El caso contra el exalcalde de Guaynabo, y expresidente de la Federación de Alcaldes, es el primero que llega a juicio de los relacionados al esquema de corrupción con contratos de basura y construcción en distintos municipios.

Casi un año y tres meses después de su arresto, el exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero, enfrenta desde hoy el juicio por los cargos de conspiración, soborno y extorsión so color de autoridad que le presentó un gran jurado federal por supuestamente recibir dinero del contratista convicto, Oscar Santamaría Torres, a cambio de la concesión de contratos en el municipio.

Santamaría Torres es el eje de múltiples acusaciones que presentó la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico contra ejecutivos municipales de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD). Todos esos casos se han resuelto mediante alegaciones de culpabilidad, por lo que el proceso contra Pérez Otero es el primero en el que el público puede conocer la evidencia que la fiscalía acumuló en estas investigaciones de corrupción.

Hasta último momento, la fiscalía extendió ofertas a Pérez Otero para declararse culpable, pero las conversaciones no prosperaron, aún después de que la jueza Aida Delgado Colón descartó mociones de la defensa para posponer el juicio debido a publicidad perjudicial o desestimar cargos porque carecían de especificar qué fue lo que el exalcalde supuestamente concedió al contratista a cambio de un dinero.

En los escritos, la defensa, integrada por los abogados Osvaldo Caro Linares, Eduardo Ferrer Ríos y José Olmo Rodríguez, adelantó que argumentará que el dinero que Santamaría Torres daba era un donativo de campaña.

Pero la representación del gobierno, el fiscal Nicholas Warren y la recientemente asignada Myriam Fernández González, consignaron que estaban al tanto de que Santamaría Torres le pagó la deuda de $70,000 por la campaña especial de 2017 con la que Pérez Otero llegó a la alcaldía después de la renuncia del exalcalde Héctor O’Neill, pero que los cargos no se referían a esos pagos.

Esto deja planteado que el dinero que el acusado habría recibido del contratista es mucho mayor a los tres pagos de $5,000 en efectivo a los que alude la acusación y también que Pérez Otero pudo haber violado leyes locales sobre los límite de los donativos políticos y la forma de reportarlos.

Al decidir estas mociones, específicamente en una opinión que emitió el miércoles pasado, la jueza Delgado Colón repartió regaños tanto a la defensa como a la fiscalía por la forma en que habían manejado las reclamaciones con antelación al juicio.

Sobre la moción de la defensa relacionada al supuesto perjuicio que le había causado el que la fiscalía hubiera publicado dos fotos en diciembre de 2021 que supuestamente mostraban al contratista entregando un paquete de dinero al exalcalde, dijo que estaba “lejos de ser un parangón de claridad”.

Por otro lado, la jueza describió la respuesta de la fiscalía como “esquelética” y que “dejaba mucho que desear”. “El tribunal espera más diligencia del gobierno de ahora en adelante”, apuntó. La fiscal Fernández González recientemente obtuvo convicciones en los casos por la inversión fraudulenta de $9 millones en el municipio de Mayagüez, ante Delgado Colón, y el del productor Sixto Jorge Díaz Colón.

A raíz de expresiones públicas sobre el caso que hizo Carlo Linares, quien también es comentarista en radio y televisión, la jueza además aprovechó para aconsejar “fuertemente” a todas las partes a “ejercer la mayor cautela, discreción y moderación cuando hablen o se comuniquen con la prensa sobre este caso, de manera que, intencionalmente o no, afecten la integridad de los procesos”. “Dicha conducta no será tolerada”, advirtió.

En el tema del supuesto perjuicio por las fotos, se mostró sorprendida por la “falta de diligencia” que mostró Pérez Otero al esperar más de un año desde la publicación para quejarse y que lo hubiera hecho presentando como apoyo apenas un informe “que no está verificado ni firmado” sobre la cantidad de veces que se compartieron en redes sociales las noticias con las fotos.

“Su silencio (sobre la tardanza) es ensordecedor y obliga a la pregunta de si la moción refleja una táctica calculada en vez de una preocupación genuina… El tribunal no considera que estas imágenes sean sensacionalistas o inflamatorias de su faz”, resolvió.

“Más aún, parece que las fotografías no constituyen el grueso de la evidencia del gobierno (presumiblemente, el testimonio del individuo cooperador que facilitó los videos o grabaciones) pero, en vez, sirven para corroborar el testimonio de un testigo futuro”, añadió Delgado Colón al aludir a uno de los momentos más anticipados del proceso, cuando Santamaría Torres ocupe el banquillo de los testigos por primera vez en público.

El mismo día que arrestaron a Pérez Otero, las autoridades federales arrestaron, por los mismos delitos, al exvicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona. Este se declaró culpable antes de que comenzara un juicio y recibió condena de 30 meses. Si Pérez Otero es declarado culpable, se podría esperar una sentencia mayor a 30 meses.

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