En el juicio contra el boxeador Félix Verdejo se han hecho múltiples insinuaciones sobre la posible involucración de su suegro, “Miguelito”, en el asesinato de Keishla Rodríguez Ortiz.

El “suegro” del boxeador Félix Verdejo Sánchez, sobre quien se han hecho insinuaciones de que está involucrado en la muerte de Keishla Rodríguez Ortiz, será sentenciado en agosto por un episodio en el que personas del residencial Manuel A. Pérez lo rescataron de la custodia de las autoridades y se lo llevaron, esposado, en motora.

Aparte del acusado, el cómplice y algunos testigos, el nombre de Miguel “Miguelito” Santiago Laiz es de los más que se ha escuchado en los 12 días que lleva el proceso federal contra Verdejo Sánchez.

El hombre está al centro de la más reciente controversia en el caso porque el abogado Edwin Prado Galarza, quien fue citado la semana pasada como testigo de defensa, estuvo todo el fin de semana intentando que el juez Pedro Delgado Hernández anule esa citación. Si la citación procede, el abogado ha pedido que no se le pregunte por Santiago Laiz ni por su hija, Eliz Marie Santiago Sierra.

La citación es para que comparezca hoy, pero el juez Delgado Hernández no ha decidido y otorgó a las partes hasta hoy mismo en la mañana para que se expresen. Prado Galarza levantó defectos en el proceso de diligenciar la citación y porque su testimonio lo obligaría a cometer la infracción ética de violar el privilegio de abogado-cliente que tienen sus comunicaciones con Santiago Laiz y su hija. El testimonio en el juicio contra el boxeador ha sido que Prado Galarza fue el abogado que entregó a las autoridades federales al cómplice, Luis Cádiz Martínez. Este ya habló bajo juramento de su relación con el abogado y consignó que nunca autorizó a que este compareciera a un programa de chismes a contar cómo fue que se convirtió en cooperador, lo que el abogado hizo el 6 de mayo de 2021.

Ricardo Antonio, hermano del cooperador, dijo en el juicio que el 1 de mayo de 2021, cuando estaba con su hermano durante la noche en la oficina de Prado Galarza, ahí también estaban Santiago Laiz y su hija y que observó cuando “Miguelito” le entregó dinero en efectivo al abogado. Ricardo Antonio afirmó que había ofrecido pagarle al abogado con dinero o con un kilo de cocaína y que este no le contestó la oferta. De hecho, al día de hoy, ninguno de los Cádiz Martínez ha pagado a Prado Galarza por ese trabajo.

Cuando Santiago Sierra testificó, dijo que fue a donde el abogado en búsqueda de ayudas para mujeres porque se sentía atemorizada por amenazas que había visto en redes sociales en las que se le responsabilizaba de la muerte de Rodríguez Ortiz, quien estaba embarazada. La defensa implicó que el dinero de Santiago Laiz realmente había pagado la defensa de Cádiz Martínez, pero eso no está establecido. Si Prado Galarza quiere evitar que le pregunten por Santiago Laiz, tendría que probar que, en efecto, era abogado de este y no de su hija, porque un principio ético de los abogados también es que la lealtad, y el privilegio de las comunicaciones, se le debe al cliente y no a la persona que pagó por los honorarios para representar a ese cliente. Según Santiago Sierra, los servicios legales de Prado Galarza eran para ella, no para su papá.

En el proceso contra Verdejo Sánchez, la defensa también implicó que “Miguelito” tenía una relación con la víctima, Rodríguez Ortiz. Ricardo Antonio reconoció que era un individuo “poderoso” y que, después de irse de Puerto Rico, “Miguelito” llamó a la madre de sus hijos a procurar por él.

El día del asesinato de Rodríguez Ortiz, 29 de abril de 2021, Santiago Laiz le pasó un mensaje al acusado en el que lo llamó “mi rey” y que tenía que ver con que días antes su hija había decidido romper con él por el embarazo de la víctima. “[S]olo te digo que tienes una mujer buena y no porque sea mi hija”, le decía al exhortarlo a decidirse porque “ella realmente te ama”.

Pero, ¿quién es “Miguelito”?

Hay dos procesos federales activos contra Santiago Laiz, a quien también apodan “Enano”. El más reciente, divulgado a días de que comenzara el juicio contra Verdejo Sánchez, le imputa ser parte de una alianza de organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico y al asesinato, incluyendo la matanza de por lo menos un agente de la Policía.

El segundo, por el que ya estaba encarcelado por ser un peligro a la comunidad, es uno de agosto de 2022 en el que se declaró culpable de poseer un arma que era ilegal y que, además, no podía poseer por haber sido convicto previamente por delito grave.

