La defensa del boxeador terminó su prueba con un perito forense y la fiscalía no presentó testigos de refutación, dejando el caso listo para informes finales el lunes.

La fiscalía federal atacó severamente la reputación, pero no las observaciones científicas, del último testigo en el caso contra el boxeador Félix Verdejo Sánchez, un perito forense que dijo al jurado que, distinto a la teoría del gobierno y su cooperador, el cuerpo de Keishla Rodríguez Ortiz no reflejaba muestra de haber recibido un puño en la cara o de que estaba viva cuando arrojaron su cuerpo en la laguna San José.

Después del testimonio del doctor Mark J. Shuman, el noveno que comparece en la presentación de prueba de la defensa, el abogado Jason González Delgado anunció que no llamaría más testigos. Esto dejó fuera del alineamiento a Ruth Cardona, analista de ADN del Instituto de Ciencias Forenses (ICF), quien analizó el material embriónico recuperado del cuerpo de Rodríguez Ortiz, a quien la fiscalía había anunciado como testigo y que la fiscalía tampoco llamó.

Luego del anuncio de la defensa, los fiscales Jonathan Gottfried y Jeanette Collazo indicaron al juez Pedro Delgado Hernández que no tendrían testigos de refutación por lo que este emitió una orden convocando al jurado para el lunes, cuando recibirían los informes finales de ambas partes. Lunes y martes estaban previstos como días de receso porque el tribunal está oficialmente cerrado, pero la sala de Delgado Hernández seguirá funcionando para el caso.

Hoy las partes se reunirían a puerta cerrada para discutir la versión final de instrucciones al jurado. Este documento es discutido extensamente porque la forma en que se le presenten al jurado los elementos de cada delito es lo que determinaría si encuentran que hubo carjacking, secuestro, uso de arma de fuego y muerte de una criatura no nacida, los delitos que proveen la jurisdicción federal, o si entienden que el caso se trató solo de un asesinato, lo cual implica veredicto de no culpabilidad porque el púgil no está acusado de asesinato ya que el asesinato es un delito estatal, no federal.

Tras revisar el informe de autopsia que preparó la patóloga del ICF, Rosa Marian Rodríguez Castillo, así como cientos de fotos del cuerpo, la autopsia y la escena, Shuman indicó a la abogada Gabriela Cintrón Colón que su conclusión es que Rodríguez Ortiz no estaba viva cuando su cuerpo fue arrojado a la laguna porque en ninguno de los lugares donde se le amarró con un cable se apreciaban marcas o laceraciones indicativas de que había luchado en contra de los amarres. Shuman ilustró su punto observando que solo en el amarre del tobillo izquierdo se podía apreciar un poco de sangrado, pero en los demás, como el cuello, cintura y muñeca no habían marcas indicativas de sangrado o de laceraciones.

“Parece ser un intento de disponer de un cadáver”, afirmó.

Una persona que estuviera consciente cuando se le estaba amarrando, o que estuviera viva cuando cayó al agua, habría hecho movimientos violentos y desesperados para zafarse de los amarres lo que, a su vez, hubiera dejado marcas en la piel. La definición de vida para efectos de forense es que el corazón esté bombeando sangre y, si está bombeando, ocurre sangrado en heridas. Si no está bombeando, no ocurre ese tipo de reacción. La marca en el tobillo puede ser indicativa de que hubo algún movimiento mientras la víctima estaba inconsciente, pero no que estaba consciente y con capacidad de reaccionar y defenderse, explicó. Como ejemplo, mencionó que los cuerpos de personas que mueren estando bajo la custodia de la Policía y esposadas reflejan heridas en las muñecas, donde se colocan las esposas.

Shuman no atacó el trabajo de Rodríguez Castillo y dijo que el informe de autopsia estaba muy completo y la documentación fotográfica era amplia, pero sus observaciones y opiniones en el estrado son contrarias a las que hizo la patóloga, quien aseguró a los jurados que la mujer estaba viva cuando cayó al agua y que las causas contribuyentes a la muerte habían sido un golpe en la cara (un supuesto puño que le propinó el boxeador), la droga que le inyectaron y el ahogamiento.

Entre otros temas, Shuman imparte cursos sobre causas de muerte y sobre “cuerpos en agua”, término que se usa en vez de ahogamiento porque, explicó, proponer ahogamiento como causa de muerte requiere eliminar cualquier otra posibilidad ya que los ahogamientos dejan marcas específicas en el cuerpo. En este caso, el cuerpo reflejaba cantidades de fentanilo y xilacina (un anestesiante) que podían haber causado una sobredosis. El hallazgo de dos milímetros de líquido en la base del cerebro no es concluyente para ahogamiento porque esa cantidad es mínima, dijo, y porque una vez el cuerpo llega al agua siempre va a reflejar entrada de líquido sin que necesariamente esa entrada sea la causa de muerte. “No tienes una causa (de muerte) obvia y puede haber una causa de abuso de drogas, así que es mejor decir que no hay causa”, resumió a los jurados, lo que provocó objeción de la fiscalía.

