En abril pasado, los hermanos Pierluisi Isern, quienes llegaron a formar parte de la campaña política del mandatario, aceptaron que robaron casi $4 millones en fondos federales a través de la empresa American Management and Administration.

Tras una vista inusualmente contenciosa, la jueza federal Camille Vélez Rivé sentenció hoy a los primos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, a cumplir cárcel y devolver dinero por haberse robado casi $4 millones en fondos federales destinados al mantenimiento de residenciales públicos mediante un esquema de subcontratistas y compañías que controlaba Walter Ricardo Pierluisi Isern.

Walter Ricardo, de 58 años, fue sentenciado a 43 meses y Eduardo Javier Pierluisi Isern, de 52 años, recibió sentencia de 24 meses. La empresa American Management and Administration Corp. (AMAC), a través de la cual ejecutaron el esquema los Pierluisi Isern y el director de Finanzas, David Vélez Hernández, fue sentenciada a tres años de probatoria. Entre todos los convictos deben devolver los $3,712,000 que aceptaron haberse robado, por lo que si el dinero sale de las cuentas de la empresa, los hermanos no tienen que poner dinero propio.

Los hermanos fueron colaboradores cercanos del Gobernador durante toda la carrera política de este. Específicamente en las elecciones de 2020, Walter Ricardo fue director de política y Eduardo Javier estuvo en el grupo de movilización del comité de campaña de Pierluisi Urrutia. Eduardo Javier también tenía posiciones en la estructura corporativa del comité.

La sesión de hoy, que era casualmente la primera sentencia de delito grave para la recién designada jueza, estuvo marcada por discusiones entre la fiscal Marie Christine Amy y los abogados defensores porque la Oficina de Probatoria había encontrado que aplicaba un agravante por lo sofisticado del esquema. El agravante había quedado fuera de consideración en la negociación que los convictos hicieron con la fiscalía, pero Amy sostuvo que el tribunal podía tomarlo en cuenta porque, en efecto, los hechos del caso sostenían que había sido un esquema sofisticado.

Después de que Osvaldo Carlo, abogado de Walter Ricardo, planteara la posibilidad de que esa postura de la fiscalía fuera una violación del acuerdo de aceptación de culpa al que habían llegado en abril pasado, la jueza resolvió que, aunque aplicable, no iba a tomar en cuenta el agravante al dictar sentencia.

Otra pugna ocurrió entre María Domínguez, abogada de Eduardo Javier, y la fiscal Amy, porque la abogada solicitó una sentencia de 24 meses, lo que podía hacer bajo el acuerdo de culpabilidad, pero el acuerdo realmente era para que cumpliera entre 30 a 37 meses. La abogada se basó en la participación menor que su cliente tuvo en el esquema, en que fue operado de cáncer y enfrenta tratamiento por otro, y que tiene una hija embarazada con la que vive y quien está pautada para parir el mes que viene.

Pero la fiscal, advirtiendo que eso constituía una solicitud impermisible para que la jueza se fuera por debajo de los renglones de sentencia, llamó la atención a que la evidencia en el caso es que durante los años que duró el esquema, 2014 a 2022, Eduardo Javier estuvo dando instrucciones para que le sacaran un cheque mensual para mujeres que eran sus parejas en ese momento y que se convirtieron en empleadas fantasmas pagadas con fondos federales. La fiscal precisó que fueron tres mujeres y que los nombres cambiaban según el convicto cambiaba sus relaciones sentimentales. Era un “participante activo y proactivo” en el robo de fondos, apuntaló. Añadió que la abogada había omitido decir que la hija tiene 20 años, vive con su novio y su padre la puede ayudar poco porque actualmente está desempleado y que el Negociado de Prisiones tiene instalaciones médicas en las que pueden tratar la condición del convicto.

“Siento que aquí no tenemos ningún acuerdo de culpabilidad, siento que estamos en juicio después de esa argumentación final (de la fiscal)”, reaccionó Domínguez al recalcar que Walter Ricardo tuvo 43 meses pero el gobierno quería que su cliente, con menos participación y con dos cáncer, cumpliera solo seis meses menos.

La jueza aseguró a la abogada que había tomado en cuenta la diferencia en las alegaciones y participación de cada uno de los hermanos y que, sobre la capacidad de recibir tratamiento en prisión, “yo sé más que eso”. Antes de asumir como jueza de distrito, Vélez Rivé fue magistrada federal por 18 años.

