Tras un proceso de 10 horas con dos testigos del gobierno y uno de defensa, una jueza municipal descartó 49 de las imputaciones contra la legisladora, su madre y una corporación, las que suponían un esquema de evasión contributiva.

Un año y cinco meses después de investigaciones oficiales sobre las finanzas personales y corporativas de la representante Mariana Andrea Nogales Molinelli, las imputaciones en su contra se quedaron en lo mismo que ya había visto la Cámara de Representantes: que mintió en sus informes financieros porque dejó de reportar su participación en varias entidades.

Así quedó la responsabilidad penal de Nogales Molinelli anoche después de que, tras una vista de causa para arresto que duró 10 horas y contó con tres testigos, la jueza municipal Iraida Rodríguez Castro determinó no causa en 49 de la 51 denuncias que habían presentado los fiscales de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (FEI). La decisión resultó en que la corporación Ocean Front Villas, Corp. y la licenciada Rita Molinelli Freytes quedaran liberadas de todas las imputaciones en su contra y que la representante del Movimiento Victoria Ciudadana (MVC) quedara libre de responsabilidad en 22 de sus 24 denuncias.

Exactamente qué enfrentaba cada imputado no está claro porque, a pesar de que el Poder Judicial anuncia inversiones en tecnología, todavía el proceso criminal lo manejan completamente en papel y el expediente del caso está bajo el control de la jueza quien, incluso, tuvo que hacer modificaciones a las denuncias con su puño y letra porque el nivel de tecnología de los tribunales no le da para más.

En una resolución del Tribunal de Apelaciones, se resume que los cargos son bajo el Código Penal por falsedad ideológica (Artículo 212), posesión y traspaso de documentos falsificados (Art. 217) y perjurio (Art. 269), así como violaciones al Código de Rentas Internas.

Las dos denuncias por las que la jueza halló causa para arresto son falsedad ideológica y perjurio en lo relacionado a un informe financiero que la representante sometió a la Oficina de Ética Gubernamental (OEG) en el que no informó las posiciones corporativas que tenía en Ocean Front como presidenta, tesorera y agente residente. La Comisión de Ética de la Cámara ya había atendido esa omisión mediante informe del 6 de diciembre de 2021 y, aunque es la misma conducta, el proceso criminal es separado del legislativo, por lo que Nogales Molinelli está pautada para ir hoy a la sede de la OPFEI para ser fichada y enfrentará vista preliminar por esos dos delitos graves el 26 de junio.

Cuando surgió la controversia pública sobre las propiedades y corporaciones que no había reportado en su informe, Nogales Molinelli dijo que se le había “olvidado” e intentó enmendar el informe que sometió a la OEG pero, como se había ventilado ya en el foro legislativo, y como reafirmó ayer el testigo Héctor Ramón Bladuel Viera, director auxiliar de auditoría financiera de la OEG, el informe estaba bloqueado y no se podía enmendar.

El testigo dijo que hay un proceso interno en la OEG para bloquear acceso a informes que están en controversia porque querían evitar que sucediera una enmienda después de iniciado un proceso criminal, como explicó que sucedió cuando se procesó al representante novoprogresista, Iván Rodríguez Traverzo, hace más de 10 años. Cuando Nogales Molinelli se comunicó con la OEG para enmendar, el mismo Bladuel Viera había bloqueado el informe el día antes.

Las otras denuncias, que tienen que ver con la relación de negocios entre la representante, su madre y Ocean Front era el aspecto nuevo que las investigaciones del Departamento de Justicia y de la OPFEI aportaron después de casi año y medio de indagación y el fiscal Ramón Mendoza los resumió como un “esquema” de “planillas falsas y fraudulentas” que, entre 2017 y 2021, había resultado en un pérdida de $2.6 millones para el fisco. “[E]sto es un solo bolsillo de evasión y de fraude contributivo”, dijo el fiscal al tribunal en referencia a las tres imputadas.

La teoría de la OPFEI, según las exposiciones y testimonios en la vista, es que Nogales Molinelli dejó de reportar ingresos por dos propiedades a su nombre y que, como oficial de la corporación, había dejado de reportar ingresos de la corporación por una serie de propiedades mercadeadas para alquiler, principalmente en el área de Palmas del Mar. La madre de la representante también habría dejado de reportar ingresos.

Sin embargo, y a pesar de la suma de supuesta evasión de $2.6 millones, la única pieza directa de evidencia que se discutió sobre la relación comercial entre las imputadas fue un cheque de $600 que Ocean Front expidió a nombre de “efectivo”, con motivo de “sellos” y que apareció depositado en la cuenta de Nogales Molinelli. La defensa planteó que esto era un reembolso que no generaba ninguna responsabilidad contributiva.

