El Alto Foro interpretó la coda en una pugna entre la Sinfónica y sus músicos.

El Tribunal Supremo ordenó a la Corporación de la Orquesta Sinfónica de Puerto Rico (COSPR) celebrar los conciertos benéficos necesarios para hacer las aportaciones patronales al plan de pensión de sus músicos o, en la alternativa, pagar $80,000 al plan.

La intervención del Supremo fue necesaria porque el sindicato de los músicos, la Local 555 de la American Federation of Musicians (AFM), impugnó un laudo de arbitraje que interpretó el convenio colectivo como que le daba discreción a la COSPR a celebrar conciertos a favor del plan de pensión, en vez de que estuvieran obligados a hacer los conciertos.

De la misma manera que los músicos interpretan notas en sus partituras, a los jueces asociados les tocó interpretar el significado de una sola palabra en el convenio colectivo: podrá.

El Artículo Décimo del convenio indica que “[p]ara incrementar el dinero disponible en dicho plan, la COSPR podrá realizar por lo menos cuatro (4) conciertos por cada temporada de Convenio cuyos ingresos serán destinados al Plan de Pensiones”.

Cinco jueces votaron que ese “podrá” es como un allegro, un movimiento musical claro que recoge los elementos principales de la obra y, por ende, una obligación de la COSPR. Tres jueces disidentes, vieron el “podrá” como un adagio, más fluído y, por ende, solo algo discrecional que la COSPR puede acatar o no, según le parezca.

“[I]nterpretar que el Artículo Décimo del Convenio Colectivo impone una obligación de carácter discrecional, sería presumir que las partes pactaron una obligación que no busca tener efecto alguno y cuya existencia no cumple ningún propósito... Si queda a completa discreción de la COSPR, igual daría que esta celebre uno, dos, tres o incluso ningún concierto. Es decir, bajo esa interpretación, sería imposible que la COSPR incumpla con la obligación impuesta y estaríamos interpretando que dicha oración se añadió al Convenio Colectivo sin utilidad alguna”, escribió en una opinión de conformidad el juez asociado Edgardo Rivera García, director de la orquesta de votos mayoritarios que incluyen también a Mildred Pabón Charneco, Luis Estrella Martínez, Ángel Colón Pérez y la jueza presidenta Maite Oronoz.

Observaron que la COSPR cumplió con los conciertos todos los años desde 2005, excepto en la temporada en controversia, la de 2018-2019, que no los realizaron.

Para este grupo de jueces, la actuación de la COSPR está revestida de mala fe porque pretende tener la facultad de rehuir el compromiso de las aportaciones al plan de pensión. “Confirmar la determinación del árbitro representaría un fracaso de la justicia en proteger la dignidad en el empleo de los músicos”, enfatizaron.

De otro lado, el juez asociado Rafael Martínez Torres fue el director de la orquesta de disidentes que incluyó a los jueces Erick Kolthoff Caraballo y Roberto Feliberti Cintrón.

Estos argumentaron que el “podrá” del convenio no es disonante, sino armonioso, y que, como su uso y contexto estaban claros, se debió interpretar literalmente.

“Puedo reconocer el interés de proteger las pensiones de los músicos. No obstante, conforme a derecho, no nos correspondía modificar una cláusula contractual clara y específica, sino circunscribirnos a su sentido literal… En general, estamos concluyendo que aun cuando la COSPR no pueda realizar sus conciertos regulares de temporada, tiene la obligación de realizar esos cuatro conciertos o emitir una contraprestación económica para los fondos de pensiones”, expuso Martínez Torres.

El Supremo interpretó el último movimiento en esta sinfonía legal, el coda, después de que el Tribunal de Primera Instancia avalara el laudo de arbitraje que la unión impugnó y de que el Tribunal de Apelaciones rechazara revisar esa determinación.

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