Caso Spagnoletti: “No pueden condenar a un hombre adivinando”
Abogados defensores tienen oportunidad de hacer argumentos al jurado y resaltan la falta de evidencia en el caso de la fiscalía federal y las invenciones provocadas por el “trauma” de la viuda.
Un caso de narcotráfico en el que no se incautó ninguna droga. Tres asesinatos para los que nunca se presentó evidencia de la investigación oficial de los hechos. Una ristra de testigos con “recuerdo selectivo”. Una viuda traumatizada que se inventó su testimonio.
Los abogados de defensa en el juicio en el que se procesa a tres hombres por la muerte del banquero Maurice Spagnoletti dedicaron ayer unas seis horas a pasar por la trituradora los testimonios de casi 50 testigos que presentó la fiscalía federal para resaltarle al jurado lo que entienden son las inconsistencias y falta de prueba necesaria para condenar a sus clientes más allá de toda duda razonable. Cinco hombres enfrentan juicio, pero solo tres están acusados por la muerte de Spagnoletti. Los cinco enfrentan cargos de conspiración para traficar drogas y usar armas mientras cometían ese delito. Uno de los acusados originales, Álex Burgos Amaro, quien también enfrenta el cargo por supuestamente matar a Spagnoletti, será enjuiciado en otro momento porque su abogada no estaba disponible para la fecha de este proceso.
Fueron los abogados de Luis “Canito Cumbre” Carmona Bernacet, Yadier “Motombo” Serrano Canales y Rolando Rivera Solís, los tres implicados en la muerte del banquero, los que llevaron el peso de persuadir a los jurados por tratarse de la muerte de más alto perfil de los tres asesinatos que la fiscalía incluyó en las acusaciones.
José Vélez Goveo, abogado de Carmona Bernacet, dijo a los jurados que el gobierno había actuado en este caso “bajo presión” y que eso “no les permitió presentar apropiada y precisamente la evidencia que probaría el caso”.
Como hicieron los demás abogados, el representante de Serrano Canales, Peter Díaz Santiago, igualó a la fiscal Kelly Zenón Matos en el uso de elementos visuales para exponer sus puntos al jurado, lo que ocurrió el miércoles pasado durante una exposición inicial de la fiscalía de tres y horas y media. Pero solo Díaz Santiago igualó a Zenón Matos en el histrionismo y oratoria exagerada.
El abogado fue al detalle del testimonio de cinco cooperadores, así como el de la viuda del banquero del extinto Doral, Marisa Spagnoletti, para apuntarle al jurado cómo cada uno no estaba motivado por la verdad, sino por el miedo, el prejuicio o la motivación de hacerle daño a su cliente.
El cargo de narcotráfico se basó en testimonio de cooperadores que alegaron que algunos de los acusado participaban en esa actividad ilegal. Sin embargo, por ejemplo, ninguno mencionó a Rivera Solís, aunque a este también se le imputa narcotráfico. A la luz de que algunos de los acusados trabajaban en la empresa de mantenimiento con la que Rivera Solís daba servicios a Doral, el abogado comentó con ironía que verdaderos narcotraficantes exitosos no tendrían necesidad de estar mapeando pisos.
“¿Ustedes vieron algunos kilos aquí? ¿Alguna incautación de drogas?”, preguntó al jurado para subrayar que la supuesta conspiración de narcotráfico duró 14 años, pero la fiscalía no presentó una sola incautación de drogas vinculada a los acusados en ese tiempo. Añadió que tampoco hubo prueba de incautación de dinero, de vehículos, de botes o de propiedades caras. La teoría de la fiscalía es que Serrano Canales fue el que ejecutó a Spagnoletti en ataque a tiros entre dos carros en movimiento a la entrada del Túnel Minillas. Pero Díaz Santiago desglosó todas las cosas que no vinculan a su cliente: nadie lo identificó en la escena, no le incautaron un arma usada en el ataque, los casquillos recuperados en el lugar no son iguales con los que los testigos han dicho que los acusados tenían como portadores de licencia para posesión legal de armas, algo de valor dado a cambio de la muerte ni récords de teléfono celular que lo coloquen en el área en la noche del asesinato, el 15 de junio de 2011.
La tarea más urgente de Díaz Santiago era abordar el testimonio de la viuda ya que fue a su cliente a quien único identificó, repetidamente, como el hombre que la había acechado tres veces en lugares distintos días antes del asesinato. “Sé que esta dama está sufriendo… no quiero revictimizarla pero su testimonio fue increíble y eso ustedes lo saben”, planteó al recordarles que, por un lado, la mujer dijo que quedó aterrorizada cada una de las tres veces que supuestamente se encontró con Serrano Canales, pero en ninguna de las tres lo notificó a nadie, ni siquiera a su esposo. “No hay explicación (para eso), excepto que su mente fabricó esta historia por trauma, o porque quiere ayudar al gobierno tanto que fabricaría cualquier cosa”, afirmó.
“Yo quiero resolver el asesinato de Spagnoletti. Igual que ustedes, yo quiero saber quién lo hizo. ¿El gobierno se los probó? Esa es la pregunta. ¿Se los probó? Yo no creo. Alguien asesinó a Maurice Spagnoletti, pero mi cliente es un chivo expiatorio”, concluyó el abogado.