La mención de solo ese cheque contrasta con que, en la controversia que mantuvo la vista detenida por varios días cuando los abogados de defensa pidieron la inhibición de la jueza Rodríguez Castro por haber sido la que expidió una orden de registro bancario durante la investigación de este mismo caso, surgió que esa orden había producido un volumen de evidencia y cheques que no se le sometieron a la jueza ahora para la vista de causa para arresto.

También, durante la vista, la jueza consignó que ninguna de las denuncias tenía que ver con leyes de turismo que hubieran aplicado si, como se había rumorado, las imputadas hubieran tenido irregularidades en el manejo de sus propiedades para efectos de arrendamientos a corto plazo. Incluso, en la Compañía de Turismo la empresa de Molinelli Freytes que está registrada como hostelera, VIP Properties, tiene un crédito de $2,000 por sobrepago en el impuesto de habitación.

Pero la pieza que pudo haber pesado más sobre la decisión de la jueza es que la defensa introdujo, y los fiscales no pudieron rebatir, un contrato de usufructo que cumplía con los requisitos de ley y mediante el que Nogales Molinelli le cedía a su madre dos apartamentos para que disfrutara de su uso y rentas. Originalmente, los apartamentos habían sido un regalo de madre a hija, ya que la madre se encargó del financiamiento, pero la propietaria formal era la hija. Luego, la hija hizo un contrato con la madre para que, sin dejar de ser dueña, su madre pudiera encargarse de mercadearlos y recibir la renta sin compartir ingresos con la representante.

El testigo de defensa, el exsecretario auxiliar del Departamento de Hacienda, Ángel Marzán Santiago, explicó que eso era una estrategia legítima y común de planificación contributiva y sucesoral y que esto implica que cualquier responsabilidad contributiva que se generara con el manejo de esas dos propiedades era de Molinelli Freytes como usufructuaria, y no de su hija, aunque su hija mantenía la titularidad de las propiedades. El testigo añadió que esas responsabilidades estaban reportadas en las planillas y también estaban al día los pagos de elementos como el agua y la luz. La jueza consignó que había leído el contrato de usufructo.

La OPFEI entregó a la jueza más evidencia de la que presentó en sala, incluyendo expedientes corporativos y planillas, pero, de lo que el público pudo ver, las denuncias de supuesta evasión contributiva se redujeron a los testimonios de dos especialistas. Por parte de los fiscales, Josian Serrano Dávila, auditor en contribuciones de Hacienda, y, por parte de la defensa, el exsecretario auxiliar, Marzán Santiago.

El primero utilizó varias gráficas para presentar sus cálculos de cómo la evasión de las tres imputadas sumaba casi $2.7 millones entre ingresos dejados de reportar, intereses y penalidades. Los números fueron resultado de una investigación de dos meses que hizo cuando fue asignado al equipo de la OPFEI después de que estos habían hecho acopio de información bancaria y contributiva para desarrollar la teoría de que las imputadas habían cometido delito. El segundo atacó completamente la presentación de los datos, el método investigativo, los cálculos del auditor y contrastó que “un año contributivo, a un solo agente, le puede tomar dos años (de investigación)” mientras que en este caso se hicieron conclusiones sobre tres contribuyentes, cinco años contributivos cada uno, en dos meses.

“Llevan un año sumando con la calculadora dañada”, lanzó sobre esto el abogado de Molinelli Freytes, el licenciado Ricardo Prieto García.

La extensión de la vista, desde las 9:00 am hasta las 7:00 pm con un receso de hora y media, para un proceso que en casos ordinarios puede tomar solo minutos, ocurrió aún cuando la jueza mantuvo un control de sala cortante.

“Yo voy a terminar esta vista hoy”, advirtió temprano, a la vez que durante el día recordó varias veces a los abogados que ellos tenían un trabajo que hacer pero ella también, y el suyo era mantener el control de la sala, lo que conllevó que hasta le contara las preguntas a cada parte para detenerles los interrogatorios si se pasaban del número establecido.

“Muchos de los argumentos que ustedes están trayendo están muy buenos para otras etapas, pero esa no es la etapa que yo estoy viendo”, comentó también en referencia a que la vista de causa para arresto solo requiere que el juez se convenza de que hay un mínimo de evidencia de que se cometió un delito y que la persona imputada pudo haberlo cometido.

Mendoza indicó que iría en alzada para volver a presentar las denuncias ante otro juez.

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