De la misma manera, el perito, que ha realizado 5,000 autopsias y participado en 100 procesos judiciales, dijo que no observó heridas en la cara, ni hemorragias. Cuando se le presentaron fotos de la calavera de Rodríguez Ortiz con la piel arrancada para el examen forense, señaló cómo en la piel no se aprecian las marcas rojas que dejaría un sangrado. Afirmó que si la cara hubiera sido golpeada con el puño por un boxeador habría daño notable, como fracturas y contusiones, que no pudo observar cuando revisó la autopsia de Rodríguez Ortiz. La patóloga había dicho que una fractura en hueso nasal y el tabique desviado eran indicativos del puño que la víctima habría recibido, pero Shuman dijo que un puño no habría desviado el tabique, sino que lo habría desprendido, y que la desviación pudo ser congénita o por lesión previa. Advirtió también que, aunque se observara una contusión, un patólogo no puede decir qué la causó. “Si alguien te da un puño, o si te tropiezas y caes, se va a ver igual”, anotó.

“Las determinaciones de hora en que ocurrió la muerte son para la televisión”, planteó también al exponer que en el ámbito forense, la hora en que ocurrió la muerte es una apreciación aproximada que está entre la última vez que alguien vio a la persona viva y el momento en que encontraron su cuerpo.

Con el testimonio de Shuman, la defensa ataca varios elementos del caso de la fiscalía, como que el acusado propinó un derechazo contundente a la víctima en la cara; o si hubo un secuestro, lo que requiere que una persona viva haya sido desplazada de un lugar a otro en contra de su voluntad o si solo se estaba moviendo de un lado a otro un cadáver. También, el testimonio del cómplice cooperador, Luis Cádiz Martínez, quien es el único que dice a los jurados cómo ocurrió la muerte de Rodríguez Ortiz.

Shuman estaba anunciado como perito de la defensa hace meses pero, a pesar del tiempo que tuvieron para impugnarlo desde el punto de vista científico, y a pesar de que tuvieron a Rodríguez Castillo sentada en su mesa durante el testimonio del perito, la fiscalía le hizo pocas preguntas sobre sus observaciones y prefirieron atacarlo en cuanto a reputación, motivaciones para testificar y la supuesta ligereza con la que había revisado el expediente.

Cuando estaban en la fase de calificarlo como perito, Gottfried desplegó una serie de casos en los que Shuman participó donde los tribunales, los peritos de la otra parte o los jurados no estuvieron de acuerdo con sus opiniones y lo criticaron. Aún así, la fiscalía no objetó que el juez Delgado Hernández lo admitiera como perito.

Luego, en contrainterrogatorio, la fiscal Collazo lo intentó impugnar con que no había preparado un informe escrito con sus observaciones (dijo que no se le pidió); con que había pasado solo hora y media examinando el expediente y las fotos; con que estaba motivado a decir lo que convenía a la defensa porque así podía cobrar más y darse el viaje a Puerto Rico (a lo que dijo que prefería testificar por videoconferencia pero no se lo permitieron); y con un informe de Inspector General de 2018 que reveló que, mientras trabajaba como patólogo en el condado de Miami Dade, tuvo señalamientos éticos por usar equipo público para sus trabajos privados (a lo que el testigo dijo que pagaba una tarifa al condado por el uso de equipos, que pagó una multa de $500 porque reportó el neto de ingresos por sus trabajos privados en vez del bruto y que el señalamiento no conllevó despido ya que siguió trabajando hasta que decidió jubilarse en agosto de 2022).

La fiscalía invirtió tiempo también en tratar de crear duda sobre su testimonio repitiendo que los abogados de defensa tramitaban sus facturas, pero el juez le aclaró a los jurados que quien aprueba los pagos a Shuman es el propio tribunal con fondos públicos disponibles para la defensa legal de indigentes, como está calificado Verdejo Sánchez para efectos de este caso.

Cuando giró su atención a los aspectos científicos, la fiscal llevó a que el testigo admitiera que la autopsia puede decir si la versión de un testigo de lo que pasó es o no consistente con las observaciones que se hacen en el cuerpo.

“No veo trauma en la cara. No veo dónde le dieron un puño… no hay evidencia de forcejeo”, reiteró Shuman a la fiscal, quien lo llevó a admitir que la víctima no pudo haberse atado sola ni tirarse ella misma a la laguna.

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