Cuatro exempleados alegan alcalde popular tomó acción en su contra por venganza y por ser penepés.

El alcalde de Ponce, Luis Irizarry Pabón, del Partido Popular Democrático (PPD), enfrenta una demanda federal por discrimen político de parte de cuatro empleados identificados con el Partido Nuevo Progresista (PNP).

La reclamación fue sometida esta semana, la misma en que la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) designó a dos fiscales, Manuel Núñez Corrada y Miguel Colón Ortiz, para determinar si al funcionario se le presentarán cargos criminales por un esquema en el que supuestamente obligó a empleados a pagarle un préstamo con el que sufragó su campaña. Las alegaciones son que en al menos un caso, el alcalde viabilizó un aumento de salario a un empleado para que este pudiera hacerle los pagos.

Preliminarmente, el Departamento de Justicia determinó que Irizarry Pabón pudo haber cometido extorsión, enriquecimiento injustificado y violaciones a las leyes de Ética Gubernamental y para la Fiscalización del Financiamiento de Campañas Políticas.

“Siempre he respetado nuestras instituciones de ley y orden, por lo que estoy plenamente confiado de que esta investigación aclarará toda la situación señalada y que de una vez y por todas se demuestre que no ha existido delito alguno de mi parte. Los ponceños no seguiremos cayendo en distracciones infructuosas”, dijo Irizarry Pabón en reacción a la decisión del Panel del FEI.

En la demanda por discrimen, José G. León Gaud, Juan A. Fraticelli Cabrera, Maribel Pérez Torres y Javier Pacheco González alegan que el alcalde los despidió o los obligó a renunciar por represalias políticos porque los cuatro participaron en el trámite del pago por liquidación de vacaciones y días por enfermedad para 17 empleados del municipio y un empleado temporero. Esto ocurrió el sábado, 9 de enero de 2021, cuatro días antes de la juramentación de Irizarry Pabón, por órdenes de la entonces alcaldesa interina, Yolanda Cruz.

Al asumir el cargo, Irizarry Pabón enfocó en ese proceso y realizó un referido criminal contra los cuatro empleados en el Departamento de Justicia. Además, ordenó una auditoría de la administración de su antecesora, María “Mayita” Meléndez Altieri. La demanda recoge que ninguna de las dos gestiones tuvo el resultado que el alcalde esperaba en cuanto a hallazgos de violación de ley o de mala administración pública.

“A pesar de la falta de hallazgos sobre mala conducta de parte de los demandantes, la administración del demandado Irizarry Pabón destituyó o forzó a renunciar a los demandantes de manera arbitraria, caprichosa y en contravención a sus derechos constitucionales y estatutarios… Además, los demandados discriminaron políticamente y persiguieron a los demandantes solo porque las acciones de los demandantes beneficiaron a empleados de confianza del PNP que, como resultado de las acciones de los demandantes, recibieron sus pagos por liquidación de beneficios a tiempo, cuando los demandantes hubieran preferido postergarlo”, se argumenta en la demanda en la que cada empleado afectado solicita compensación de $500,000.

Los demandantes tenían posiciones de carrera pero, al momento de tramitar los pagos el 9 de enero, eran contador (León Gaud), supervisor de nómina (Pacheco González), asistente administrativo (Fraticelli Cabrera) y empleada de Recursos Humanos (Pérez Torres).

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