Los primeros testimonios en el juicio contra Ángel Pérez fueron sobre el trámite del contrato de la empresa Island Builders, de Oscar Santamaría, en Guaynabo.

Con un cambio en el orden lógico de los eventos, la fiscalía federal decidió comenzar sus testimonios contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, con relatos sobre el trámite que tuvo en el municipio el contrato de la empresa del convicto Oscar Santamaría Torres, en vez de con el testimonio del propio contratista, que podía explicar a los jurados desde cuándo conoce al exalcalde y cómo llegó a conseguir los trabajos para su empresa, Island Builders, en esa ciudad.

Eduardo Rafael Faría Rodríguez, un funcionario de Guaynabo desde 2006 actual vicealcalde y que es protegido político del clan O’Neill, y Carlos de Jesús Pagán, un testaferro que Santamaría Torres puso como presidente de Island Builders, fueron los primeros dos testigos en el juicio por conspiración, soborno y extorsión. Esperando oculto, fuera de sala, estaba el exalcalde de Cataño, el convicto Félix “El Cano” Delgado Montalvo, pero la fiscalía todavía no lo llamó y hoy, viernes, seguirá en la mañana el testimonio de De Jesús Pagán.

Según escucharon los jurados el jueves durante las exposiciones iniciales de fiscalía y defensa, Pérez Otero y Santamaría Torres tienen una historia de 20 años, cuando coincidieron en la Cámara de Representantes, que se fracturó cuando el contratista respaldó al senador Carmelo Ríos en su primaria contra Pérez Otero y que se enmendó por intervención de Delgado Montalvo. La reconciliación llevó al acuerdo ilegal por el que ahora el exalcalde está acusado: pagos regulares de $5,000 por parte de Santamaría Torres a Pérez Otero a cambio de contratos en Guaynabo.

Pero, en vez de comenzar por el principio de la relación, los fiscales Myriam Fernández y Nicholas Cannon optaron por comenzar en el medio, cuando el municipio extendió el contrato a la empresa de Santamaría Torres el 10 de junio de 2020 que fue enmendado en tres ocasiones para llevarlo a un total de $2 millones.

Faría Rodríguez era entonces un abogado en la División Legal, a quien su jefe, Fernando Pérez del Valle, le asignó preparar el contrato para firma. El abogado hizo “observaciones” sobre la falta de documentos, incluyendo cotización, propuestas, certificación del área de Finanzas y descuadre entre el monto del borrador, $ 871,751, y la petición del director de Obras Públicas para un contrato de $950,000.

La fiscalía parecía querer atacar de entrada la propuesta que planteó al jurado el abogado de defensa, Osvaldo Carlo Linares, de que su cliente había recibido pagos de Santamaría Torres, pero no eran sobornos, sino donativos políticos a cambio de los cuales el contratista no recibió trato especial y se había cumplido con todos los requisitos de ley en la tramitación del contrato y pagos de su empresa. La fiscal Fernández llevó al testigo a vertir para récord cómo directores de área que tenían potestad sobre el contrato de Santamaría Torres eran personas que habían llegado al municipio con Pérez Otero y con los cuales tenía relaciones cercanas. De esta manera, el jurado supo que el expresidente de la Junta de Subastas, Raúl Torres Gómez, era exesposo de la esposa de Pérez Otero, la exlegisladora y exjueza Liza Fernández, y que Pérez del Valle fue el abogado en el divorcio de Torres Gómez y Fernández.

“Cuando todo esto termine, que podamos hablar, yo les voy a hablar. Yo como esposa de Ángel, como abogada y como exjuez también”, dijo Fernández al salir del tribuna tras el testimonio de Faría Rodríguez.

El vicealcalde no era solo un abogado raso cuando en junio de 2020 hizo sus observaciones sobre el borrador del contrato de Island Builders, era también el exdirector de Recursos Humanos bajo cuyo término en esa oficina ocurrieron varios casos de hostigamiento sexual relacionados a O’Neill y su hijo, el hermano del actual alcalde. De hecho, la Oficina de la Procuradora de las Mujeres multó a Faría Rodríguez por $250 debido a su incumplimiento con el plan de acción afirmativa en contra del hostigamiento sexual. Cuando Pérez Otero llegó a la alcaldía en agosto de 2017 lo removió de Recursos Humanos y devolvió a su puesto de carrera en la División Legal.

