El gobierno de los Estados Unidos presentó oposición a la solicitud de absolución que hizo el convicto exalcalde de Guaynabo.

La fiscalía federal se opuso a la solicitud de absolución que hizo el convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, asegurando que hubo suficiente evidencia en juicio del esquema que tenía montado con el contratista corrupto, Oscar Santamaría Torres, para recibir dinero a cambio de contratos y favores.

A principios de abril, Pérez Otero sometió una moción argumentando a la jueza Aida Delgado Colón que en su caso hubo un “déficit” de evidencia para probar el acuerdo específico que la fiscalía tenía que probar entre él y el contratista, según la lectura de los requisitos de ley que hicieron los abogados del exalcalde. El argumento de defensa es una reiteración de lo que habían dicho desde antes del juicio, que los dineros que Santamaría Torres aparece grabado entregando al exalcalde en paquetes de $5,000 en efectivo eran donativos de campaña y no un dinero condicionado a acciones oficiales específicas del funcionario.

Pero el fiscal Nicholas Cannon, quien presentó la evidencia del gobierno junto a la fiscal Myriam Fernández, se opuso con un escrito el viernes en el que resumió que “el veredicto del jurado en este caso se basó en evidencia abrumadora de que el acusado se enfrascó en un esquema de soborno para aceptar pagos en efectivo y regalías a cambio de actos oficiales por su rol como el oficial electo más poderoso de Guaynabo”.

Cannon recordó a la jueza que la fiscalía nunca ha disputado que los pagos fueran donativos de campaña, aunque la caracterización de deuda parece ser “una ficción completa” porque las finanzas del comité no reflejaban carencia durante el tiempo de los pagos, porque los pagos fueron mucho tiempo después de la campaña y porque el testigo coconspirador dijo que había hechos dos pagos de $20,000 cada uno a la campaña del exalcalde de manera separada a los pagos regulares de $5,000 que le hacía directamente. Los $40,000 fueron entregados al director de campaña, y expresidente de la Puerto Rico Telephone Company, Agustín García.

El fiscal repasó las palabras que quedaron grabadas en tres ocasiones que Santamaría Torres hizo pagos a Pérez Otero y que quedaron grabadas por el Negociado Federal de Investigaciones. En estas conversaciones, resaltó el fiscal, Pérez Otero afirma su poder de personalmente excluir suplidores de trabajos del municipio y decidir cuántos trabajos se le dan a distintos suplidores. La jurisprudencia del Tribunal Supremo, dijo Cannon, le requiere demostrar que el acuerdo corrupto era explícito, pero no que era expreso o estaba puesto por escrito en algún lugar.

“El mejor y más claro ejemplo de esto es la secuencia de eventos alrededor del pago de soborno del 19 de agosto de 2021. Santamaría y Pérez Otero se reúnen y Santamaría explícitamente le pide ayuda con el departamento de Finanzas del municipio. Pérez Otero toma el pago de $5,000, acuerda ayudar a Santamaría, y le da seguimiento después de la reunión con una llamada telefónica explicando que ha discutido la factura pendiente con el departamento y que Santamaría podía esperar un pago pronto. El día siguiente, un cheque de más de $440,000 se prepara en el municipio de Guaynabo para Island Builders (la empresa de Santamaría Torres con contratos en esa ciudad)”, detalla el fiscal.

“Ciertamente, dirigir a empleados municipales a preparar cheques, adjudicar contratos y decidir personalmente cuáles compañías pueden participar en subastas son actos oficiales (bajo la jurisprudencia del Supremo)”, añadió.

La sentencia de Pérez Otero está pautada para el 8 de agosto.

Vea:

Ángel Pérez pide absolución porque hubo “déficit” de evidencia en su contra