A pesar de solicitud de reconsideración, el juez federal mantuvo su orden de nombrar a un oficial financiero externo para la Policía, pero aclaró no es una sindicatura.

El juez Francisco Besosa reafirmó el viernes pasado su designación de un Oficial de Supervisión Financiera (OSF) para la Policía y aprovechó para aclararle al gobierno que fue su propia lentitud en atender los asuntos financieros de la Reforma de la Policía lo que provocó la designación.

En su orden denegando la reconsideración, el juez también rechazó las interpretaciones que se hicieron sobre la designación indicando que no se trata de una sindicatura, aunque dejó la puerta abierta para designar a un síndico en el caso si las circunstancias lo ameritan.

La expresión de Besosa en su orden del viernes pone en entredicho directamente al secretario de Seguridad Pública, Alexis Torres Ríos, a quien el gobernador designó mediante orden ejecutiva en febrero de 2022 como el representante del gobierno en el caso de reforma y el responsable de llevarla a conclusión. Los eventos que dieron paso a la designación del OSF ocurrieron meses después de esa orden ejecutiva y tienen que ver con una controversia que ya NotiCel había reseñado porque la revisión de gastos de reforma que hizo el exagente del FBI, Christopher Graham, como auditor del tribunal originalmente serían realizados por la Oficina del Inspector General del gobierno (OIG), pero Torres Ríos se opuso. Tras su trabajo como auditor, el juez Besosa promovió a Graham con la designación como OSF el jueves pasado.

Después de esa orden designando a Graham, el gobierno pidió reconsideración indicando que “progresión natural” sobre las finanzas de la reforma llamaban primero a que se desarrollara un protocolo financiero y que, después, el tribunal decidiera si el auditor Graham iba a seguir teniendo algún rol.

“Es precisamente la ‘progresión natural’ del gobierno en cuanto a la reforma la que este tribunal está atendiendo… el borrador de protocolo sobre el uso del presupuesto de la reforma se sometió en septiembre de 2022, hace siete meses, y no ha tenido casi progreso desde entonces. Ahora es que, cuando ya se asoma una supervisión ordenada por la corte, es que el gobierno ve la necesidad de proceder rápidamente para finalizar el protocolo. Esto ilustra muy bien que la ‘progresión natural’ del gobierno es muy lenta, y que se necesita malamente un OSF ahora”, contestó el juez el viernes.

“Para estar claros, y contrario a lo que muchos ya han comentado sobre la orden del tribunal sin conocimiento alguno sobre los esfuerzos que se realizan para reformar la policía, aunque sea lentamente, la orden del tribunal no coloca al Negociado de la Policía en una sindicatura”, resaltó a la vez que recordó también que, “para estar seguros, una sindicatura siempre ha sido una posibilidad desde que el suscribiente está a cargo de este caso que ya lleva 12 años”. Besosa está a cargo del caso desde la segunda mitad de 2022, cuando el juez original del mismo, Gustavo Gelpí, fue promovido a juez de apelaciones.

Las funciones de Graham como OSF serán, según detalló el juez, asistir a las partes en el caso sobre el protocolo de gastos relacionados con la reforma, e informar al juez directamente de progreso y retos que se encuentra en el área financiera. Como ocurre en otros casos de reforma de departamentos policíacos en otras jurisdicciones de Estados Unidos, el juez subrayó que considera todo el presupuesto de la Policía como activos bajo el control del tribunal en función de lograr que se complete la reforma, y no meramente los $20 millones anuales que se asignan específicamente para la reforma en el presupuesto policíaco.

Graham comenzará funciones el 1 de julio con salario de $150 la hora y tope de $90,000 al año más $12,000 al año en gastos.

Besosa solo acogió un aspecto de la reconsideración, que el gobierno no le pidió directamente, y fue establecer para el 1 de junio, un mes antes de que Graham entre como OSF, el plazo para el que ya debe estar finalizado el protocolo financiero que entonces Graham comenzará a velar desde el 1 de julio.

El Departamento de Justicia federal, la otra parte en este caso ya ha consignado al tribunal que la Policía tiene un “problema serio de contabilidad y de manejo de expedientes”.

Vea:

Juez federal ordena a la Policía divulgar cómo han usado $180 millones asignados a la Reforma

Los problemas que le dijeron al juez sobre la Reforma de la Policía no existen, según DSP