La demandante hizo querellas al FBI por supuestas irregularidades en contratos y compra, que tampoco prosperaron.

El juez federal Jay A. García Gregory desestimó totalmente una demanda que sometió la exoficial de la Oficina de Compras del Municipio de San Juan, Yadira Molina, que alegaba represalias y despido injustificado por haber hecho denuncias sobre irregularidades en contratos y compras a la Oficina de la Contralora y el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).

De esas alegaciones de irregularidades, solo resultó un señalamiento en una auditoría de la Contraloría. La demanda civil de Molina no era sobre las irregularidades sino las represalias que sus superiores desataron en su contra supuestamente por hacer esas denuncias.

Pero en una sentencia desestimando la acción, García Gregory puntualizó que las alegaciones estaban carentes de fundamento y que la demandante y su representación legal no cumplieron con los estándares para contrarrestar la moción de desestimación que sometió el municipio.

Las alegaciones de Molina hicieron titulares desde 2017 ya que señalaban un supuesto patrón mediante el que sus superiores le ordenaban hacer compras de emergencia para favorecer a suplidores. En 2020, la Contraloría halló en una auditoría que, tal y como había denunciado Molina, hubo pagos en exceso por unos $140,000 en una compra de equipos de plomería para el estadio Hiram Bithorn. Pero los referidos a otras agencias no tuvieron ningún otro resultado conocido y ya pasó el término prescriptivo federal.

En su reclamación, Molina dijo que fue víctima de difamación, despido injustificado, violación a la privacidad, ambiente hostil y violación a las protección de delatores (“whistleblowers”), entre otros. Pero, al momento de sostener las alegaciones contra la moción de desestimación del municipio, la demandante no pudo hacerlo, aún cuando las 10 páginas de la moción del ayuntamiento fueron contestadas con 70 páginas de parte de Molina llenas de “argumentos repetitivos” y afirmaciones que no tienen base en el récord.

Por ejemplo, la demandante dijo que su vehículo fue vandalizado cuando alguien escribió las palabras “muerte” y “chota”, pero el informe policial del incidente no tiene una descripción de que los daños consistían en que alguien escribió esas palabras en el vehículo y Molina no produjo evidencia que lo sustentara. En otra instancia, alegó ser objeto de llamadas amenazantes, pero “el récord no refleja cuándo Molina recibió estas llamadas amenazantes, el número de llamadas recibidas o los intercambios durante esas llamadas”.

Molina no pudo probar que sus superiores sabían, cuando la trasladaron de puesto, que ella se había querellado con las autoridades sobre las supuestas irregularidades. La prueba del municipio es que el traslado estuvo precedido por un señalamiento de deficiencias en su desempeño que le hizo su superior, el entonces secretario municipal Magdiel Pérez y que el mismo no implicó cambio alguno en la clasificación laboral, compensación o beneficios de Molina.

“[E]l tribunal no puede atribuir el vandalismo y las llamadas amenazantes al municipio porque no hay evidencia de quién cometió esos actos, o que el municipio los avaló. Segundo, muchas de las alegadas instancias de acoso no tienen fecha, así que ni el tribunal ni un jurado pueden determinar la generalización del acoso. Ni Molina provee detalles específicos de los alegados comentarios hostigadores para determinar la severidad del acoso. Más allá, Molina alega que varios empleados del municipio la insultaron y acosaron, pero no provee evidencia de que estos empleados estuvieran conscientes de su conducta protegida (delatar irregularidades), fallando así en establecer un nexo causal entre la conducta protegida y el acoso”, explicó el juez en su documento del 27 de junio.

Además, Molina citó como fundamento su propia demanda en 28 ocasiones, lo que no está permitido porque las alegaciones que hace la parte en una demanda no constituyen hechos para efectos de una moción de desestimación sumaria.