La defensa del convicto exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, pidió a la jueza federal Aida Delgado Colón que lo absuelva por insuficiencia de la prueba en el caso de la fiscalía, una movida rutinaria que probablemente no altere el veredicto del jurado, pero que se hace como parte de la estrategia de apelación.

En términos generales, si el juez entiende que el jurado acreditó credibilidad de los testigos de fiscalía y en ese ejercicio hizo inferencias relacionadas a los elementos del delito, no va a conceder la absolución. Pero si la jueza Delgado Colón, o los jueces apelativos, entendieran que la fiscalía no entró al récord elementos constitutivos de los delitos presentados, podría absolver, aunque implique revocar el veredicto del jurado.

En el caso de Pérez Otero, y previo al juicio, la jueza Delgado Colón había sopesado, y descartado, argumentos de que la acusación que fiscalía presentó carecía de elementos constitutivos de delito.

Los argumentos en la moción sometida el miércoles giran sobre el mismo punto que los abogados de defensa han expuesto antes: su entendimiento de que la fiscalía no introdujo evidencia de un acuerdo claro y específico (un ‘quid pro quo’) entre Pérez Otero y el contratista convicto Oscar Santamaría Torres de que a cambio del dinero que el segundo daba, el primero le aseguraría contratos y otros beneficios en el gobierno municipal.

“Ninguna de las grabaciones o mensajes de texto presentados en el juicio establecen el quid pro quo requerido por el Tribunal Supremo (federal)”, indica la moción de los abogados Osvaldo Carlo Linares, Eduardo Ferrer Ríos y José Olmo Rodríguez. Añadieron que la jurisprudencia federal requiere que la prueba del ‘esto por aquello’ sea “clara y sin ambigüedad y caracterizada por más que solo proximidad en tiempo (entre el pago y un acto), guiñadas o frases vagas como ‘deja ver qué puedo hacer’”.

Sobre el testimonio de Santamaría Torres, que comenzó con este afirmando que estaba allí porque le había pagado sobornos y terminó con este diciendo que sin los pagos que hizo a Pérez Otero no habría tenido negocio con el municipio, los abogados sostuvieron que éste no estableció un arreglo corrupto específico con el exalcalde. Solo que se ofreció “voluntariamente” a pagarle $70,000 en deudas de campaña y, una vez la deuda estaba extinguida, siguió pagando para estar de buenas con el funcionario.

“Sin embargo, los procesos mentales internos de Santamaría no pueden constituirse o presumirse que sean una especie de ‘acuerdo telepático’ con Pérez Otero. Esto es bien diferente a los exalcaldes de Trujillo Alto, Aguas Buenas y Cataño, en cuyos casos Santamaría detalló la solicitud de dinero para ganancia personal a cambio de contratos y con quienes él expresamente mencionó que tenía un quid pro quo”, resaltaron.

Sobre el testimonio del convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, en cuanto a las maneras en que los alcaldes manipulan los procesos de subasta y de contratación en los municipios, la moción propone que esa información solo se trajo para que el jurado hiciera una inferencia pero que, a contrapelo, no se trajo ninguna evidencia de que Pérez Otero hubiera, en efecto, intervenido o influenciado los procesos del municipio para favorecer a Santamaría Torres.

Apuntaron que del propio testimonio de Santamaría Torres surge que lo que le interesaba en Guaynabo era el contrato para la estación de trasbordo de desperdicios sólidos, el cual no se adjudicó a la empresa del testigo a pesar de que Pérez Otero estaba facultado en ley a hacer esa contratación de dedo. De la misma manera, recordaron que no hubo testimonio sobre favoritismo o trato especial a Island Builders, la empresa de Santamaría Torres que tuvo contrato con Guaynabo, y que la corporación participó en por lo menos un concurso de obras adicionales en el que no fue favorecida. Los trabajos contratados a Island Builders se realizaron y los pagos pasaron por el escrutinio del equipo municipal antes del desembolso, añadieron.

Para los abogados, el “déficit” de evidencia en el caso de la fiscalía fue la razón por la que pusieron a circular desde el mismo día del arresto la foto en la que el convicto aparece recibiendo un paquete con uno de los tres pagos de $5,000 que recibió de Santamaría Torres mientras este cooperaba con el gobierno federal.