La exgobernadora es la primera acusada de su caso que alega la insuficiencia legal de los cargos presentados por supuesto soborno.

La exgobernadora Wanda Vázquez Garced pidió la desestimación de los cargos federales en su contra porque no cumplen con el requisito de indicar que ella sabía que el banquero Julio Herrera Velutini estaba tomando acciones para beneficiarla políticamente a cambio de que ella realizara actos oficiales en la Oficina del Comisionado de Instituciones Financieras (OCIF).

Con su moción ayer, se convierte en la primera de los tres acusados en este supuesto esquema de soborno que pide que el juez federal Raúl Arias Marxuach tome una decisión que puede resolver el caso sin llegar a juicio.

Los argumentos de los abogados de la exgobernadora para pedir la desestimación giran en torno a las doctrinas del Tribunal Supremo federal sobre las alegaciones de corrupción pública tipo “quid pro quo”, un término que se puede traducir en ‘esto por aquello’ y que describe cuando un funcionario acepta realizar, o no realizar, un acto oficial a cambio de algo de valor.

Para atacar el pliego acusatorio, los abogados aceptan que hubo un ‘esto’ y un ‘aquello’, pero que la fiscalía no estableció el ‘por’. A saber, aceptan que Herrera Velutini expresó su intención de apoyar la campaña primarista de Vázquez Garced contra Pedro Pierluisi Urrutia y que realizó actos en esa dirección, lo que sería el ‘esto’. También aceptan que hubo un ‘aquello’ porque Vázquez Garced, en efecto, destituyó a un comisionado de OCIF, George Joyner Kelly, y designó a su sustituto, Víctor Rodríguez Bonilla. Pero se concentran en argumentar que el pliego no establece el ‘por’, o lo mismo que no establece conocimiento de Vázquez Garced sobre los movimientos del banquero o que sus decisiones en cuanto a OCIF respondieran a un acuerdo explícito con este.

El pliego acusatorio, supervisado desde el Departamento de Justicia federal en Washington DC, coloca a Vázquez Garced 14 veces en reuniones o en comunicaciones directas con el coacusado o con los cooperadores. Describe un esquema en el que Herrera Velutini quería detener indagatorias de OCIF a su banco, Bancrédito International Bank & Trust, por lo que ofreció apoyo económico político a Vázquez Garced a cambio, primero, de que destituyera al entonces jefe del regulador bancario, y, segundo, que designara al comisionado que el banquero quería. Cuando Pierluisi Urrutia ascendió a poder, el banquero habría ofrecido otra vez apoyo económico a este a cambio de que se cumplieran sus deseos sobre OCIF y la pesquisa a su banco.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo, apuntan los abogados defensores, requiere especificación en el pliego de que hubo un acuerdo entre la funcionaria y el banquero. Un argumento similar hizo, hasta ahora sin éxito, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, quien resultó convicto. Pero la moción distingue que en ese caso el pliego no decía que el dinero corrupto que recibió el exalcalde eran donativos políticos, mientras que en el caso de la exgobernadora se alega que el beneficio ilegal que recibió fue para propósitos de su campaña política. Para los abogados, esta diferencia provoca que la fiscalía tenga que especificar que había un acuerdo explícito entre su clienta y el banquero.

Cuando se presenta este tipo de moción para desestimar cargos por la insuficiencia legal de la acusación, los abogados limitan sus argumentos estrictamente al lenguaje del pliego acusatorio, pero ya, en este caso, la fiscalía ha hecho descubrimiento de prueba, por lo que los abogados también deben conocer ya los principales testimonios que presentaría el gobierno al jurado si el caso prosiguiera su curso. Está confirmado que uno de los cooperadores es el excontratista del Senado, y exintegrante de la campaña primarista de Vázquez Garced, John Blakeman Ortiz, a quien el pliego acusatorio coloca en reuniones con Vázquez Garced y en comunicación con el banquero.

Los abogados defensores Ignacio Fernández de Lahongrais, Luis Plaza Mariota y Peter John Porrata arrancan en su exposición indicando al juez Arias Marxuach que el Supremo federal ha sido estricto en su exigencia de que casos relativos a donativos de campaña requieren que el gobierno alegue un acuerdo explícito en cuanto a soborno porque, de lo contrario, habría un perjuicio al derecho que tienen los donantes bajo la Primera Enmienda para expresar su apoyo a un candidato y la obligación que tiene ese candidato para responder a los reclamos de sus constituyentes.

Luego, enumeran lo que proponen como deficiencias insalvables en el pliego acusatorio resumidas en que no se establece el conocimiento que Vázquez Garced tuviera de las conversaciones y los actos que el pliego adjudica al banquero y a cooperadores desconocidos y conocidos.

Un ejemplo es el episodio que inicia la cronología del esquema de sobornos, la boda del inversionista residente Fahad Ghaffar el 4 de enero de 2020. La acusación dice que la entonces subsecretaria de la Gobernación, Lillian Sánchez Pérez, le confirmó a Ghaffar que Vázquez Garced iría a su boda y este le dijo que la iba a sentar en una mesa con “billonarios”, lo que ocurrió. Luego, el pliego dice que Blakeman Ortiz y Herrera Velutini se comunicaron durante la boda sobre el apoyo económico que el banquero podía conseguirle en esa misma mesa si ella destituía a Joyner. Pero los abogados ripostan que el pliego no indica que la exgobernadora supiera que Ghaffar la sentaría en la mesa con “billonarios” y tampoco indica que hubiera ocurrido alguna conversación en la mesa entre el banquero y la funcionaria con relación a apoyo ecónomico para su campaña y los deseos del banquero sobre OCIF.

El 14 de enero de 2020 hubo una reunión en La Fortaleza con Vázquez Garced, el banquero y Blakeman Ortiz, entre otros, pero “el pliego es silente en cuanto a lo que pasó en esa reunión y no alega que algún arreglo ‘quid pro quo’ se hubiera concretado”. Sobre la encuesta que preparó la empresa internacional de consultoría política a pedidos de Herrera Velutini como parte del apoyo político que ofreció a Vázquez Garced, “el pliego no alega, por ejemplo, que dicho estudio fue preparado solo para la campaña de la gobernadora Vázquez Garced o si su campaña siquiera hubiera pedido o utilizado, mucho menos se hubiera beneficiado, de ese estudio”.

Aunque el pliego habla de actos que realizó Blakeman Ortiz por “directriz” de Vázquez Garced, la moción de desestimación dice que el pliego no especifica el contexto de esa directriz y distancia a la funcionaria de cualquier acto o expresión que hayan hecho terceros. “Ella puede ser acusada solo por sus propias acciones, no las que realizaron otros”, concluyen los abogados al calificar este caso como “el más agresivo de supuesto soborno político que se ha intentado jamás en este distrito”.

“En ningún lugar de las 42 páginas del pliego acusatorio el gobierno alega cuándo fue que Herrera y Vázquez Garced llegaron a un acuerdo explícito. Esto es clave, porque solo las acciones oficiales que están controladas por haber llegado a un acuerdo explícito son las que pueden ser procesadas bajo los estatutos de soborno y fraude de servicios honestos”, apuntalan en la moción.

En una vista de status en marzo pasado, uno de los abogados de Vázquez Garced, el exfiscal federal Luis Plaza Mariota, adelantó que habían recibido el grueso de la evidencia en contra de su clienta y estableció el deseo de esta de ir a juicio lo más rápido posible.

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