“No pueden condenar a un hombre adivinando”, lanzó como pie forzado el abogado de Rivera Solís, Leonardo Aldridge Kontos, para retomar el argumento de falta de prueba de la fiscalía, particularmente en cuanto a la muerte del banquero. “En el centro de este caso hay una novela de misterio sobre un asesinato, y todavía lo es”, remató al recordarle a los jurados que su deber es examinar la prueba, no dejarse llevar por las emociones a las que ha recurrido la fiscalía en lo que calificó como un caso de “especulación, desesperación y demonización”.
El abogado enumeró cuatro hechos que la fiscalía no puede borrar ni cambiar: ningún testigo dijo que vio a su cliente ordenar el asesinato del banquero o que lo escuchó ordenarlo, las balas legales encontradas en la casa de su cliente no tienen ninguna relación con las encontradas en la escena del asesinato, ninguna arma incautada en el hogar está relacionada con la muerte y ninguno dijo que su cliente conocía a Spagnoletti. Propuso al jurado que la fiscalía no trajo esa evidencia porque su cliente no está vinculado con ninguno de esos actos delictivos.
Expuso que entiende que la “desesperación” de la fiscalía vino por su deseo de encausar a alguien por el asesinato del banquero así que “se fueron con el mangó bajito, se fueron detrás de la gente de mantenimiento, los que limpian los toilets y sacan la basura”. Nadie lo mencionó, pero la viuda inicialmente había sometido una demanda civil responsabilizando de la muerte a los ejecutivos principales del banco, pero la retiró antes de que llegara a juicio.
La “demonización” es la forma en que la fiscalía apuntó al uso regular de dinero en efectivo por parte de su cliente, el éxito que tuvo tras el contrato de mantenimiento de Doral y su función como ‘babalawo’, o sacerdote, de la religión Yoruba como la pega con la que el gobierno quiso crear un vínculo conspiracional entre los acusados.
La “especulación” es la forma en que la fiscalía quiere que el jurado emita veredictos de culpabilidad con prueba directa, solo por haberles creado una “bola de chismes” y por usar un gran número de testigos para simplemente crear inferencia sobre inferencia. Resaltó que la única persona que testificó por la defensa, la exjefa de operaciones del banco, Annelise Figueroa, y quien estuvo acusada junto a Rivera Solís en un caso que el gobierno disolvió antes de que se presentaran los cargos por el asesinato de Spagnoletti, fue la única testigo que compareció sin nada que ganar porque la defensa no puede hacerle negocios, como la fiscalía hace negocios con sus cooperadores. Esta testigo dijo que era falsa la alegación de que Rivera Solís le había dicho a ella que quería ver la cabeza de Spagnoletti donde tenía los pies.
La teoría de la fiscalía es que Rivera Solís ordenó el asesinato del banquero porque le quitó su contrato de mantenimiento, pero el abogado recordó que la evidencia es que la carta de cancelación fue cinco meses después del asesinato y que, tras Doral, su cliente creó otra empresa y adquirió rápidamente el contrato de mantenimiento para el Centro de Convenciones.
“Ellos (la fiscalía) tienen que presentar evidencia más allá de toda duda razonable. Ellos no han rebatido la presunción de evidencia”, dijo el abogado al repetir también que si tenían duda de alguna alegación de fiscalía tenían que absolver porque no podían condenar a una persona “adivinando”.
Además observaciones que también hicieron los demás abogados, el representante del acusado Alan Lugo Montalvo, Edgar Sánchez Mercado, resaltó que uno de los cooperadores que vinculan a los acusados con narcotráfico ni siquiera pudo identificar a su cliente en sala y que el fiscal Víctor Acevedo había dicho en su exposición inicial que traerían prueba de que su cliente portó armas mientras cometía delito, pero esa prueba nunca llegó.
Por su parte, Jason González Delgado, representante de Fabiany Alméstica Monge, quien no está acusado de los asesinatos, comparó la prueba de fiscalía con cuando la gente se reúne en las plazas de los pueblos “a bochinchear… a decir cosas no corroboradas”. “Esto es un crimen onomatopéyico” porque todo lo que trajo la fiscalía es “ruido” y no sustancia. Recordó que el uso ilegal de armas que se le imputa a su cliente para conformar la conspiración ocurrió cuatro años después de que acabara la conspiración en este caso y como parte de un proceso separado en el que fue procesado y sentenciado.
El proceso sigue hoy con el turno de refutación de la fiscalía y el inicio de las deliberaciones.
Se supone que hubiera sesión el jueves pasado, después de la exposición inicial de la fiscal Zenón Matos, pero a última hora fue suspendida. Una moción radicada hoy por la defensa da cuenta de que el juez Francisco Besosa informó que uno de los jurados regulares no volvería y lo sustituyó por uno de los alternos, pero no informó la razón por la que el jurado regular no estaría. La defensa pide explicaciones para saber si se debe a una posible contaminación del jurado que afecte los derechos de sus clientes, pero, al cierre de la sesión el juez no había respondido.
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