El jurado cerró su primera sesión de deliberación sin un veredicto después de escuchar el turno de refutación de la fiscalía federal.

La fiscalía federal le aceptó al jurado que entiende en las acusaciones por la muerte del banquero Maurice Spagnoletti que hay “inconsistencias” en la evidencia que presentaron pero sugirió que no son “importantes” y pidió un veredicto de culpabilidad contra los cinco hombres acusados de esa muerte, de otras dos, de narcotráfico y de usar armas de fuego mientras se comete delito.

Los jurados cerraron su primera sesión de deliberación, que duró toda la tarde del martes, sin llegar a un veredicto, por lo que reanudan hoy en la mañana. Se requiere unanimidad de los 12 integrantes del panel para condenar o para absolver. Un número menos que 12 sería un “tranque” que anularía el proceso y expondría a los acusados a la posibilidad de un juicio nuevo.

“¿Inconsistencia? Sí. ¿Importante? Eso lo deciden ustedes”, fue la frase que utilizó en varias ocasiones el fiscal federal Alberto López Rocafort, durante el turno final del gobierno para refutar los argumentos de cierre que hicieron los abogados de defensa durante todo el día el lunes.

Los acusados Rolando Rivera Solís, Luis “Canito Cumbre” Carmona Bernacet, Yadiel “Motombo” Serrano Canales, Alan Lugo Montalvo y Fabiany Alméstica Monge enfrentan cargos de conspiración para traficar drogas y de uso de armas de fuego durante esa conspiración que supuestamente duró 14 años. Además, Carmona Bernacet está acusado por las muertes de William Castro Vidot y René Cruz Cuadrado, mientras que Rivera Solís, Serrano Canales, Carmona Bernacet y Álex Burgos Amaro están imputados por la muerte de Spagnoletti. Burgos Amaro será enjuiciado posteriormente porque su abogada no estaba disponible para la fecha de este juicio.

Un argumento reiterado de los abogados de defensa fue que no procedía el cargo de narcotráfico porque la fiscalía nunca pudo mostrarle al jurado la incautación de alguna de la droga que supuestamente vendieron durante 14 años y porque solo buscaron establecer eso con el testimonio de cinco cooperadores que no merecen credibilidad y que no conectaban a los acusados entre sí en la faena de la distribución de drogas.

López Rocafort redobló el endoso del gobierno a sus testigos cooperadores y presentó una tabla en la que, basado en los testimonios de estos, el gobierno estimó cuánta droga se pudo haber vendido durante los 14 años. “¿Dónde está la droga? La droga la vendieron los acusados”, señaló al recordar que los cooperadores habían dado detalles de cantidades, empaque y entrega de narcóticos en la presencia de algunos de los acusados.

El fiscal resaltó también que tres cooperadores coincidieron en mencionar una guagua Ford Windstar, que usaban Carmona Bernacet y su supuesto sicario, Serrano Canales, a la que llamaban “el tanque de guerra” y que tenía compartimientos secreto para guardar droga y armas.

Para reforzar la relación entre todos los acusados, que es lo que el jurado tendría que creer para poder imputar los delitos de unos de ellos a todo el grupo, el fiscal recordó que Alméstica Monge y Rivera Solís fueron intervenidos en el aeropuerto de Dallas en 2009 con $33,823 en efectivo. De esa intervención no surgió ningún cargo contra el dúo, pero el fiscal reforzó diciendo que una de las testigos cooperadores había dicho que le habían dicho que ese dinero era para comprar drogas.

Algunos de los acusados trabajaban en la compañía de mantenimiento con la que Rivera Solís prestaba servicios al banco Doral y practicaban la religión Yoruba. López Rocafort recordó testimonios de que Rivera Solís tenía armas en su casa y las entregaba a otros acusados. “No les estaba diciendo que tuvieran mapos y escobas, les estaba diciendo que tuvieran armas todo el tiempo. Estas no son herramientas de una empresa de mantenimiento, estas son herramientas del narcotráfico”, lanzó el fiscal al refutar también los argumentos de los abogados de que los acusados tenían licencias para poseer armas legalmente. “Tienen permisos de armas, pero el problema es que no puedes cometer crímenes con esas armas”, ripostó.

Sobre Spagnoletti, el fiscal presentó a los jurados una cronología de eventos antes y después de la matanza del 15 de junio de 2011 para tratar de persuadirles de que ese asesinato reflejó el mismo “modus operandi” de una muerte que el gobierno achaca a Rivera Solís, pero por la cual nunca lo acusaron ni en este caso federal ni en ningún proceso estatal. Era una persona que le había ganado una demanda y el acusado tendría que pagarle, pero que supuestamente fue asesinado por Serrano Canales bajo órdenes de Rivera Solís. Serrano Canales tampoco está o estuvo acusado de esa muerte y la fiscalía no presentó a investigadores de ese suceso.

López Rocafort pidió al jurado que hicieran una doble inferencia a partir de evidencia presentada mediante el testimonio de un contratista quien dice que vio a Rivera Solís entregarle un arma en el gazebo de su casa a un hombre de tez negra vestido con uniforme de la empresa de mantenimiento. Ni el testigo ni ningún otro estableció que era Serrano Canales, pero el fiscal dijo al jurado que podían inferir que lo era. Y también les pidió que infirieran que ese acto concretó la orden de muerte contra Spagnoletti.

“Pueden inferir que cuando Rolando entregó el arma a Yadiel en el gazebo, la orden para matar a Maurice Spagnoletti fue dada. El instrumento para cometer el asesinato fue colocando en las manos del asesino”, dijo.

No hay evidencia que coloque directamente a Serrano Canales en la escena del asesinato, pero la fiscalía presentó como testigo a una exnovia de Rivera Solís que dijo que Burgos Amaro le dijo que “Motombo” había sido el asesino. El fiscal refrendó ese testimonio recordando que días después del asesinato, otro testimonio indica que los acusados celebraron la muerte de un tal “viejo” mencionando el detalle de que el carro de este se había salido de la carretera y había quedado en la grama. Ese detalle sale en las fotos que circularon en los medios desde la misma noche del evento. Otro detalle es que Burgos Amaro le dijo a la exnovia que parece que el muerto iba a celebrar algo porque había artículos festivos en el carro y una foto de la escena demuestra el asiento trasero lleno de globos y canastas.

Para el hecho de que no hubo evidencia que colocara el celular de Serrano Canales en la escena del crimen, el fiscal planteó que el acusado usó un modelo de teléfono “flip phone” que no registra en el sistema las identidades de los que llaman. Y para atender el señalamiento de los abogados de que era increíble que la viuda de Spagnoletti, Marisa, testificara que Serrano Canales la había acechado días antes del asesinato, pero que la mujer no se lo mencionara a nadie, ni a su esposo, en ese momento, el fiscal opinó a los jurados que “ella tenía miedo, pero no sabía lo que estaba pasando”. Esa alegación de acecho fue la única aportación al caso de la viuda, quien no señaló a ningún otro acusado. La mujer se mantiene en Puerto Rico esperando el veredicto.

“La religión santería, Yoruba, no está en juicio aquí. Los que están en juicio son los acusados que usaron su religión para manipular y cometer crímenes, crímenes serios”, concluyó el fiscal al pedir al jurado que usaran su sentido común para conectar la evidencia presentada a lo largo de un juicio que ayer cumplió su día 21.

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