La cantidad de casos radicados se ha desplomado, reflejando cambios demográficos y en el derecho, pero la cantidad de plazas judiciales autorizadas es la misma.

Un informe cameral señala que la reducción de casos radicados en los tribunales en los últimos 10 años llega al 32%, pero no se han hecho ajustes en la ley para reducir las plazas de jueces ni el Poder Judicial ha ejecutado suficientes estrategias para distribuir mejor el trabajo entre un número menor de jueces.

Una recomendación en el informe es volver a reducir la cantidad de jueces apelativos, de 39 a 33, y que los jueces apelativos puedan ser desplegados también internamente a reforzar aquellas áreas del Tribunal de Primera Instancia que necesiten alivio.

“En este momento de crisis fiscal y gerencial en la estructura gubernamental de Puerto Rico, las limitaciones presupuestarias, la quiebra del país y la presencia del Junta de Supervisión Fiscal (JSF), no está fuera de lo razonable considerar el que la Rama Judicial pueda y deba también hacer los ajustes necesarios para procurar ahorros provenientes de la reducción de su plantilla en donde no son necesarias”, indica el informe después de notar la reducción de casos presentados en el Tribunal de Apelaciones que reflejan las estadísticas oficiales.

La Cámara de Representantes recibió el informe parcial de la Resolución de la Cámara 687 el 22 de junio pasado. La resolución es de la autoría del exrepresentante Orlando Aponte Rivera y el vicepresidente del cuerpo, José Varela Fernández, quien presidió las vistas públicas en febrero pasado y emitió el informe.

Los señalamientos del informe se colocan en medio de la discusión sobre los aumentos de salarios a personal del Poder Judicial, incluyendo la remuneración de jueces, que está fijada por ley así que requiere acción legislativa para el aumento que cabildean los jueces y la Oficina de Administración de Tribunales (OAT) a través de un contrato con el bufete McConnell Valdés LLC.

Las estadísticas de la OAT son que en el año fiscal 2012-2013 el Tribunal de Primera Instancia tuvo 308,800 casos presentados. Diez años más tarde, el número es 210,300 casos presentados, para una reducción de 31.8%. En ambos años, el tribunal tuvo un índice de resolución de casos ligeramente más alto que el de presentación, lo que indica que los casos se pudieron disponer a un ritmo similar al de presentación.

En el Tribunal de Apelaciones, las presentaciones fueron 5,186 en el año fiscal 2012-2013 y 3,293 en el año fiscal 2021-2022, para una reducción de 36.5%. En el foro máximo, el Tribunal Supremo, las presentaciones de recursos fueron 1,396 en el año fiscal 2011-2012 y 1,348 para el año fiscal de 2021-2022. Esto es una reducción de solo 3.4%, a pesar de que la carga de trabajo fue la justificación principal para que en 2010 una mayoría de jueces nombrados por el exgobernador Luis Fortuño Burset pidiera a la Legislatura aumentar la composición del foro de siete a nueve jueces. Además de la carga de trabajo, la justificación era poder ser más accesible y, por ejemplo, celebrar más vistas orales, las cuales se han celebrado solo un puñado de veces desde el aumento de la composición.

Los motivos para la reducción de trabajo incluyen la concurrente reducción poblacional que sufrió la isla, la creación de foros con capacidad adjudicativa en el Ejecutivo, la ampliación de las facultades de los notarios para resolver asuntos que antes solo se resolvían en tribunales, y la proliferación de métodos alternos para la resolución de controversias, como la mediación y el arbitraje.

“Estos factores sugieren que, posiblemente, los casos presentados no alcanzarán las cifras de hace diez años, aunque la experiencia reciente sugiere un aumento en cierto tipo de casos como, por ejemplo, los casos de violencia doméstica y las controversias de relaciones de familia. Esto obliga a su vez a examinar de tiempo en tiempo la manera en que se distribuyen por materia los recursos judiciales de las distintas regiones”, indica la comisión.

Actualmente, el Poder Judicial tiene autorizadas 386 posiciones, pero tiene 340 jueces, para un total de 46 vacantes distribuidas en 15 jueces municipales, 26 superiores, cuatro de Apelaciones y uno del Supremo. Los cambios que sufrió el sistema de retiro de los jueces, igual que el de otros empleados del gobierno y el vencimiento de plazo hacen que el número de vacantes sea fluctuante.

En las vistas que la comisión realizó en febrero, el juez administrador de la OAT, Sigfrido Steidel, alertó que la productividad de los tribunales no debe evaluarse solo mediante un ejercicio comparativo de cuántos casos se radican y cuántos jueces hay para atenderlos porque otros factores fuera del control del Poder Judicial pueden afectar la carga de trabajo de los jueces. Sugirió, además, que los trabajos judiciales no han vuelto a la normalidad tras el impacto de la pandemia y los terremotos, por lo que se dificultaría proyectar el “escenario operacional” en los próximos años.

El presidente del Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, Manuel Quilichini, señaló que no hay suficientes datos sobre la distribución de casos por materias ni por área geográfica, lo que dificulta precisar cómo ha sido la distribución de trabajo interna del Poder Judicial. El informe anota que, en todas las regiones judiciales a nivel de Primera Instancia, ocurre una reducción en casos penales por un lado, pero por el otro un aumento en reclamaciones civiles y sobre temas de familia.

Además de la recomendación sobre el Tribunal de Apelaciones, el informe sugiere: culminar los nombramientos en las vacantes de Primera Instancia (OAT sugirió concentrarse en las 15 vacantes municipales), atender el reclamo de justicia salarial de todos los empleados judiciales, llevar a cabo las reformas necesarias para llegar a la muchas veces mencionada “Academia Judicial” para que los nombramientos judiciales sea por mérito y no por el proceso político actual. También, plantea hacer algo que es ley, pero que el Poder Judicial no ha operacionalizado, a saber, desarrollar un “sistema de ponderación de casos” en el que se pueda establecer “el desarrollo de estándares de tiempo deseables para la conclusión” de los distintos tipos de casos y recopilar y publicar la estadística de cómo cada juez está cumpliendo con esos estándares.

Como parte del proceso de quiebra, el Poder Judicial ha tenido una reducción de 23% en su presupuesto.

En una carta del 24 de junio pasado a la jueza presidenta Maite Oronoz Rodríguez, la JSF indicó que esperaban completar próximamente el análisis de la propuesta de Plan de Clasificación y Remuneración que se le sometió a ese ente fiscal con propuestas de aumentos de escalas salariales para jueces. El presupuesto del año fiscal recién comenzado tiene separados $37.8 millones para aumentos de salarios en el Poder Judicial, divididos entre $11.2 millones para aumentos a jueces y $26.6 millones para aumentos a otro personal de tribunales.

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