El exalcalde de Cataño, convicto por corrupción, confirmó que el momento de la verdad para comenzar a cooperar fue cuando agentes indagaron sobre el empleo de su esposa en el Fondo.

La fiscalía federal pareció usar esta mañana un truco de espejo en el caso contra el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, al llamar como testigo al exalcalde de Cataño, el convicto por corrupción Félix Daniel “El Cano” Delgado Montalvo, para que éste hablara de los códigos de corrupción que usan los alcaldes que se dejan sobornar, como está imputado de hacer el acusado.

Con su intervención en el banquillo, Delgado Montalvo se muestra a los jurados como un espejo de Pérez Otero para que decidan si se trata de un reflejo exacto y, por ende, el acusado es igual de culpable que él, o es un reflejo distorsionado y el acusado no sería igual de culpable.

El testimonio de Delgado Montalvo apenas comenzó unos minutos antes de que la jueza Aida Delgado Colón decretara receso de almuerzo, así que en la tarde habría más testimonio directo y probablemente el contrainterrogatorio de la defensa.

Hasta ahora, el exalcalde de Cataño detalló cuáles fueron sus actos de corrupción, cómo y cuándo decidió cooperar con las autoridades federales, y el “código” que usan los alcaldes corruptos para ejecutar esquemas ilegales.

Confirmó que está cooperando desde verano de 2020 y se reveló que su renuncia a la alcaldía el 30 de noviembre fue un requerimiento específico de su acuerdo de culpabilidad. Bajo ese acuerdo, tenía que renunciar a su cargo público y se supone no vuelva a postularse. Renunció “porque me declaré culpable de actos de corrupción”, dijo en sus primeras respuestas como si estuviera preparando la garganta para las confesiones que seguirían.

Al repasar su acuerdo de culpabilidad por los sobornos que recibió de Oscar Santamaría Torres, el testigo explicó que la frase de que con el soborno se aseguraría de que se otorgaran contratos a este, dijo que eso es así porque “el alcalde es el que tiene la última palabra siempre en el municipio”, así que era “bien poco probable” que un contrato se moviera sin su autorización, incluso cuando no aparece firmando personalmente los contratos. De la misma manera, los jurados ya han visto que el contrato en Guaynabo con la empresa Island Builders, también de Santamaría Torres, no está firmado por el alcalde sino por la vicealcaldesa.

Para explicar la lógica del acuerdo con Santamaría Torres, dijo que “cuando uno tiene el poder como alcalde, hay personas que han ayudado en campaña y hay que compensarlos mediante darles contratos. Si no se hace, vamos a tener problemas, podemos tener problemas”, añadió.

Delgado Montalvo se declaró culpable de recibir sobornos desde que llegó a la alcaldía en 2017 y todo corrió suave para él hasta 2019, cuando empezaron los rumores de que el Negociado Federal de Investigaciones (FBI) lo estaba investigando.

“En ese momento, lo cogí liviano, me reuní con el licenciado Santamaría, que era el que me estaba dando los sobornos, y hablamos que estuviéramos tranquilo porque si ninguno de los dos hablábamos, no iba a pasar nada”, relató.

La tranquilidad se esfumó en verano de 2020 cuando el FBI visita centros comerciales, particularmente una tienda de ropa italiana de diseñador en The Mall of San Juan, y a agencias de gobierno, “y me entra la preocupación porque yo sabía que estaba haciendo algo incorrecto”, recordó. Cuando “mencionan también a mi señora esposa, que fueron a buscar papeles el FBI al Fondo, me preocupa mucho más… ahí decido llamar a mi abogado”.

La esposa de Delgado Montalvo, Roxanna Sifre Maldonado, tenía una posición de ayudante del administrador en la Corporación del Fondo del Seguro del Estado (CFSE), pero realmente era un empleo fantasma porque la enviaron en destaque a la Legislatura a trabajar con la exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano, en donde, según se publicó, no se le supervisaba y estaba en actividades con su esposo en horas en las que se supone trabajara. A pesar de expresiones que hubo después de que se declarara culpable de que la pareja estaba en proceso de separación, el testigo se refirió a ella en todo momento usando el término presente de “mi esposa”.