Ambos hermanos pidieron que, en lo posible, se les asigne a cumplir en la prisión de Pensacola, Florida, y ambos quedaron libres pendientes a que en unas semanas se les notifique fecha para presentarse en la prisión. Por consideración de sus condiciones económicas, la jueza no impuso multa a ninguno de los dos, aunque sí la restitución indicada.

Los convictos sometieron por escrito argumentos de clemencia al tribunal que la jueza leyó, pero que se mantienen confidenciales, por lo que NotiCel solicitó en corte abierta que fueran publicados y el tribunal aceptó que los abogados sometan versiones censuradas que puedan hacerse disponibles para el público. La fiscal Amy adelantó durante la vista que en esos documentos Walter Ricardo trata de evadir responsabilidad diciendo que lo que tenía que haber hecho era haber pedido unos relevos para poder contratar con empresas que, a la vez, le pagaban a los convictos, y que los hermanos se contradicen porque el mayor dice que no sabía de la conducta ilegal de su hermano, pero el menor dice que cometió los hechos por órdenes de su hermano.

Aparte los escritos, los hermanos también hicieron expresiones en sala pidiendo clemencia a la jueza.

En nombre de Eduardo Javier, su abogada resaltó que viene de una “familia humilde”, por lo que desde escuela secundaria está trabajando, aunque su hermano luego alcanzó éxito comercial. El hombre, hablando sin una declaración escrita, dijo que “honestamente ha sido un proceso duro, fuerte” y que los actos delictivos cometidos son contrarios al “legado y enseñanza de su padre”. Añadió que, aún con su condición de salud, “a cabalidad cumpliré con mi responsabilidad con el estado”.

Water Ricardo leyó de una hoja de papel resultado de lo que dijo fue una reflexión que hizo anoche a las 10:00 pm en su casa. “Se cometieron unos actos por los cuales me he responsabilizado desde el día primero… he comenzado mi proceso de rehabilitación”, dijo. Se secó los ojos cuando lamentó “muchísimo el sufrimiento causado a familiares, hijos y nieto” y adelantó que entregó su título de abogado al Tribunal Supremo. “Se echó a perder una empresa próspera con más de 30 años de experiencia… con gran historial de desempeño (y) con más de 500 empleados”, apuntó sobre AMAC, de la que es presidente.

Antes, al resumir el caso, Amy recordó a la jueza que AMAC está en negocio con el gobierno de Puerto Rico desde 1995. Como otros administradores de residenciales públicos, AMAC recibía una comisión por la cantidad de unidades de vivienda en su contrato pero que la avaricia de lo convictos los llevó a querer robar dinero de otra fuente, el fondo operacional sobre el que tenían control y que es dinero que se usa para pagar a empresas que dan servicio directo en los residenciales y que no son los servicios de administración de AMAC. Los convictos, añadió la fiscal, “tuvieron éxito por muchos, muchos, muchos años” en el esquema de robo para ellos y para terceros y que eso solamente se detuvo porque le presentaron cargos. Walter Ricardo tenía a la “esposa, familia e hijos todos trabajando en AMAC y se beneficiaron directa e indirectamente de sus acciones… no es un ciudadano respetuoso de la ley”, subrayó Amy.

En noviembre de 2022, las autoridades allanaron la sede de AMAC, que era también la del bufete de Walter Ricardo. En abril, los hermanos aceptaron declararse culpables mediante denuncia directa y no por acusación de gran jurado.

El esquema que aceptaron cometer fue que, como administradores de vivienda pública bajo contrato sufragado con fondos federales, se enriquecieron ilegalmente al subcontratar con al menos dos compañías que estaban bajo su control.

Estas dos compañías, FiveStar Pest Control, Inc. (FiveStar) y CoolBreeze Air Conditioning, Inc. (CoolBreeze), inflaron sus facturas y le pagaron distintas cantidades de dinero a los acusados por distintos métodos. El monto robado estipulado en la negociación es $3,712,000. De esos, Walter Ricardo aceptó responsabilidad por $2,035,498.86 y Eduardo Javier por $363,202.28.

FiveStar y CoolBreeze le hicieron pagos a Walter Ricardo a través de tres otras compañías que él controlaba, Docu‑Wharehouse, Pier Property Management y XY Enterprises.

Mientras, Eduardo Javier recibió cheques de FiveStar y CoolBreez a nombre de terceros, pero que él cambió y depositó en su cuenta de banco.

*Leoncio Pineda colaboró en la redacción de esta nota.

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