Una jueza federal impuso sentencia por encima de lo que le pidió la fiscalía al exconsultor financiero de Mayagüez, Eugenio García, por fraude con fondos para Centro de Trauma.

La jueza federal Aida Delgado Colón impuso sentencia el martes de 63 meses de cárcel (cinco años y tres meses) al exasesor financiero del municipio de Mayagüez, Eugenio García Jiménez, y de 37 meses (tres años y un mes) al exdirector ejecutivo de la corporación municipal Mayagüez Economic Development, Inc. (MEDI), Alejandro Riera Fernández, por el fraude de $9 millones en fondos que habían sido asignados a esa ciudad para que se pudiera desarrollar un Centro de Trauma que todavía no se ha materializado.

La sentencia a Riera Fernández, quien fue declarado culpable en juicio en noviembre pasado, fue lo que la fiscal federal Myriam Fernández González pidió. Pero la sentencia a García Jiménez fue por encima de lo que la fiscal pidió, a pesar de que el exasesor se declaró culpable y colaboró con la investigación.

Al impartir sentencia a García Jiménez, la jueza resaltó su rol de cabecilla y que el grupo de acusados ejecutó un “esquema a sangre fría” para violar sus deberes fiduciarios y “crear entidades a diestra y siniestra” con las que pudieran apropiarse de los $9 millones “privando así” a los residentes del área oeste de un centro hospitalario y también agravando el problema de escasez de servicios médicos en el área metropolitana.

Puntualizó que García Jiménez tenía control, completo o parcial, de 21 cuentas financieras involucradas en el esquema y le aseguró que “tuvo suerte” que la fiscalía distribuyó la responsabilidad económica entre los acusados en vez de atribuirle a todos la pérdida total y de que el municipio pudo posteriormente recuperar el dinero.

“Sobre quién estaba dando las instrucciones sobre qué hacer, muchos estaban apuntando a usted y la evidencia apunta a usted”, anotó al reiterar que tuvo suerte también de que en su negociación con la fiscalía no se le adjudicara un agravante como líder para efectos de sentencia. Esa ventaja, sin embargo, se hizo sal y agua cuando la jueza escogió imponer seis meses más de los 57 que la fiscalía pidió. El abogado del acusado, Carlos Vázquez, pidió 51 meses.

“Me pregunto, ¿cómo podía dormir?”, lanzó la jueza desde el estrado al contrastar que mientras los residentes del área oeste esperaban por un Centro de Trauma, García Jiménez estaba usando el dinero para comprarse apartamentos, casas, botes y otros gastos.

Al dirigirse al tribunal, el hombre de 49 años que ahora trabaja como chofer de camiones dijo estar arrepentido “desde lo profundo de mi corazón” y pidió perdón “al tribunal, la gente de Mayagüez y la gente de Puerto Rico”, así como a su esposa por 23 años y a sus tres hijos. Cerró con una cita de Proverbios 28:1, “[e]l que encubre sus pecados no prosperará, pero el que los confiesa y los abandona alcanzará misericordia”.

Con esto, pareció recordar, en vano, que aceptó culpa en vez de ir a juicio y que cooperó con la fiscalía tratando de obtener grabaciones encubiertas de otros implicados. Pero la fiscalía no usó las grabaciones ni lo presentó como testigo contra Riera Fernández y el exasesor legal del municipio, Arnaldo Jerónimo Irizarry Irizarry, únicos dos de los siete acusados que fueron a juicio.

El alcalde suspendido de Mayagüez, José Guillermo Rodríguez Rodríguez, y la todavía directora de Finanzas de la ciudad, Yajaira Valentín, están pendientes de juicio en el foro estatal por imputaciones relacionadas a esta transacción. Rodríguez Rodríguez era la autoridad máxima en el municipio, que recibió el dinero mediante asignaciones legislativas, y la máxima autoridad en MEDI, entidad a través de la cual aceptó la recomendación de García Jiménez para invertir ese dinero en el mercado de valores. Según fiscalía federal, de 2016 a 2018 los acusados se repartían el dinero mientras hacían creer que los fondos estaban invertidos, el principal estaba protegido y que estaba teniendo rendimiento.

