Investigación de la OPFEI no arrojó evidencia sobre supuesta orden de paralización, pero sí de que la fiscal Betzaida Quiñones no entregó los casos a otro fiscal, ni movió las investigaciones, cuando se fue en destaque.

En la investigación criminal formal sobre sus alegaciones de que recibió órdenes de sus superiores para paralizar las investigaciones sobre los asesinatos del licenciado Carlos Cotto Cartagena y el cantante Kevin Fret Rodríguez, la fiscal Betzaida Quiñones Rodríguez no pudo presentar ninguna evidencia sobre esa orden y la pesquisa encontró que las investigaciones nunca fueron paralizadas, aunque nada pasó con ellas cuando la fiscal decidió irse en destaque a la Legislatura sin pasar los expedientes a otro fiscal para que continuara con las gestiones.

Estos son los hallazgos principales de la investigación preliminar que hizo la exjueza, y exfiscal, Crisanta González Seda para la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) y a raíz de la cual los miembros de ese panel notificaron ayer que archivaban la pesquisa que tenían abierta contra la exsecretaria de Justicia, Wanda Vázquez Garced, y la exjefa de Fiscales, Olga Castellón Miranda, por motivo de la queja pública que hizo la fiscal Quiñones Rodríguez sobre las supuestas órdenes de paralización que recibió.

Las quejas de la fiscal dieron paso a un mar de especulaciones y a vistas públicas en la Cámara de Representantes, pero la revisión que hizo González Seda de los expedientes de ambas investigaciones y 16 declaraciones juradas que obtuvo, incluyendo de la fiscal, de Vázquez Garced y de Castellón Miranda, lo que demuestran es que no hubo orden de paralización, que hubo deficiencias en el trabajo de Quiñones Rodríguez y que el momento en que los casos se quedaron sin ninguna acción fue cuando la fiscal decidió irse a trabajar a la Legislatura mediante destaque sin entregar los expedientes a otro fiscal que pudiera continuar con las gestiones.

Vázquez Garced reaccionó al informe mediante su cuenta en Twitter indicando que “[a]hora, corresponde que se fije responsabilidad y que todo el peso de la ley y la ética caiga sobre todo aquel que haya mentido y provocado que se cuestione la integridad de funcionarios públicos que se esforzaron durante una vida en pro del bien de Puerto Rico”.

La fiscal Quiñones Rodríguez, por su parte, dijo a NotiCel que “yo no esperaba otra cosa (de la OPFEI). En este país uno dice la verdad y es el que sale penalizado en todos los sentidos y yo me reitero en que a mí se me ordenó paralizar (las investigaciones)”. Reiteró en que las madres de las víctimas en ambos casos son testigos de las denuncias que ella hizo, pero González Seda no las entrevistó.

“Yo le hice al FEI una declaración jurada de 20 páginas, si alguien dio otra declaración de 20 páginas que me digan, fue bien minuciosa”, añadió al insistir en que hubo una llamada telefónica de Castellón Miranda ordenándole que paralizara la investigación de Fret Rodríguez y que memos subsiguientes sustentan lo conversado en la llamada. NotiCel solicitó copia de la declaración jurada y los memos pero a la hora de la publicación de la nota no se ha producido.

Quiñones Rodríguez es fiscal desde 2006. En 2012 tuvo una primera asignación en destaque a la Cámara de Representantes que duró un año. En 2021 tuvo un segundo destaque al Senado, que duró solo semanas antes de que el presidente del cuerpo, José Luis Dalmau, lo dejara sin efecto, pero de inmediato tuvo otro destaque a la Cámara de Representantes que duró hasta marzo de 2022.

