Mario Villegas Vargas es el primero de los contratistas que corrompieron a alcaldes a ser sentenciado y la fiscalía aprovechó para mostrar evidencia de pagos ilegales al exalcalde de Cataño.

Mario Villegas Vargas será el primero de tres contratistas que corrompieron a múltiples alcaldes de los partidos Nuevo Progresista (PNP) y Popular Democrático (PPD) que será sentenciado y el Departamento de Justicia federal pidió una sentencia de 57 meses (cuatro años y nueve meses) con el propósito de que otros contratistas lo piensen dos veces antes de intentar sobornar a funcionarios públicos.

El fiscal Ryan Crosswell, de la División de Integridad Pública, pidió la sentencia al juez Francisco Besosa mediante una moción en la que mostraron evidencia gráfica de un pago ilegal de $70,000 en efectivo que el convicto le hizo al también convicto exalcalde de Cataño, Félix “El Cano” Delgado Montalvo en una bolsa de papel que le entregó en el estacionamiento de un McDonald.

Que se conozca, es la primera vez que los fiscales divulgan evidencia gráfica de la corrupción de Delgado Montalvo y la tercera vez que muestran evidencia de estos pagos en los casos de corrupción que pudieron desarrollar por la cooperación de éste y otros dos contratistas, Oscar Santamaría Torres y Raymond Rodríguez Santos, quien fue socio de Villegas Vargas en la empresa J. R. Asphalt, Inc.

La evidencia se ha mantenido oculta porque ninguno de los casos que surgieron de este esquema de corrupción mediante contratos de asfalto, recogido de basura y de construcción ha llegado hasta la etapa de juicio, optando los imputados por declararse culpables. La fiscalía había divulgado fotos también tras el arresto del ex vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez Cardona, y del exalcalde de Guaynabo, Ángel Pérez Otero

Pérez Otero es el único de los acusados que se mantiene encaminado a juicio y recientemente pidió a la jueza Aida Delgado Colón, precisamente, que suprima y no permita el uso como evidencia en su contra de una foto que la fiscalía divulgó en la que se le muestra aceptando un sobre que supuestamente contiene dinero de parte de una persona que sería Santamaría Torres.

La foto en la moción de sentencia, de los $70,000 en una bolsa de papel que Villegas Vargas entregó a Delgado Montalvo el 14 de diciembre de 2020, es confirmación también de que el exalcalde de Cataño estaba en contacto con las autoridades federales y posiblemente cooperando activamente desde antes de las elecciones de 2020 y definitivamente para cuando juramentó a un segundo término en enero de 2021.

La entrega ocurrió dentro del vehículo con cristales oscuros de Villegas Vargas en el estacionamiento de un McDonald y la fiscalía reveló también parte de la conversación grabada de manera encubierta en la que el contratista le dice al funcionario que tenía que usar teléfonos desechables que él mismo podía proveerle.

“Te puedo traer 10 si quieres, cinco”, le dijo el contratista a relatar que conseguía los teléfonos de una persona que los proveía a maleantes y que le había dado la instrucción de que dispusiera de los aparatos en algún cuerpo de agua. “Coges esto, lo usas… haces cuatro llamadas, ¿tú sabes?, lo rompes y lo tiras ahí en el agua. Siempre debe estar bajo agua”, consigna la moción sobre la conversación grabada en la que el contratista afirma que el dinero entregado “cuadra todo lo de Cucharilla”.

El acuerdo con Delgado Montalvo era pagarle una cantidad por cada metro cuadrado de asfalto nuevo que la empresa tirara en las calles del pueblo bajo sus contratos públicos. En total, Villegas Vargas y su entonces socio le habrían pagado más de $95,000 a Delgado Montalvo. Mientras que Rodríguez Santos, Santamaría Torres y Delgado Montalvo recibieron trato de cooperadores y todavía no tienen fecha de sentencia, la fiscalía federal utilizó el arresto de Villegas Vargas en diciembre de 2021 como un ejemplo de lo que sucedía a los que no cooperaban con las investigaciones de corrupción.

Villegas Vargas y su socio tenían una disputa civil por el control de la empresa desde antes de las acusaciones, que conllevó que la corporación fuera sometida a un administrador judicial para su liquidación. En los tribunales locales, están pendiente también demandas que el municipio de Cataño sometió contra los contratistas involucrados en el esquema de soborno de su exalcalde y Villegas Vargas llegó a traer como demandado en su pleito a Delgado Montalvo, pero pasó el tiempo reglamentario para emplazarlo sin poder hacerlo, por lo que retiró la acción. Hasta ahora, ninguno de esos pleitos civiles ha tenido resolución y, en algunos, los tribunales ya han establecido que le municipio tendrá que probar el detalle del esquema de soborno para que se pueda discutir lo que pide el ayuntamiento, que los contratos con las empresas sean declarados nulos y devuelvan el dinero que cobraron bajo los mismos.

Ambos, Rodríguez Santos y Villegas Vargas, fueron citados también mediante orden judicial el año pasado para que comparecieran ante la Oficina del Contralor Electoral para la investigación sobre si J. R. Asphalt le había donado asfalto ilegalmente al entonces senador, hoy alcalde de San Juan, Miguel Romero Lugo. Las acciones relativas a ese supuesto donativo no han producido todavía presentación de cargos criminales o multas administrativas.

“La influencia corrupta del Sr. Villegas proyecta una larga sombra en este distrito”, anotó la moción de fiscalía para la sentencia programada para el 22 de febrero.

La recomendación de sentencia toma en cuenta que Villegas Vargas aceptó declararse culpable, que no tiene historial criminal previo y que “ha manejado un negocio exitoso”. Pero la fiscalía pidió a Besosa que tuviera en cuenta que su conducta “requiere un castigo serio y significativo”.

“La sentencia en este caso debe ser suficientemente seria como para desalentar que los dueños de negocios se embarquen en acuerdos trasbastidores para sobornar oficiales públicos que minan el gobierno y la justa competencia”, dijo Crosswell al subrayar lo “notoriamente difícil” que es detectar y probar esos arreglos ilegales.

“A la vez que evalúa la sentencia del Sr. Villegas, el gobierno respetuosamente pide que el tribunal considere que un dueño de negocio dispuesto a pagar por la traición a la confianza del público es el prerequisito para que un oficial electo esté dispuesto a traicionarla. Dicho llanamente, se necesitan dos para bailar”, dice la moción.

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