Sin detalles, un juez federal determinó que la fiscalía puede entregar a la defensa cierta evidencia sensitiva, pero otra no, en caso contra exgobernadora.

El juez presidente del Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico, Raúl Arias Marxuach, ordenó ayer que parte de la evidencia sensitiva por seguridad nacional que el Departamento de Justicia federal tiene para el caso contra la exgobernadora Wanda Vázquez Garced no debe entregarse a la defensa, pero otra sí.

El proceso de evaluación de la evidencia ocurre de manera secreta y completamente entre los fiscales y el juez, por lo que no hay detalles sobre de qué evidencia se trata. Sin embargo, el 7 de marzo pasado durante una conferencia del status de los procesos, la defensa de Vázquez Garced aseguró que nada de esa evidencia tiene que ver con su cliente y anticiparon una petición para que no se le entregue nada de eso porque no quieren ser custodios de material sensitivo.

Por su parte, el coacusado Mark T. Rossini, un exagente del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) anticipó a través de sus abogados que buena parte de esa evidencia tendría que ver con él y se unió a una petición del otro coacusado, el banquero Julio Herrera Velutini, para que se le permita examinarla independientemente de la decisión del juez, algo que no está directamente contemplado en el protocolo para manejo de esta evidencia bajo la Ley de Procesos para Información Clasificada (CIPA en inglés).

En una orden de una página que es el resumen público de una determinación más amplia que se mantiene en secreto, Arias Marxuach indicó que “los Estados Unidos retendrán del descubrimiento de prueba cierta información clasificada y, como indicado en la Moción, proveerán a los acusados los sustitutos desclasificados en lugar de cierta otra información clasificada”.

De la orden del juez, se desprende que lo que concedió fue lo que Justicia federal pidió en una moción secreta a fines de febrero pasado, por lo que la orden de ayer no debe suponer una alteración a los planes que los fiscales tenían con esa evidencia.

El uso del protocolo de la ley CIPA supone que la evidencia consiste en información que ha sido marcada como sensitiva o secreta bajo el sistema de clasificación de documentos del gobierno federal y denota que la misma incide sobre asuntos de seguridad nacional.

Herrera Velutini está acusado de poner en marcha un esquema de sobornos con Vázquez Garced, y de intentarlo hacer con el gobernador Pedro Pierluisi Urrutia, para controlar el regulador bancario de Puerto Rico, la Oficina de Instituciones Financieras, de forma tal que pudiera manejar a su antojo el banco que fundó en la isla y que ahora está en procesos de disolución, Bancrédito International Bank & Trust.

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