Además de cárcel, el hombre residente en Orlando enfrenta dos años de libertad supervisada, 200 horas de servicio comunitario y prohibición de incurrir en deuda, suscribir financiamientos o tener un empleo con responsabilidades fiduciarios, a menos que lo autorice la Oficina de Probatoria. García Jiménez tiene pendiente una demanda civil que le presentó la Comisión de Intercambio de Valores (SEC en inglés) por hacerse pasar como consultor financiero y es objeto también de otros pleitos locales por incumplimiento de contratos y deuda, así como de una demanda del propio municipio sobre estos hechos que está sometida contra todas las personas y entidades involucradas en el fraude.

La restitución en este caso no está clara todavía y las partes han argumentado sobre esto en mociones selladas, pero Delgado Colón indicó que el dinero ha sido reembolsado y que solo resta que una de las entidades que reembolsó indique si le interesa recuperar ese dinero mediante una orden de restitución contra los convictos. Pero la juez alertó a García Jiménez que todavía la fiscalía tiene el poder de confiscar cualquiera de sus activos y propiedades si hay necesidad de recuperar alguna cantidad.

En el caso de Riera Fernández, aunque la jueza no lo sentenció a más de lo que esperaba, fue igual de puntillosa en enfocar los elementos de su conducta que encontró más detestables.

Especialmente, cómo confesó en el banquillo de testigos que utilizó a un contratista que hacía trabajos en su hogar, Roberto García Vélez, para crear una empresa y abrir una cuenta de banco en la que pudiera recibir dinero del esquema y encubrir su participación de manera que no le afectara su empleo en MEDI. “Usted se aseguró, bien, bien asegurado, de que ese dinero no fuera rastreable a usted”, le dijo Colón Delgado. También, recordó que la evidencia fue que el convicto tenía un arreglo con García Jiménez para tener un 10% de participación en las ganancias que generara cualquier negocio que le refiriera al asesor después de que la Junta de Directores de MEDI lo hubiera rechazado. Riera Fernández tenía participación en la Junta, por lo que estaba en posición de influenciar esos rechazos que luego le beneficiarían personalmente, explicó la jueza.

Al sentenciarlo, Delgado Colón también observó que salía bien por la forma en que la fiscalía distribuyó la pérdida porque, de haberlo hecho responsable de todo el esquema, la sentencia hubiera sido mínimo 87 meses de cárcel.

Al pedir 16 meses de cárcel, el abogado Diego Alcalá Laboy resaltó que su cliente es un venezolano naturalizado que se quedó en la isla para devolver lo que había encontrado aquí en educación, empleo y familia. En Puerto Rico “he tenido la mejor vida que un no nacido aquí puede tener… he vivido el sueño americano en su máxima expresión”, aseguró al tribunal el hombre de 61 años y padre de dos hijas. Añadió que los sufrimientos que ha pasado son porque “Dios quiere crear una mejor persona de mí” y se lamentó de no cuidarse de “los falsos profetas que traen promesas de dinero fácil”.

“Estoy profundamente arrepentido de no haber hecho lo correcto cuando pude haber hecho lo correcto. A veces los cantos de sirena no nos dejan escuchar la voz interna que dice, no lo hagas”, concluyó, a lo que la jueza le contestó que todavía “se resiste” a aceptar responsabilidad por sus actos.

Además de la cárcel, Riera Fernández tendrá tres años de libertad supervisada durante los que no puede tener empleo o contrato que involucre responsabilidad fiduciaria, a menos que lo autorice Probatoria.

La sentencia del exjuez Irizarry Irizarry, pautada también para ayer, fue pospuesta para noviembre por lo que la jueza caracterizó como “razones humanitarias”, debido a una condición de salud en la familia del convicto.

“Este tipo de crimen pone a la comunidad de rodillas”, observó la jueza sobre esquemas de corrupción como los de este caso.

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