En su contrainterrogatorio, el abogado del exalcalde, Eduardo Ferrer Ríos, intentó introducir el elemento de la lealtad del testigo hacia O’Neill, a quien llamó “enemigo político de mi cliente”, pero la fiscalía objetó esa línea y la jueza Aida Delgado Colón atajó al abogado. A la salida del tribunal, Carlo Linares dijo que respondió a “estrategia” no impugnar directamente a Faría Rodríguez con su involucración en los escándalos de hostigamiento sexual en el municipio y que incluyen que, según documentos judiciales, tuvo una relación extramarital con otra abogada del ayuntamiento, María Jelú Iravedra, mientras esta era hostigada por uno de los hijos de O’Neill. Más recientemente, como vicealcalde, el testigo tramitó la autorización en la Asamblea Municipal de la autorización para el pago de $375,000 con los cuales transigir otro pleito por hostigamiento y agresión sexual contra el exalcalde O’Neill.

Ferrer Ríos estableció también que, al momento de hacer las objeciones, en verano de 2020, estaban en plena pandemia por lo que el propio contrato establecía una prórroga de 60 días para conseguir los documentos y certificaciones una vez terminara el periodo de emergencia. Pero el testigo dijo que, cuando encabezó el comité entrante de transición del actual alcalde, Edward O’Neill Rosa, todavía el expediente del contrato carecía de los documentos requeridos. El contrato con Island Builders lo firmó la entonces vicealcaldesa Mariela Vallines Fernández, quien hoy dirige la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones. Dos de las enmiendas las firmó su sucesora, la exjueza de apelaciones Luisa M. Colom García.

Por su parte, en su testimonio, De Jesús Pagán dijo que está con Island Builders desde 2018 y que lo contrató Santamaría Torres, a quien se reportaba directamente aún cuando, formalmente, el presidente de la empresa era el testigo. El testigo ni podía firmar en la cuenta de banco de la empresa. Cuando llegó a la empresa, no tenía contratos y luego tuvo contratos públicos y privados. Según la Oficina del Contralor, los públicos fueron con los municipios de Cataño, Aguas Buenas, Arecibo y Guaynabo. De esos, solo el exalcalde de Arecibo, Carlos Molina, no ha sido procesado. También tuvo con la Corporación del Proyecto Enlace del Caño Martín Peña.

El testigo, quien cualifica la mayoría de sus contestaciones con frases como “si mal no recuerdo”, relató que un día Santamaría Torres le adelantó que lo iban a llamar de Guaynabo para unos trabajos y así fue, lo llamaron de Obras Públicas municipales y el director Wilfredo Martínez le dio los documentos que necesitaba para licitar en dos proyectos, uno en barrio Río y otro en el barrio Los Frailes. El contratista con 20 años de experiencia fue a los lugares, hizo cotizaciones, sometió para la fecha límite y lo llamaron para decirle que le iban a adjudicar uno de los trabajos, el del barrio Río. El contrato, y las enmiendas posteriores, los firmó acudiendo a la División Legal del ayuntamiento.

El trabajo contratado consistió en ensanchar las carreteras y conllevaba remover asfalto viejo para repavimentar. Ese renglón de asfaltar era el de mayor margen de ganancias para la empresa, pero un día inspectores y personal de Obras Públicas le comentaron que le iban a quitar esa parte del trabajo. De Jesús Pagán lo comunicó, preocupado, a Santamaría Torres. Luego hubo una reunión en Obras Públicas con el personal municipal, incluyendo Martínez, en la que el testigo planteó su preocupación sobre el asfalto, le dijeron que acogerían la misma y no le quitaron ese trabajo a Island Builders.

La fiscal Fernández pareció aprovechar el testimonio de De Jesús Pagán para fortalecer la jurisdicción federal en el caso porque lo llevó a establecer que tanto los materiales como las maquinarias usadas en los trabajos del contrato no se producen en Puerto Rico, sino que tienen que ser importadas mediante el comercio interestatal.

Los trabajos públicos del juicio el jueves se vieron atrasados por la discusión de una moción confidencial que la defensa sometió el miércoles en la noche. La discusión entre fiscales, abogados y acusado se llevó a cabo en el despacho de la jueza y, al terminar, nada se informó, excepto que dos de los jurados fueron eliminados y sustituidos por alternos. De esa manera, la composición del jurado cambió de nueve mujeres y tres hombres a diez mujeres y dos hombres.

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