Campaña política del PPD en Trujillo Alto corrió con dinero corrupto
Exvicealcalde recibe sentencia de 30 meses, pero apunta al exalcalde José Cruz Cruz como el mayor beneficiario del esquema.
El exvicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, fue sentenciado a 30 meses de cárcel por el juez federal Pedro Delgado Hernández después de que se declarara culpable de un esquema, por el que también se declaró culpable el exalcalde, que consistió en recibir soborno de $17,250 mensuales para un contrato de recogido de basura a la empresa Waste Collection, Corp.
En una moción, el fiscal Scott Anderson identificó a Benítez Cardona como el negociador del acuerdo ilícito con la empresa del cual se beneficiaron ambos, él y su superior, el exalcalde José Cruz Cruz. Benítez Cardona era la persona de confianza de Cruz Cruz no solo en la estructura municipal, sino también en la estructura política del Partido Popular Democrático (PPD) en Trujillo Alto, estando encargado de las finanzas del candidato y del comité municipal.
De hecho, en una moción previa a la vista de hoy, el abogado defensor, Michael Corona Muñoz, reveló que un pago adelantado de $200,000 que Benítez Cardona recibió del contratista Raymond Rodríguez Santos fueron completos para Cruz Cruz. “El dinero fue canalizado a Cruz Cruz para ganancia personal así como para pagar por su campaña política”, aseguró Corona Muñoz en la moción que describe a su cliente como “intermediario”.
Benítez Cardona, de 52 años, se dirigió al juez y pidió clemencia para poder “cerrar esta pesadilla y enviarle un mensaje a la ciudadanía de lo que destruye la corrupción pública”, en referencia a cómo su vida cambió tras su arresto en 2021. El padre, tío y abuelo del hombre fueron policías, lo que lo llevó a unirse a la fuerza también desde joven porque era su “sueño”, llegando a tener cargos de supervisión y hasta de ser instructor en un ‘task force’ junto con el Negociado Federal de Investigaciones (FBI).
Llegó al ayuntamiento como comisionado de la policía municipal y “entré en este mundo de la política donde realmente comenzó mi vida a dar traspiés y comencé a cometer errores que hoy me llevaron a estar presente en su sala”. Agradeció a la fiscalía por la apertura para la negociación que produjo su declaración de culpabilidad en noviembre pasado por conspiración para sobornar y a la Oficina de Probatoria por ayudarlo a conseguir un empleo de salario mínimo federal que lo ha ayudado a mantener a su hija de cuatro años con necesidades especiales.
Anderson pedía 46 meses de cárcel para Benítez Cardona, mientras que Corona Muñoz pidió 30 meses, por lo que, con su sentencia, el juez se decantó a favor de la solicitud de la defensa. Al exfuncionario se le permitió entregarse voluntariamente a prisión y se le condenó también a restituir $51,750. Por su parte, Cruz Cruz recibió condena de 24 meses que comenzará a cumplir en abril, y ninguna restitución. Recientemente, el exalcalde hizo noticia cuando fue captado en un almuerzo con el juez asociado del Tribunal Supremo, Erick Kolthoff, y el exjuez, y también miembro de la Comisión de Evaluación Judicial, Jorge Lucas Escribano Medina.
En el gobierno municipal, Benítez Cardona llegó a fungir como vicealcalde y, según fiscalía, temprano en 2017 “comenzó una negociación por debajo de la mesa” con el contratista convicto Rodríguez Santos para conseguir el contrato de Waste Collection, una empresa del también convicto contratista Oscar Santamaría Torres.
La estructura acordada para el soborno fue del adelanto de $200,000, y $0.75 mensual por cada casa cubierta por el contrato, lo que resultó en el pago mensual de $17,250 “que le beneficiaban a él y al alcalde de Trujillo Alto”. La fiscalía desglosó tres instancias de pagos ilegales de $17,250 en efectivo por parte de Rodríguez Santos en 2021: el 22 de mayo en Plaza Escorial, el 12 de junio en un restaurante de comida rápida y el 25 de julio en el estacionamiento de Plaza Escorial o de Plaza Encantada. El dinero recibido no fue reportado al Departamento de Hacienda ni la Oficina de Ética Gubernamental.
“Esto no es un episodio criminal aislado o un lapso de juicio, este esquema ilegal abarcó varios años y resultó en que el Sr. Benítez tuviera una vida de lujos. El Sr. Benítez ha pasado la mayoría de su vida trabajando en el sector gubernamental como servidor público y estaba consciente de la seriedad de su conducta y el daño que este tipo de conducta ilegal tiene en la reputación de los funcionarios públicos y el impacto que tiene en la comunidad en general”, argumentó Anderson.
Corona Muñoz disputó esto en su moción y enumeró que su cliente vive en apartamento alquilado, tiene deuda de vehículos, deuda de $35,000 con el Departamento de Hacienda, deuda de $58,000 con la Asociación de Empleados del ELA, tiene cuentas embargadas y, aunque ha podido trabajar en el sector privado tras su arresto, en dos ocasiones ha sido despedido cuando su nombre y foto son difundidas con relación a su caso. Tiene también una hija menor de edad con necesidades especiales. El dinero recibido en el esquema “no varió la situación económica precaria (de Benítez Cardona) en esos años”, argumentó sin éxito.
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