El exalcalde aseguró que antes de que el FBI fuera al municipio o a dónde él, su abogado los llamó para una reunión. “Yo doy el paso de ir directamente al FBI… se coordinó reunión con fiscalía y FBI en la oficina de mi abogado y yo le expliqué los actos de corrupción que yo estaba haciendo y que hice por todo ese tiempo”, consignó para marcar el momento del inicio de su cooperación que consistió en dar información a las autoridades, entregar los cinco relojes Rolex y $105,820 en efectivo que recibió en soborno durante ese periodo y grabar reuniones y conversaciones, tanto presenciales como telefónicas. A preguntas de la fiscal Myriam Fernández aclaró que nunca grabó a Ángel Pérez y la lista de las grabaciones que hizo se limitaron a los casos de contratistas que ya se conocen. No se menciono la grabación de ninguna otra persona que no estuviera procesada ya criminalmente.

Al tomar ese paso, Delgado Montalvo decidió por su esposa en vez de por la lealtad a Santamaría Torres, a quien conocía desde 2005 cuando ambos trabajaban en el Capitolio y quien lo ayudó a salir electo al dar asesoría legal a su equipo de campaña para ejecutar recusaciones de electores.

“Jamás” dijo tajantemente cuando la fiscal le preguntó si había cogido dinero de alguien que no fuera como Santamaría Torres, de confianza. “Porque cuando eres alcalde, si tú no tienes la confianza con la persona, tú no vas a recibir dinero porque te vas a exponer a otras cosas. Aquí entra un código de lealtad, se pudiera decir, entre ambas partes de que ninguna va a delatar a la otra”, dijo en su cátedra sobre corrupción.

Al hablar de su tiempo en el Capitolio, el testigo dijo que trabajó en la Oficina de Nombramientos del Senado cuando la dirigía el hoy juez asociado del Tribunal Supremo, Erick Kolthoff Caraballo, a quien le siguió en esa oficina la actual jueza de apelaciones, Maritere Brignoni Mártir.

En su exposición inicial el jueves, la defensa de Pérez Otero había adelantado que se conocería cómo el poder de Santamaría Torres llegaba hasta jueces del Supremo.

Otro elemento del código de corrupción es cómo controlar la Junta de Subastas para poder hacer creer que se trata de un cuerpo independiente al alcalde. La fiscalía entró en ese aspecto en ataque preventivo obvio a la alegación de la defensa de Pérez Otero de que el contrato de Santamaría en Guaynabo no dependió de intervención del alcalde porque pasó por la Junta de Subasta.

La fiscalía ya había establecido que el presidente de la Junta de Subasta bajo Pérez Otero era Raúl Torres Gómez, exesposo de la primera dama del municipio, la exlegisladora y exjueza Liza Fernández. Pero Delgado Montalvo explicó en su testimonio que la forma de darle la vuelta a las licitaciones de subasta es que el alcalde escoge a los miembros de la junta y “después que tenga a uno que responda completamente a mí, yo sé que se puede manipular esa Junta de Subasta”, por ejemplo, usando a ese leal para pasarle las especificaciones que el contratista le provee al alcalde para que los requisitos de los trabajos a licitar sean definidos a la medida del contratista.

“Tienes que tener a alguien de confianza, al igual que cuando coges los sobornos, tienes que tener a una persona que confíes para cometer las ilegalidades”, subrayó. “Tenía que ser de mi extrema confianza para yo pedirle que se hiciera lo que yo quería que se hiciera… en el caso mío, era la misma persona, era el de Obras Públicas que estaba en la Junta de Subasta”, dijo sobre Pedro Marrero Miranda, quien se declaró culpable y fue sentenciado a 30 meses de cárcel como parte de este esquema.

Todas estas explicaciones, Delgado Montalvo las ofrecía de manera fría y natural. Al cruzar por la sala, evadía la mirada del público y solo miró directamente a Pérez Ortiz cuando la fiscal Fernández le pidió que describiera su vestimenta para efectos de identificarlo en sala.

Otro elemento del código es el intercambio de favores.

