En búsqueda de clemencia, un contratista convicto revela que esquema de corrupción incluía a más gente de la que se conocía hasta ahora.

El codueño de J.R. Asphalt, Corp., una de las empresas al centro del esquema de corrupción municipal con contratos de asfalto, recogido de escombros y construcción, reveló que el contratista convicto Oscar Santamaría Torres tenía un grupo de “comerciantes y profesionales” que le daban dinero para que este, a su vez, les ayudara a conseguir contratos municipales mediante supuestos donativos político a alcaldes.

La alegación plantea que, aunque las autoridades federales han procesado principalmente a funcionarios públicos por este esquema, habría una serie de personas del sector privado que no se han mencionado hasta ahora y que tenían acuerdo con Santamaría Torres para que les buscara negocio público a base de pagos políticos.

Mario Villegas Vargas, quien se declaró culpable, hizo la afirmación en una moción que sometió al juez federal Francisco Besosa de cara a su vista de sentencia mañana. En el documento, el codueño de la asfaltera junto con el también convicto Raymond Rodríguez Santos, pide clemencia y solicita una sentencia no mayor de 23 meses. La semana pasada la fiscalía federal pidió sentencia de 57 meses con el propósito de que sea un ejemplo a otros contratistas que buscan sobornar a funcionarios públicos porque, enfatizaron los fiscales, “para bailar, se necesitan dos”.

Pero la abogada del contratista, Kendys Pimentel Soto, rebatió esta alegación asegurándole al juez que Villegas Vargas no corrompió al exalcalde de Cataño, Félix Delgado Montalvo, sino que los casi $95,000 que le pagaron desde 2017 se debieron a que el funcionario los exigía para que pudieran hacer negocios en el municipio.

“De ordinario, Delgado exigía pagos de los contratistas de los contratistas de Cataño. J.R. Asphalt y otros contratistas sabían que el gobierno municipal no les daría negocio si no se le pagaba a Delgado. De hecho, Delgado le dijo repetidamente a Villegas Vargas y a Rodríguez Santos que tenía a otra empresa asfaltera (nombre suprimido en el original) esperando por quedarse con los contratos de J.R. Asphalt en Cataño e insinuó que no iba a pasar por los pagos que le estaban dando. Así que el Sr. Villegas Vargas sabía muy bien que su empresa sufriría pérdidas sustanciales si no se le hacían pagos a Delgado, bajo circunstancias acercándose a la extorsión por miedo a sufrir pérdidas económicas”, dijo la abogada.

Villegas Vargas admite su participación en el esquema, que el mismo ya le costó la compañía que inició su abuelo y que, por el tiempo que pasará en la cárcel, se perderá la graduación de escuela secundaria del menor de sus tres hijos y desestabilizará económicamente de su familia. Pero argumenta que su rol en el esquema no era de líder, sino de seguidor, porque fueron Santamaría Torres y Rodríguez Santos los que lo armaron y dirigieron.

“Específicamente, Rodríguez era el que tenía relación cercana con Oscar Santamaría. Rodríguez, con Santamaría de líder, diseñó un plan para conseguir contratos del gobierno mediante pagar sobornos y regalías a un espectro amplio de candidatos políticos de los dos partidos principales. Aún desde antes de 2017, crearon un grupo de comerciantes y profesionales que proveían a Santamaría con grandes cantidades de efectivo para darle donativos a candidatos políticos a alcaldes y otros puestos públicos para ayudar a asegurar que estos comerciantes y profesionales, incluyendo ellos mismos, recibieran contratos municipales. Rodríguez y Santamaría acordaron que iban a buscar contratos uno para el otro en los municipios donde cada uno tuviera conexiones políticas”, indica el documento.

“De hecho, fueron Rodríguez y Santamaría los que le presentaron a Delgado. Esto demuestra que Rodríguez de alguna forma lo utilizó, ya que Rodríguez no sabía nada de negocio de asfalto y pavimentar y se acercó a Villegas Vargas por su larga experiencia en el negocio y se unió al negocio teniendo ya un plan para sacar ventaja de sus conexiones políticas y adelantar su mal concebido esquema de sobornos y regalías”, añade.

Villegas Vargas y Rodríguez Santos tuvieron una disputa civil por el control de su empresa que fue publicada antes de que se confirmara su participación en el esquema y en la moción de sentencia, el contratista fue más explícito en acusar a su exsocio de quedarse con parte del dinero que Santamaría Torres le daba para que le hiciera pagos ilegales al vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, a cambio de un contrato de desperdicios sólidos. Rodríguez Santos habría engañado a Santamaría Torres diciéndole que pagaba al vicealcalde más de lo que realmente le pagaba y habría desfalcado a J.R. Asphalt porque ponía el dinero de Santamaría Torres en una cuenta separada, pero hacía los pagos ilegales al vicealcalde de la cuenta de la corporación en la que ambos socios derivaban ganancias.

Villegas Vargas lo acusa de malversar $5 millones de la empresa que formaron en 2004, y que antes era Best Asphalt, y pide al juez que no le imponga multa porque ya renunció a cualquier reclamación que tenía sobre $1.9 millones de la compañía que las autoridades federales incautaron. Anota también que su exsocio “no admitió (a las autoridades) varios otros delitos que cometió y que involucran a otros municipios”.

La moción ataca el razonamiento de la fiscalía de que el contratista merece la sentencia más alta posible porque este tipo de corrupción erosiona la confianza en los funcionarios públicos.

“[E]l Sr. Villegas no era el funcionario público. Lo era Delgado. El gobierno se olvida que perdonó al oficial electo, Delgado, quien recibió, y exigió, estos pagos, y que era Delgado el que tenía la confianza pública y la responsabilidad de actuar con fidelidad al interés público. El gobierno escogió que Delgado no se declarara culpable por esta ofensa, y por muchas más, y, en vez, le dieron pase de paloma. Por tanto, el reclamo del gobierno de que el Sr. Villegas merece un castigo serio y significativo basada en que pudo haber erosionado la confianza ciudadana en su oficial electo y que pudo haber actuado en contra del interés público no solamente es incorrecta, sino increíble”, sostiene la moción al resaltar también que, para una persona sin historial criminal, 23 meses de cárcel no son fáciles.

El hombre pidió al juez que tomara en cuenta también que el trabajo que se contrató se realizó sin inflarle el precio para cubrir los sobornos al alcalde, y que la evidencia entregada por fiscalía no apoya dos expresiones que el gobierno le atribuyó a él pero que él nunca habría hecho: que le dijera a Delgado Montalvo que se deshiciera de los relojes que le regalaron y que le hubiera pagado un donativo de campaña de $30,000.

“Se siente tan avergonzado que ha decidido no volver a trabajar en ese negocio (de asfalto) después de que cumpla su sentencia. Quiere tener un restaurante una vez salga libre. Disfruta de cocinar y espera tener otro tipo de negocio familiar junto a su esposa”, se asegura en la moción.

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