La empresa matriz del extinto banco demandó al Gobierno de Puerto Rico porque no le han pagado un reintegro distinto al que reclamaban en 2014 y que fue anulado por el tribunal.

La empresa matriz del extinto banco Doral demandó al Departamento de Hacienda (DH) reclamando el pago de un reintegro de $34,097,526 correspondiente a un Acuerdo Final (Closing Agreement) que firmaron el 30 de diciembre de 2013 con la Administración García Padilla.

La Comisión Federal Aseguradora de Depósitos (FDIC) intervino y cerró Doral en febrero de 2015 porque su gerencia lo llevó a la quiebra. Poco después, la empresa matriz, Doral Financial Corporation (DFC) también recurrió a la protección de la Ley de Quiebras, proceso del cual salió en 2016.

Mientras esto sucedía, DFC desató una campaña de relaciones públicas negativa contra el entonces gobernador, Alejandro García Padilla, porque el gobierno se negaba a pagarle un reintegro de $229 millones que habían supuestamente pactado mediante otro Acuerdo Final a fines de la Administración Fortuño, en 2012. La campaña la realizó DCI Group, empresa en la que participa el actual miembro de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), Justin Peterson, y que también realizó cabildeo a favor de acreedores en el proceso que culminó con la creación de la Ley PROMESA. De hecho, Doral llegó a integrar un comité de acreedores en el proceso de quiebra del gobierno central.

La reclamación judicial por el reintegro de $229 millones terminó en 2015 cuando el Tribunal de Apelaciones emitió una resolución que decretó la nulidad del Closing Agreement de 2012 porque el expresidente del banco, Glen Wakeman había hecho representaciones falsas que daban base a la anulación del acuerdo.

“La prueba documental avala que no hubo tal sobrepago, razón por la cual la falsedad de tal hecho pertinente es causa para anular el Acuerdo de 2012”, dijo el Apelativo sobre un proceso en el que el actual senador, Juan Zaragoza, fue inicialmente perito de Hacienda y luego fue el secretario de la agencia.

Ahora DFC volvió al tribunal el 6 de junio pasado para pedir una orden contra el secretario de Hacienda para que le pague el reintegro que resulta del Acuerdo Final que firmaron el 30 de diciembre de 2013 y que “refleja que la parte demandante pagó $34,097,526 en exceso de su responsabilidad contributiva para el año contributivo objeto del acuerdo”.

El documento plantea que el 29 de septiembre de 2021, Hacienda le notificó que tenía una investigación en su contra para los años contributivos de 2011 a 2015 y que el pago del reintegro iba a depender del resultado de la investigación. DFC sostiene que esta postura viola los periodos de prescripción que tiene Hacienda para evaluar e investigar a los contribuyentes.

“Aunque el Departamento de Hacienda se reservó la faculta de realizar una auditoría, han pasado casi diez años desde que se suscribió el acuerdo, sin que el Departamento de Hacienda, a conocimiento de la parte demandante, haya realizado y concluido una auditoría con anterioridad a la auditoría notificada el 29 de septiembre de 2021 para los años contributivos del 2011 al 2015 y sin que se haya pagado el reintegro. El Departamento no puede extender el término para pagar el reintegro, sino que viene obligado a hacer el pago dentro del tiempo que ordena la ley”, argumentaron los abogados de DFC, Germán Brau y Antonio Bauzá Santos.

El demandante llamó la atención al tribunal de que las partes se han intercambiado peticiones de información y que Hacienda ha estado solicitando evidencia que se supone que esté en el expediente del departamento, en el del FDIC o en los del banco sucesor, Banco Popular. Los anejos reflejan que la información que DFC dice que no encuentra es crucial para adjudicar la responsabilidad contributiva de DFC: a) evidencia de los pagos de contribución estimada entre 2011 y 2015, b) evidencia de sobrepago de contribuciones de años previos y c) copia de las planillas para los años 2006 a 2010.

DFC le subrayó al tribunal que, aparte el acuerdo de 2012 que el Apelativo anuló y el del 2013 que es objeto de la demanda nueva, la empresa tuvo acuerdos con Hacienda en los años 2006, 2007 y 2009 que no han sido cuestionados.