Los familiares y la única hija de la joven demandaron al gobierno por daños y por violación de sus derechos civiles.

La familia de la joven Shannel Colón, quien murió bajo custodia del Departamento de Corrección hace poco más de un año en circunstancias que todavía no han sido esclarecidas oficialmente, demandó al Gobierno de Puerto Rico por su responsabilidad en el procesamiento y custodia de una persona en crisis emocional y paciente de salud mental.

La demanda está sometida al Tribunal de Primera Instancia pero no solamente hace una reclamación de daños por la muerte de la joven madre de 23 años, sino que también pide compensación bajo la ley federal de Derechos Civiles. Esto porque se describen actuaciones de oficiales tanto de la Policía como del Departamento de Corrección que habrían sido violatorias a los derechos que el estado debe garantizar a un ciudadano.

Los demandantes son Jahaira Ponce Morales, madre de Colón, Hommy Colón Ponce, su hermano y Kattaleia Zoé Hernández Colón, su hija, residentes de Pensilvania, y Laura Ponce Ortiz, tía de Colón y residente de Puerto Rico.

Según la demanda, durante enero de 2022, Colón comenzó a recibir tratamiento mental en Pensilvania y, aunque fue dada de alta, seguía bajo tratamiento. En abril de ese año, viajó a la isla todavía bajo tratamiento. El 19 de abril, una pariente escucha por los medios de comunicación que la Policía buscaba a la joven por el hurto de un vehículo y, al contactarla, esta le dice que la estaban persiguiendo y decidió llevarse el auto para escapar.

Su pariente, Cheilian Rosario, se percata de que la joven está descompensada mentalmente y se comunica con la Policía “para aclarar el asunto y buscar ayuda para su sobrina que necesitaba estabilizarse mental y emocionalmente”. En vez de orientar a la pariente sobre las alternativas legales que tenía para buscar la reclusión médica de la joven, emitieron una orden de arresto contra esta y la pusieron bajo custodia, le presentaron una denuncia y la llevaron a un juez que encontró causa para arresto y esa misma noche, 22 de abril de 2022, la joven durmió en la cárcel por no poder prestar la fianza.

La madre de Colón fue a la cárcel el 25 de abril para visitarla y no se lo permitieron. El 4 de mayo ocurrió la vista preliminar y la abogada de la joven solicitó una evaluación psiquiátrica, por lo que el proceso quedó pospuesto para el 10 de junio. La evaluación se pautó para el 8 de junio, solo dos días antes de la vista y más de un mes después de ordenada por el tribunal.

Pero el 2 de junio Colón murió bajo la custodia de Corrección “en circunstancias que todavía no se han aclarado”, subrayan los demandantes. El Instituto de Ciencias Forenses determinó que la muerte fue por suicidio, pero los familiares apuntan a declaraciones de otras confinadas de que fueron oficiales correccionales las que la mataron después de abusarla y agredirla.

La secretaria de Corrección, Ana Escobar, refirió un informe preliminar al Negociado de Investigaciones Especiales (NIE), pero ni de esa dependencia ni de Corrección se han divulgado conclusiones oficiales sobre la muerte y la responsabilidad de los oficiales de custodia. Tampoco han dado información a la Comisión de Iniciativas Comunitarias, Salud Mental y Adicción del Senado, que realiza una investigación al respecto.

“Shannel fue sometida a tratos inhumanos, crueles y degradantes al habérsele privado de los servicios de salud mental que su condición requería, provocándole intensos sufrimientos y angustias mentales previo a su fallecimiento, todo ello en circunstancias muy extrañas y sin que los funcionarios del DCR a cargo de su custodia recibieran el adiestramiento ni la supervisión requerida para manejar este tipo de casos dentro del sistema correccional”, imputa la demanda que presentaron los abogados Fermín Arraiza Navas, director legal en Puerto Rico de la Unión de Libertades Civiles Americanas (ACLU en inglés), José Rodríguez Jiménez y Wanda Valentín Custodio.

Los demandados son Antonio López, comisionado de la Policía; Escobar; el superintendente del Complejo de Rehabilitación para Mujeres de Bayamón, Roberto Del Valle; el sargento Erasnos Martínez Torres, del mismo complejo correccional, y la empresa Physician HMO, contratista privado de los servicios médicos a la población correccional.

Los demandantes entienden que la Policía es responsable porque, bajo el caso de reforma, tienen medidas sobre la intervención con personas en crisis de salud mental, pero no las pusieron en vigor en el caso de Colón. Al contratista de Corrección, de otra parte, se le responsabiliza por “no brindar el tratamiento médico requerido por la causante de los demandantes para su condición mental y posponer una evaluación médica de ésta por varias semanas, a pesar de que la situación era una de emergencia”.

La reclamación económica por los daños es de $3.8 millones y se pide la imposición adicional de una cantidad igual por concepto de daño punitivo, o como disuasivo para que el estado no incurra en esta conducta otra vez.

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