a dos cuadras del complejo. Las mudanzas, los daños que provocó el huracán María y las transformaciones que trajo la pandemia mantenían al edificio con mucho menos tráfico del que tenía hace 20 años.

Según GSA, en el 2018 el Degetau y otras siete instalaciones judiciales en todo Estados Unidos fueron designadas “estructuralmente deficientes y en alto riesgo por actividad sísmica”.

El Degetau necesita “trabajo de mitigación sísmica significativo e invasivo”, concluyeron. En 2020, la Conferencia Judicial decretó el Degetau una “emergencia”, con necesidad de refuerzo de columnas y añadir revestimiento antiterremotos a sus sistemas mecánicos, entre otros trabajos de mitigación.

La obra recibió una asignación de $22.5 millones en 2022 para diseño, pero se necesita construir un anejo al tribunal para propósitos permanentes y también para alojar temporeramente a los empleados que estaban en el Degetau. El estimado de costo para el dinero es de $315.6 millones, pero el dinero no está asignado completamente. El estimado creció de los $239.7 millones que sumó en 2022. El anejo propuesto tendría seis salas y 10 oficinas, así como facilidades para alguaciles y manejo de prisioneros.