Los hermanos Walter y Eduardo Pierluisi Isern, primos del gobernador Pedro Pierluisi Urrutia y contratistas de gobierno relacionados principalmente a la administración de complejos de vivienda pública, llegaron a un acuerdo para declararse culpable de cargos federales.

La información está contenida en una anotación en el calendario de la jueza Camille L. Vélez Rivé, quien tiene pautada para este jueves a las 9:00 am una vista en la que los hermanos deben confirmar que renuncian a su derecho a que los cargos sean emitidos por un gran jurado y que han llegado a un acuerdo con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico para declararse culpables inmediatamente de cargos que serán presentados mediante querella directa de esa oficina (“information”).

La aceptación de culpa ocurre apenas unos seis meses después de que autoridades federales allanaran las oficinas de Walter y de sus negocios, un bufete de nombre Pierluisi Isern Law Office y la empresa administradora de complejos de vivienda pública American Management and Administration Corp. El portal Jay Fonseca comunicó inicialmente el dato, que fue corroborado por NotiCel.

Ni en la anotación de calendario ni en los expedientes electrónicos del tribunal hay consignación todavía de cuáles son los cargos por los que se declararán culpables.

Walter está representado por los abogados Eduardo Ferrer y Osvaldo Carlo, quienes más recientemente defendieron al exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, en el juicio en el que fue declarado culpable de soborno. Eduardo está representado por los abogados María Domínguez Victoriano y Javier Micheo.

Cuando ocurrió el allanamiento, a fines de octubre del año pasado, la reacción inicial de Pierluisi Urrutia fue de distanciarse de sus primos, a pesar de que ambos habían tenido posiciones de responsabilidad y confianza en el equipo de campaña de 2020 que lideró su hermana, María de la Caridad Pierluisi Urrutia. Luego, la Administración de Vivienda Pública canceló los contratos de American Management efectivo el 30 de noviembre de 2022. La empresa prestaba servicios desde 1996 y, en su contrato más reciente, tenía asignados 34 complejos de vivienda en Aguada, Aguadilla, Arecibo, Hatillo, Isabela, Lares, Moca, Quebradillas, Rincón, San Sebastián y Utuado.

Además, la empresa había contratado en Peñuelas y Yauco para servicios relacionados a fondos federales de recuperación y revitalización por desastres naturales.

Hace unas tres semanas, en su mensaje de Situación del Estado, Pierluisi Urrutia abordó indirectamente la controversia sobre sus parientes.

“Apoyamos a nuestras autoridades de ley y orden, ya sean estatales o federales, para que investiguen y procesen a cualquiera que cometa un acto de corrupción, no importa quien sea, a quien conozca, de quien sea familia, sin excepciones”, dijo.

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