El jurado fue escogido y la fiscalía adelantó algunas de las personas que se podrían mencionar en el caso, pero compromisos del tribunal dejan en suspenso el juicio contra exalcalde de Guaynabo.

Un grupo de nueve mujeres y tres hombres componen el jurado que fue escogido y juramentado el lunes para evaluar la evidencia en contra del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, pero el desfile de esa evidencia quedó para el jueves por compromisos de la jueza federal Aida Delgado Colón fuera de Puerto Rico.

La suspensión de los trabajos por dos días ocurrió después de que el Departamento de Justicia federal leyera una lista de personas que pueden ser mencionadas durante el juicio. Esto es normal y se hace con el propósito de que los jurados potenciales puedan identificar conflictos que le impidan descargar su responsabilidad de manera justa e imparcial.

Los nombres en la lista no se limitan a personas que vayan a sentarse como testigos del gobierno o que estén cooperando con el mismo. Por ejemplo, se mencionó a la esposa de Pérez Otero, la exsenadora novoprogresista y exjueza superior, Liza Fernández Rodríguez, pero la mujer dijo al salir del tribunal que no había sido entrevistada por agentes federales. Fernández Rodríguez y su esposo protagonizaron varias controversias en la arena política, como el cuestionamiento sobre la residencia de la pareja porque ella fue electa al Senado por San Juan mientras él lo fue como representante de distrito en Guaynabo; y la impugnación de su nombramiento como jueza porque no tenía los años de experiencia profesional que dictaba la ley.

Como se había anticipado, la lista de fiscalía incluye también a los convictos por corrupción, Félix “El Cano” Delgado Montalvo, y los contratista Oscar Santamaría Torres y Raymond Rodríguez Santos. De materializarse estos testimonios, sería el primero que cualquiera de los tres provee desde su declaración de culpabilidad en diciembre de 2021. Las alegaciones contra Pérez Otero, y unas fotos que la fiscalía ya divulgó, vinculan hasta ahora a Santamaría Torres directamente.

Se mencionaron a los contratistas José Bou Santiago y a Mario Villegas Vargas, así como a los exalcaldes populares José Luis Cruz Cruz (Trujillo Alto) y Luis Arroyo Chiqués (Aguas Buenas), todos los cuales han aceptado culpa y ya fueron sentenciado con relación al esquema de soborno a cambio de contratos que Santamaría Torres ejecutó en varios municipios de ambos partidos principales. Pero en ninguno de esos casos ha ocurrido confirmación de que estén cooperando con las autoridades.

Las dos menciones que más preguntas generan, sin embargo, son las del exvicealcalde de San Juan, Alberto Escudero Morales, y el exalcalde de Cidra, Javier Carrasquillo Cruz.

Escudero Morales renunció sorpresivamente en septiembre del año pasado supuestamente para dedicarse a las finanzas políticas del alcalde de la capital, Miguel Romero Lugo. El hombre ya había realizado esas funciones para el alcalde durante la campaña del 2020. A Romero Luego se le cuestionó, pero no se recomendó la radicación de cargos, porque, siendo senador, recibió asfalto de la compañía de Rodríguez Santos, J.R. Asphalt, Inc., para trabajos en San Juan que Romero Lugo promocionó y luego la empresa recibió contrato en la capital bajo el actual alcalde. La hermana de Escudero Morales, Gloria, sigue como presidenta de la Legislatura Municipal.

Carrasquillo Cruz, por su parte, fue el alcalde que empolló el esquema de Santamaría Torres en su municipio cuando era alcalde de Cidra. Santamaría Torres comenzó como su asesor legal y se convirtió en suplidor del mismo municipio cuando creó la empresa Waste Collection, Corp., otra de las involucradas en el esquema. Contra Carrasquillo Cruz tampoco hubo radicación de cargos por el trámite municipal que favoreció a Carrasquillo Cruz.

Pérez Otero enfrenta cargos por de conspiración, soborno y extorsión so color de autoridad. Específicamente, habría recibido tres pagos ilegales de $5,000 cada uno de parte de Santamaría Torres para que una empresa asociada a este, Island Builders, recibiera contratos. En mociones previas al juicio, la defensa planteó que los pagos eran donativos políticos y no soborno, pero la fiscalía ha ripostado que conoce que Santamaría Torres sufragó la campaña de Pérez Otero para la elección especial con la que llegó a la alcaldía de Guaynabo, pero los pagos imputados no se refieren a eso.

El domingo en la noche, la defensa sometió una moción sellada que debe ser de supresión de evidencia, pero la jueza la denegó de plano al inicio de los trabajos el lunes.

Además de las nueve mujeres y tres hombres en el jurado regular, hay dos mujeres y dos hombres como jurados alternos.

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