González Seda dio por sentado que en 2020, por la pandemia, Quiñones Rodríguez no pudiera hacer gestiones significativas para adelantar las dos investigaciones, pero los expedientes reflejan que no hizo nada con ellas durante su destaque en la Legislatura, a la misma vez que se mantenía como la fiscal activa en esos casos. De hecho, la resolución de la OPFEI resalta que las primeras alegaciones públicas de la fiscal sobre supuesta intervención indebida de sus superioras ocurrió días después de que se le pidiera que entregara el expediente de Fret Rodríguez a los agentes nuevos del caso en la Unidad Especializada de Crímenes Mayores de la Policía.

La fiscal indicó sobre esto que en la carta de destaque, el Departamento de Justicia había puesto la condición de que se quedara con esas dos investigaciones, pero ante el cuestionamiento de que ella no estaba obligada a someterse al destaque en esas condiciones, dijo que “vi una oportunidad (profesional), como cualquier otra oportunidad, y la cogí”.

Proveyó copia de la carta del 30 de agosto de 2021 de la entonces jefa de Fiscales, Melissa Vázquez Sandoval, en la que esta indica al representante Héctor Ferrer Santiago que el “destaque” fue autorizado, pero que “dos casos para nuevo juicio en la jurisdicción de Caguas y dos investigaciones criminales de alto perfil mediático... siguen estando asignados a la fiscal y ella se ha mantenido y continúa trabajando con ellos”.

Para ver la carta de destaque, pulse aquí.

En el caso de Fret Rodríguez, asesinado el 10 de enero de 2019, la resolución de la OPFEI precisa que la fiscal no tenía “un curso específico” y ofrecía información al público, mediante la prensa, que dificultaba las gestiones investigativas. “Entrevistaba testigos que no podían hacer ninguna aportación y a pesar de que dijo haber entrevistado quince testigos no tomó declaraciones juradas a alguno cuyo testimonio fuera pertinente a la investigación. Es decir, no tomó declaración jurada a ninguno”, añade la OPFEI.

Un entrevistado sin declaración jurada fue Vicente Saavedra, manejador del cantante Juan Carlos Ozuna Rosado, de quien se ha alegado es objeto de la investigación y habría usado influencias en el gobierno para desviar la pesquisa. En un memo en el expediente, la fiscal “no escribió que (Saavedra) le hubiera manifestado que tenía relaciones con personas de poder, incluyendo el Gobernador y otros, como indicó en una entrevista televisada”. “Bajo juramento, el señor Saavedra negó que hubiera hecho tales expresiones, que tuviera vínculos o conociera a alguna persona influyente o con poder o que conociera a las querelladas personalmente y que en algún momento hubiera hablado con alguna de ellas”, añade el documento de la OPFEI. Saavedra tiene pendiente una queja ética contra Quiñones Rodríguez por lo que ha dicho sobre su involucración con el caso de Fret Rodríguez.

“La fiscal Quiñones nunca fue impedida de continuar sus investigaciones mientras (Castellón Miranda fue jefa de Fiscales y Vázquez Garced secretaria). Los únicos testigos que se le explicó a la Fiscal Quiñones que no podía entrevistar eran los acusados y sentenciadas en el foro federal que estuviesen representadas por abogados, excepto que se les notificara a éstas por escrito, y de la misma manera, accedieran a la entrevista”, anotó González Seda en su revisión. Del informe surge que la fiscal rechazaba esta postura e insistía en que podía entrevistar a los testigos sin que sus abogados estuvieran presentes o hubieran autorizado las entrevistas. En mayo de 2019, la fiscal le dijo a Castellón Miranda que no estaba de acuerdo con eso y que, si deseaba, asignara la investigación “a otro fiscal en quien ella tuviera plena confianza”, pero no se le retiró de la investigación.

“En ese momento, no tenían abogados y yo los iba a entrevistar como testigos, no tengo que hacerle las advertencias. Yo les iba a hablar de otro caso diferente en el cual ellos no estaban en Puerto Rico cuando ocurrieron los hechos, eran testigos (no sospechosos)”, explicó la fiscal a NotiCel sobre este aspecto del informe.