Delgado Montalvo recordó que, cuando perdió la elección a la alcaldía de Cataño en 2012, el entonces alcalde de Guaynabo, y ya declarado “enemigo político” de Pérez Otero por los abogados de defensa, lo recogió en ese municipio y le dio trabajo en la “minialcaldía” del barrio Amelia. En 2015, se va a hacer campaña para los comicios de 2016, dejó de trabajar y Santamaría Torres comenzó a mantenerlo completamente, mediante un arreglo que no detalló.

Luego, en 2020, siendo alcaldes ambos, tanto Delgado Montalvo como Santamaría Torres se involucraron en la elección interna de la Federación de Alcaldes resultando en que el testigo fuera tesorero de la entidad y el acusado fuera presidente. “Consiguió varios votos”, dijo Delgado Montalvo sobre Santamaría Torres, de quien se sabe tenía esquemas de soborbo en varios municipios del Partido Nuevo Progresista (PNP), cuyos alcaldes están agrupados en la federación, como en municipios del Partido Popular Democrático (PPD), cuyos alcaldes se unen en la Asociación de Alcaldes.

Otro favor fue que Santamaría Torres le pidió que le diera trabajo a la esposa de Pérez Otero, quien había dejado su posición como jueza. “En ese momento, no necesitábamos servicios legales porque eran bastantes (abogados) pero, por hacerle un favor al licenciado Santamaría”, le extendió el contrato a Fernández. “Santamaría quería estar bien con Ángel y yo quería estar bien con Oscar”, resumió.

En otro ataque a la defensa de Pérez Otero, Delgado Montalvo dijo que los donativos en efectivo se reportaban a la Oficina del Contralor Electoral (OCE) y que el dinero que Santamaría Torres le dio no eran donativos políticos, sino para él, y con el mismo se compró ropa, jugó caballos, se iba a beber, pagaba ‘rounds’ a otras personas y ocasionalmente pagaba a renta de su hogar.

Contó también que en una de las muchas ocasiones en que los alcaldes federados estaban reunidos en el Centro de Convenciones de Cataño, Santamaría Torres lo llamó para que saliera y fuera a su vehículo a recibir un pago de soborno y le pidió que llamara a Pérez Otero, lo que hizo. “Voy y le digo a Ángel, ‘Ángel, Oscar te está buscando, está abajo’”, y, en efecto, Pérez Otero fue a encontrarse con el contratista.

En su contrainterrogatorio, el abogado Osvaldo Carlo Linares estableció que Delgado Montalvo tenía un “incentivo” para testificar porque la ficalía le había perdonado irregularidades relacionadas a unos $19 millones en contratos públicos con cuatro compañías relacionadas a Santamaría Torres.

El exfiscal intentó introducir preguntas relacionadas a supuestas actividades de narcotráfico de Santamaría Torres, a lo que Delgado Montalvo dijo al presentador Rubén Sánchez en su última entrevista para la emisora WKAQ 580 y a la exrepresentante, hoy acusada federal por corrupción, María Miagros Charbonier Laureano, pero la jueza las atajó por objeción de la fiscalía.

Carlo Linares pudo establecer que Delgado Montalvo también fue beneficiario de un favor cuando la CFSE envió a su esposa en destaque a la oficina de Charbonier Laureano, aunque no le preguntó exactamente quién le había hecho el favor, si la representante o el administrador del Fondo. El abogado también logró que el testigo dijera al jurado que las irregularidades con donativos políticos se resuelven administrativamente en la OCE, lo que va a la teoría de defensa de que el dinero que Santamaría Torres dio a Pérez Otero era estrictamente por concepto de donativos de campaña y no soborno.

Delgado Montalvo salió del tribunal por un acceso preferente y escoltado por el agente del FBI, Juan Carlos López. Su abogado, Juan Matos de Juan, indicó a los periodistas que la recomendación de sentencia que negoció con fiscalía para su cliente es de 15 meses de cárcel pero que, llegado el día de sentencia que todavía no está señalado, argumentaría al juez federal Raúl Arias Marxuach por una sentencia menor, incluso llegando solo a probatoria.

Pérez Otero está acusado de conspiración, soborno y extorsión relacionado con tres pagos en efectivo de $5,000 que recibió de Santamaría Torres a cambio de supuestamente garantizarle contratos en el municipio.

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