La fiscalía federal usó precedentes y razonamientos similares a los que usó para el caso del convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez.

Con argumentos similares a los que usaron en el caso del convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, el Departamento de Justicia federal pidió a un juez que no desestime las acusaciones en el caso de la exgobernadora Wanda Vázquez Garced.

La defensa de la exmandataria argumentó al juez federal Raúl Arias Marxuach el miércoles que el pliego acusatorio era defectuoso porque no planteaba explícitamente que ella tuviera conocimiento de que el banquero, y coacusado, Julio Herrera Velutini, la iba a beneficiar con recursos de campaña política si ella despedía al entonces comisionado de Instituciones Financieras, George Joyner Kelly.

Tanto Herrera Velutini como el tercer coacusado, Mark T. Rossini, se unieron a la petición de Váquez Garced.

En su riposta a los tres, Justicia federal recordó que lo que la jurisprudencia requiere es plantear un acuerdo explícito, o claro entre las partes, pero no expreso, o que esté escrito o fijado en algún lugar. Esto mismo plantearon en el caso de Pérez Otero.

Además, recordaron al juez que el pliego establece que hubo al menos una reunión en La Fortaleza entre Vázquez Garced y Herrera Velutini en la que se discutió el “esto” por “aquello”, del apoyo que el banquero podía dar a la campaña primarista de la funcionaria si hacía cambios en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF) que abarcaban no solo la destitución del entonces comisionado, sino la designación de un comisionado específico que el banquero quería y que había sido asesor de su institución financiera en Puerto Rico, Bancrédito International Bank & Trust. Para esa alegación, la fiscalía cuenta con el testimonio de un testigo cooperador que estuvo allí, el excontratista del Senado, John Blakeman Ortiz.

Los fiscales enfatizaron también otros dos puntos. Primero, que le pueden establecer al jurado el acuerdo entre los acusados no solo mediante evidencia directa, sino también mediante evidencia circunstancial. Segundo, que los precedentes del Tribunal Supremo federal que tienden a favorecer la entrega de donativos políticos como una forma de libertad de expresión, no aplican al banquero.

“[E]l Sr. Herrera, un nacional extranjero, no tenía ningún derecho de Primera Enmienda a contribuir a la campaña de Vázquez”, dijo el fiscal Ryan Crosswell sobre el financiero italovenezolano.

En su moción de desestimación, la también exsecretaria de Justicia propone que no debe ser responsables por los acuerdos que tuvieran otras personas y que ella desconociera, así como que la acusación no tomaba en cuenta que podían haber razones para la destitución del jefe de OCIF que no tenían nada que ver con los deseos del banquero. Pero la fiscalía dijo al juez que esas impugnaciones de hechos no son materia de una moción de desestimación, sino de evidencia que debe desfilar ante el jurado.

“Si Vázquez quiere impugnar las alegaciones del gobierno, lo tiene que hacer en el juicio…. Vázquez entiende cabalmente de lo que se le acusa. Vázquez puede impugnar la suficiencia de la evidencia, pero lo tiene que hacer en el juicio”, afirmó Crosswell al recordar que una convicción procede aunque el acuerdo corrupto se haya hecho a través de intermediarios, en vez de directamente entre los acusados.

Este caso de soborno todavía no tiene fecha de juicio.

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