La OPFEI puntualizó que, tras el cambio en la secretaría de Justicia con la salida de Vázquez Garced, o en la jefatura de fiscales con la salida de Castellón Miranda, la fiscal no levantó bandera sobre una “orden de paralización” de las investigaciones en cuatro años.

Del informe de la OPFEI surge que la declaración jurada que sometió la fiscal Quiñones Rodríguez sobre la paralización está impugnada con declaraciones de otras personas. Por ejemplo, aseveró bajo juramento que la Policía había recibido “confidencias de pago de dinero por paralizar la investigación del señor Fret, lo que fue negado por los supervisores de las divisiones en (la Policía), quienes declararon que no hay ninguna investigación sobre ese asunto”. “Fue la madre del occiso Fret Rodríguez, quien hizo estas expresiones públicamente, en el mes de noviembre de 2022”, añadió.

En cuanto a la investigación de la muerte de Cotto Cartagena, ocurrida en septiembre de 2018, “[l]a fiscal Quiñones hizo expresiones respecto a que un perito… hizo un informe y concluyó que hubo un empuje”. “Ese informe no fue provisto por la fiscal Quiñones, ya que no existe. El perito, no contratado en ese momento, solo escribió un mensaje electrónico, en espera de un contrato, expresando una opinión que tenía que corroborarse”, abunda la OPFEI. A esto, la fiscal ripostó que “esa fue la información que a mí me dio la entonces jefa de fiscales, Melissa Vázquez, que había llegado un informe que decía que fue un empuje e, inclusive, el Secretario me dijo que se le notificara a la familia”. El perito pidió que no se le contratara antes de decidir si podía hacer un informe final, añadió.

“Surge de la evidencia, que en el caso (de Cotto Cartagena) no hubo paralización de investigación en abril de 2019, por parte de ninguna de las querelladas. La fiscal Quiñones, en escrito que forma parte de la evidencia dice que interpretó que hubo una paralización porque no le concedían lo que ella pedía, que consistía en la contratación de un perito y en una recreación sobre la muerte (de Cotto Cartagena). La evidencia sostiene que no podía realizarse la recreación cuando ella la quería porque el Instituto de Ciencias Forenses (ICF) no había finalizado el informe de la autopsia, que entregó en el año 2020, ni los análisis que estaban en proceso y cuyo resultado era importante y necesario para la recreación”, explica la OPFEI al resaltar la responsabilidad que tenía también el ICF en la tardanza.

“En ese caso, yo pedí peritos en tres o cuatro ocasiones y no me los daban, dime tú si esa no es una paralización”, apuntaló la fiscal a preguntas de este diario digital.

En diciembre de 2021, a Quiñones Rodríguez se le pidió el expediente de Cotto Cartagena y se le asignó al fiscal Edmanuel Santiago, quien dijo a González Seda bajo juramento “categóricamente que del expediente no surge que la investigación sobre dicha muerte se hubiera paralizado por las querelladas y que el agente que estuvo asignado al caso desconocía de la alegada paralización por parte de (Castellón Miranda y Vázquez Garced)”.

Una de las alegaciones de Quiñones Rodríguez es que no se le permitió entrevistar a Áurea Vázquez Rijos, convicta en el foro federal por la muerte de su esposo, Adam Anghan, con relación a que Cotto Cartagena estaba pautado para ser testigo de defensa en su juicio justo antes de su muerte. Pero González Seda concluyó que la fiscal no cumplió con el requisito que le puso su jefa, Castellón Miranda, de que debía obtener autorización escrita de la defensa legal de Vázquez Rijos y de los fiscales federales de su caso porque ese caso no había terminado ya que estaba pendiente una apelación.

“La investigación preliminar realizada por la Fiscal Investigadora demuestra, que las explicaciones que ha dado la fiscal Quiñones para justificar su inacción en adelantar una investigación asignada por más de tres años, no se sostiene por la prueba”, concluyó la OPFEI.

Para leer la resolución de la OPFEI, pulse aquí.

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