Al dirigirse al tribunal, no expresó arrepentimiento por sus actos.

El exrepresentante novoprogresista Néstor Alonso Vega se convertirá pronto en el trigésimo octavo ciego que está ingresado en el sistema penal federal en todo Estados Unidos, después de que hoy el juez Raúl Arias Marxuach lo sentenciara a 63 meses de cárcel (cinco años y tres meses) por robo de fondos públicos, soborno y fraude electrónico.

Con su sentencia, el juez denegó solicitudes del abogado defensor, Michael Corona, para que impusiera una pena de 30 meses en arresto domiciliario bajo el argumento de que ninguna institución carcelaria federal está hecha para ciegos y de que la vida de su cliente corre peligro porque las amenazas inherente a estar en una prisión se magnifican para una persona que no puede ver.

Antes de escuchar la sentencia, el hombre de 37 años, y quien perdió su visión a los 11 años, se dirigió al tribunal, pero en ningún momento abordó los hechos por los cuales fue encontrado culpable ni pidió perdón. Tras un juicio de seis días, al exrepresentante se le encontró culpable de exigirle a empleados que le devolvieran parte de sus salarios por más de $40,000 durante unos dos años. Por hechos similares, el exrepresentante Nelson del Valle Colón fue sentenciado a 57 meses de cárcel y la exrepresentante María Milagros Charbonier Laureano tiene juicio pautado para octubre.

En su alocución, Alonso Vega se concentró en plantear que las condiciones en una cárcel no son dignas para los ciegos, que una sentencia de cárcel para él sería una “pena de muerte” y que “la gente desconoce de tantas necesidades que tienen las personas ciegas y del abuso que enfrentamos todos los días, el discrimen”. “Y eso no va a ser una excepción en la institución carcelaria”, añadió a la vez que le pedía al tribunal que cerrara los ojos para de alguna forma tener la experiencia que tiene un ciego, pero el juez se mantuvo con ojos abiertos.

“A quien mucho se le da, mucho se le pide”, dijo el juez al enfatizarle al convicto que sus condiciones de vida no son las de la típica persona culpable en su sala. Y no solamente por su pobreza, sino porque sus padres siguen juntos y lo apoyan, tuvo la “bendición” de una educación superior cuando la mayoría de los convictos no tiene ni escuela secundaria y porque el pueblo de Puerto Rico depositó en él su confianza al elegirlo representante. “Con todas esas ventajas, Sr. Alonso Vega, usted debió hacerlo mejor”, puntualizó Arias Marxuach sobre el convicto, quien tiene dos bachilleratos, un Juris Doctor y estudia una maestría en estos momentos.

Los 63 meses son siete menos que los 70 que el fiscal Scott Anderson pidió. En una moción sometida ayer, Anderson le pidió al juez que con su sentencia envíe un mensaje “a otros legisladores y empleados públicos que no escuchan el mensaje de otra manera, y especialmente en Puerto Rico, que el servicio público exige integridad y fidelidad a la ley, no es una carrera que se deba buscar o aceptar con la expectativa de que puede ser usada para ganancia financiera ilícita”.

Anderson llamó la atención a que Alonso Vega, un legislador novato, fue acusado al mismo tiempo que Del Valle Colón y que Charbonier Laureano, legisladores veteranos, por la misma conducta. “[E]s evidencia fuerte de que el saqueo al erario que cometió el convicto no fue su propia idea, sino que se le enseñó por pasados, o hasta actuales, legisladores que siguen cometiendo un robo similar”, dijo.

“En vez de representar al pueblo de Puerto Rico, el convicto escogió robarle”, subrayó en su moción. Durante la vista de sentencia, Anderson también ripostó a los argumentos de Alonso Vega de que no podía ir a la cárcel por ser ciego diciendo que “toda la vida estuvo demostrando que su discapacidad no lo podía detener, hasta hoy”.

En un escrito de respuesta a Anderson, Corona insistió en que a lo largo del proceso presentencia, la Oficina de Probatoria ni fiscalía habían podido aclararle cuál institución del sistema carcelario estaba preparada para atender a confinados ciegos. “Teóricamente, el Negociado de Prisiones (BOP) puede que tenga reglas (para presos ciegos), pero en términos prácticos, no tienen las instalaciones”, dijo en su moción más reciente sobre lo que, en una moción anterior, había calificado como “territorio desconocido para mí como abogado y probablemente para el tribunal”.

La fiscalía, sin embargo, presentó en la vista el testimonio de Vanessa Schoonewolff, funcionaria del BOP, quien precisó que actualmente el sistema atiende a 37 presos ciegos en todo Estados Unidos y que, aunque no hay una sola institución diseñada para ellos, hay protocolos de acomodo que, según el examen de las necesidades del individuo, permiten que use dentro del penal sus gafas, bastón y que se le puede asignar un acompañante y lector.

Arias Marxuach permitió que Alonso Vega se entregue voluntariamente a prisión una vez el BOP le asigne institución y dejó para determinación posterior la cantidad de restitución que debe pagar y que fiscalía pide que sean $81,500.

Vea:

Exrepresentante Alonso Vega es declarado culpable en todos los cargos