Los jueces apelativos fallaron a favor de la Policía en caso de armería de Ariel Torres, quien cabildea un cambio a la ley para poder darle la vuelta a este caso.

El Tribunal de Apelaciones determinó que la Policía actuó correctamente al revocar la licencia de armero a Shooters Sports Armory Corp. por estar en violación a una disposición de la Ley de Armas de 2020 que ahora el dueño de Shooters, Ariel Torres Meléndez, cabildea en la Legislatura para cambiar.

Torres Meléndez fue promotor del esfuerzo que culminó en la Ley de Armas de 2020, y que incluye eliminar el tope de la cantidad de municiones que una persona puede comprar. Pero cuando el Negociado de la Policía aplicó a su armería la disposición sobre ubicación con relación a planteles escolares, comenzó a gestionar cambios a la recién aprobada ley para, entre otros aspectos, acomodarla a la realidad de su armería en Trujillo Alto.

La ley de 2020 dice que la armería no puede estar ubicada dentro de un radio de una milla de distancia de un plantel escolar. Shooters, ubicada en el casco urbano de Trujillo Alto, tiene cuatro planteles escolares cerca. La Medaro Carazo está a 1,328 pies, la Escuela de las Artes a 755 pies, la Andrés Varcárcel a 1,076 pies y la Tulio Larrinaga a 1,165.

La Cámara de Representantes aprobó enmiendas a la Ley de Armas que reducen la distancia de ubicación a 300 metros o menos, lo que todavía implica problema para Shooters en el caso de uno de los planteles. El proyecto pasó al Senado y está encargado a la comisión que preside el expresidente del Senado, Thomas Rivera Schatz.

La controversia que resolvió el tribunal apelativo comenzó en abril de 2021, cuando la Policía realizó inspección a la armería y, como parte de ese proceso, notificó el 13 de septiembre de 2021 que le revocaba la licencia por incumplir la disposición de ley relativa a la cercanía de los planteles.

“Si bien la parte recurrente presentó su solicitud de licencia de armero previo a la vigencia de la Ley de Armas de 2020, esta fue expedida aproximadamente un año después de la entrada en vigor de la citada Ley, por lo que se rige por las disposiciones allí contenidas. A tenor con ello, Shooters tenía que cumplir con las disposiciones en el estatuto vigente. Dicho esto, el Art. 4.01(d) de la Ley de Armas de 2020, expresamente prohíbe establecer un negocio de armero en un radio de no menos de una milla de distancia de un plantel escolar. En el caso de autos, Shooters está ubicado en una distancia menor de una milla de cuatro escuelas, hecho que tampoco está en controversia y representa un asunto de alto interés público”, expuso el tribunal.

“En conclusión, no identificamos que el Negociado de la Policía haya errado en su análisis de los hechos y el derecho correspondiente a este caso. Tampoco identificamos que se haya actuado de forma irrazonable, arbitraria o ilegalmente al revocar la licencia de armero de la parte recurrente”, añadió.

La sentencia del 15 de marzo estuvo a cargo de los jueces Ivelisse Domínguez Irizarry, Gloria Lebrón Nieves y Monsita Rivera Marchand.

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