Las circunstancias de su arresto están descritas en una declaración jurada de un agente federal y en una decisión de la jueza Silvia Carreño Coll, quien concluyó que estas circunstancias eran suficientes para negarle fianza a “Miguelito” por ser un peligro para la comunidad y un riesgo de fuga. La decisión de la jueza es la fuente oficial para la versión pública más completa hasta ahora sobre la vida y obra del abuelo de la hija de Verdejo Sánchez.

El 23 de agosto de 2022, agentes de la Policía Municipal de San Juan patrullaban el residencial cuando observaron a unas personas en un área conocida por ser un punto de venta de drogas. Cuando las personas vieron la patrulla, salieron corriendo. Mientras corría, uno de ellos sacó un arma de su cintura con la mano izquierda y más adelante la tiró entre el portón y la puerta de uno de los apartamentos. Los agentes ocuparon el arma, una Glock marrón modificada ilegalmente para funcionar como ametralladora, lo arrestaron y le incautaron sobre su persona $1,300 en efectivo, tarjetas de Seguro Social, Costco, vacunación y licencia de conducir, dos celulares y un pequeño empaque con marihuana.

El individuo se identificó como Santiago Laiz y confesó que no tenía licencia para el arma.

“Una vez en custodia, múltiples individuos cayeron sobre los oficiales de la policía y ayudaron a Santiago Laiz a escapar. Durante el escape, el iPhone incautado fue robado por los individuos. Santiago Laiz escapó de la policía estando esposado, con su iPhone, a bordo de una motora que guiaba otro individuo”, sostiene la declaración jurada.

Cuando la jueza Carreño Coll revisó la fianza, recibió más prueba sobre el historial de “Miguelito”. Santiago Laiz, quien tenía 45 años al momento del arresto, dijo que era comerciante, que tenía cursos conducentes a un grado universitario de negocios, que tuvo adiestramiento vocacional como chef, que desde 2012 opera Pepin Minimarket y que el negocio reporta a Hacienda ganancias de $8,000 netos mensuales. Sin dar mayores detalles, dijo que su ingreso principal viene de máquinas tragamonedas y que renta apartamentos. NotiCel corroboró que los arrendamientos los maneja a través de la entidad Alloggi LLC, creada en enero de 2022.

Tras la incautación de su teléfono por parte de los agentes, las autoridades federales extrajeron data del aparato y aparece una comunicación que tuvo con su abogado, Jorge Gordon, buscando consultarlo por el episodio del 23 de agosto y porque había tenido que “tirar” algo durante el mismo. Después de que los individuos lo rescataran de la policía, Santiago Laiz fue arrestado el 30 de agosto de 2002 en el Aeropuerto Internacional mientras se aprestaba a abordar un vuelo para el que mostró que había comprado boletos de ida y vuelta.

Al momento de su arresto, tenía dos detenciones previas. Una de conspirar para poseer sustancias controladas, por la que fue sentenciado en el foro estatal en 2004 y cumplió un año de cárcel y nueve años de probatoria; y otra de 2017 por un caso de robo y violencia doméstica que resultó en determinación de no causa probable. La querellante en el caso de violencia doméstica es la madre de su hija, quien alegó que el hombre le había llamado “puta”, la agarró por el pelo, la tiró al piso, le arrebató su celular y la agredió con los puños en el lado izquierdo de la cara. Ese lado es el mismo en el que supuestamente Verdejo Sánchez propinó un puño y dejó inconsciente a Rodríguez Ortiz.

El hombre tiene dos hijos biológicos, de 15 y 27 años. La de 27 es Santiago Sierra, madre de Miranda, la hija de Verdejo Sánchez. El arma que le ocuparon a Santiago Laiz es una Glock de modelo y color similar a la que le ocuparon a Verdejo Sánchez un año antes tras el asesinato de Rodríguez Ortiz. El boxeador tenía licencia para su arma.

Al concluir que Santiago Laiz debía permanecer sin fianza, la jueza Carreño Coll dijo que el individuo había pedido que se le concediera fianza basándose, en parte, en los fuertes lazos que tiene con la comunidad en Puerto Rico. “Pero esa confianza (de la comunidad) le resulta contraproducente, porque el tribunal no puede ignorar que esos lazos son tan fuertes que miembros de la comunidad de Santiago Laiz estuvieron dispuestos a enfrentar a agentes de la Policía Municipal de San Juan, una unidad táctica, para ayudarlo a escapar”, subrayó la jueza, quien sentenciará al individuo por ese caso de posesión ilegal el 10 de agosto próximo.

Mientras esperan por sus respectivos procesos judiciales, tanto Verdejo Sánchez como Santiago Laiz son inquilinos del Centro de Detención Metropolitano en Guaynabo.

El púgil enfrenta cargos de carjacking y secuestro resultantes en la muerte de Rodríguez Ortiz y de la criatura que habían engendrado.

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