Abogado divulga conversación que fiscalía no usó y planteó que tres testigos se perjuraron ante gran jurado.

La defensa del convicto productor de radio y televisión, Sixto Jorge “George” Díaz Colón, pidió a un juez federal que le permita divulgar evidencia que la fiscalía federal le entregó, pero no usó, en el caso, tanto como parte del proceso apelativo de su condena como por su derecho a la libertad de expresión y el derecho de la prensa a conocer información que permita escudriñar la conducta de la fiscalía.

Como parte de su solicitud, el licenciado Rafael Castro Lang divulgó la transcripción de la primera conversación que su cliente tuvo con el testigo principal de la fiscalía, el exsecretario de Asuntos Públicos Anthony Maceira Zayas, el 21 de junio de 2019 en el restaurante MUSA y en la que, distinto a lo alegado en el juicio, no hay referencia a la supuesta extorsión por $300,000 que el convicto habría pedido.

Según la prueba del gobierno, el caso comienza con un texto que Díaz Colón envía a Maceira Zayas el 20 de junio advirtiendo que la Administración Rosselló Nevares se iba a “joder” si no dejaban quieto al entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, porque su hijo, Raúl Maldonado Nieves, tenía suficiente evidencia de escándalos y corrupción gubernamental. Maceira Zayas coordinó el almuerzo del día siguiente y lo grabó con su teléfono. Aunque testificó sobre el contenido de esa conversación durante el juicio y sobre la supuesta extorsión por $300,000 a la que el productor lo había sometido, la fiscalía nunca presentó en evidencia la grabación ni la transcripción.

En la transcripción divulgada ahora, no se mencionan los $300,000 y el productor específicamente le dice a Maceira Zayas que el mensaje del día anterior no fue una amenaza. El productor sí aparece diciendo que puede ayudar al gobierno con un segmento en su programa llamado La Buena Noticia, en la que solo se reseñaran acciones gubernamentales positivas y le pide al funcionario que el gobierno paute en su programa basado en los números de su audiencia. Maceira Zayas dijo en juicio que no creyó al productor cuando le dijo que no era una amenaza, que se sintió como cuando los mafiosos en las películas tratan con cariño a quienes le hacen daño y que inmediatamente salió de MUSA la preocupación y asombro lo llevaron a contar lo sucedido a su amigo, Carlos Mercader, el exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y, días después, al exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera. La fiscalía no presentó como testigos de corroboración a ninguna de las personas con las que el exfuncionario dijo que habló.

Hace poco más de un mes, Díaz Colón fue encontrado culpable de extorsión, intento de extorsión y destrucción de evidencia. Su apelación no se ha presentado todavía, pero sí están sometidas mociones para absolución y nuevo juicio. Esas mociones son confidenciales, pero, de manera pública, se está discutiendo también la aplicación continua de una orden protectora que emitió el juez y que prohíbe la diseminación de evidencia del caso.

La fiscalía federal había reconocido que ya no está vigente una orden de mordaza que solo aplicaba mientras estuviera pendiente el juicio, pero pidió al juez que mantuviera la vigencia de la orden protectora de evidencia y que le ordenara a la defensa devolver o destruir específicamente aquel descubrimiento de prueba relacionado a testimonio vertido ante gran jurado en la etapa investigativa del caso. Parte de los argumentos para la devolución o destrucción del material de gran jurado es que el productor mismo dijo que había intentado, sin éxito, que algunos periodistas miraran la evidencia en su caso para reportar sobre la misma.

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En su contestación, Castro Lang califica de “exagerada” la pretensión del gobierno de que se devuelva o destruya evidencia y, por el contrario, acusó que lo que la fiscalía quiere lograr es encubrir su mala conducta en el procesamiento de este caso, incluyendo la presentación de testimonio perjuro ante el gran jurado investigador. La información y mensajes de texto que les proveyó Maceira Zayas, así como la grabación que este hizo de la conversación en el restaurante es parte de la evidencia que el gobierno “quiere destruir”, sostuvo. Durante el juicio, Castro Lang pudo usar limitadamente la transcripción de gran jurado del testigo para establecer que en ese proceso tampoco mencionó nada de una exigencia de $300,000.

Otra pieza que el gobierno “quiere destruir” es la conversación que Díaz Colón y Maldonado Nieves tuvieron cuando los agentes del FBI fueron a casa del productor y lo obligaron a llamar al hijo del exsecretario de Hacienda y en la que éste le habría dicho al productor que nunca había pedido $300,000 a cambio de no divulgar los chats que desembocaron en la renuncia de Rosselló Nevares. Esa grabación la fiscalía no la presentó en juicio. También “quiere destruir” la entrevista del FBI con el exgobernador en diciembre de 2020 en la que este negó haber sido extorsionado por el productor o que supiera de que alguien estaba extorsionando a su equipo durante los eventos del Verano del 19.

También, si se mantiene la orden protectora, quedarían ocultas las discusiones entre defensa, tribunal y fiscalía que concluyeron en que a la defensa solo se le permitiera usar tres piezas de evidencia de las 84 que había pedido usar. Por su parte, la fiscalía usó 42 piezas del total de 169 que abarca el paquete de descubrimiento de prueba en el caso.

“En un intento de encubrir la nube de actuaciones éticas y juicio cuestionables que involucra a los agentes especiales del FBI Juan Carlos López Velázquez, Miguel E.Rodríguez y Mariela Lajara, y a los fiscales Timothy Henwood, Myriam Fernández y Michael Lang en mala conducta como solicitar falso testimonio y la presentación a sabiendas de testimonio perjuro ante el gran jurado y el jurado del juicio sobre los testimonios de los testigos López, Lydmarie Torres y Anthony Maceira, los Estados Unidos le pide ahora a este tribunal que autorice la destrucción de la evidencia que prueba cómo ellos detuvieron el proceso de búsqueda de la verdad en este caso y así evitar que la prensa exponga sus irregularidades”, planteó Castro Lang.

Torres era la gerente de Collective Impact LLC, una de dos empresas conectadas con Díaz Colón que tenían contratos con el gobierno. En el juicio, el abogado estableció que la mujer testificó en sala distinto a gran jurado. En sala dijo que nunca había visto una factura del productor que justificara el dinero que recibía de la empresa pero en gran jurado dijo que la había visto. “Le voy a decir claramente, no tengo una factura de Sixto. Si eso significa que cometí un delito, me hago responsable de mis actos, pero no había factura”, dijo al ser confrontada con la incongruencia.

“Solo el que los Estados Unidos estén preocupados de que Díaz Colón pretende publicar los materiales de gran jurado, cuando nunca lo hizo durante las vistas del tribunal ni a través de sus mociones con antelación a juicio, no justifica la destrucción de evidencia en un proceso criminal que no ha finalizado”, propuso Castro Lang en la moción.

“Díaz Colón solo pretende publicar parte del material de descubrimiento usado o excluido del juicio, evidencia que cae bajo el dominio público y que fue requerida por los Estados Unidos al Gobierno de Puerto Rico. Si es necesario, esa evidencia puede ser apropiadamente suprimida en partes si contiene información sensitiva”, aseguró en la moción sometida el miércoles.

Castro Lang apuntó al juez Francisco Besosa que parte de la evidencia ya había sido divulgada por el propio Maceira Zayas durante comparecencias en el programa Cuarto Poder que ocurrieron durante el juicio y por “personas vinculadas a la fiscalía”.

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Para ver la transcripción de la conversación del 21 de junio de 2019, pulse aquí.