[ANÁLISIS] La discusión sobre la colegiación compulsoria de lo contadores públicos autorizados se extendió, decayó en discusiones entre los jueces y hasta desde el público se lanzaron datos para la discusión.

La primera vista oral que realiza el Tribunal Supremo desde hace poco más de cuatro años se extendió por dos horas y media, estuvo casi monopolizada por las preguntas de un solo juez y dejó expuesta la necesidad de realizar este tipo de evento más a menudo para afinar tanto las destrezas de los abogados comparecientes, como las de los propios jueces, en el uso de la palabra como mecanismo de discusión en el más alto foro judicial del país.

La vista prometía dos atractivos para el público en general.

El primero, escuchar una discusión que afecta a decenas de miles de profesionales sometidos a un colegio, cualquier de los cuales puede ser declarado inconstitucional bajo la todavía en desarrollo doctrina establecida en 2014 de que la colegiación compulsoria viola el derecho constitucional de libre asociación. El Supremo ha dicho que la constitucionalidad de cada colegio profesional tiene que evaluarse caso a caso. En este caso, ya el Tribunal de Primera Instancia y el Tribunal de Apelaciones han declarado inconstitucional la colegiación compulsoria de los contadores públicos autorizados (CPA).

El segundo atractivo es observar en acción a los jueces asociados en una examinación oral de los abogados que representan a las partes en controversia. Eso, que aquí pasa una vez cada varios años, sucede varias veces a la semana cuando el Tribunal Supremo federal está en sesión y se considera una ocasión para disfrutar las destrezas de los mejores litigantes y para conocer la profundidad mental de las personas que tienen el privilegio de emitir la última palabra en las controversias legales del país.

El Salón de Sesiones del Tribunal Supremo es un espacio circular que no es amplio ni tiene mucha iluminación artificial. El diseño de los arquitectos Osvaldo Toro y Miguel Ferrer está dominado por un clerestorio majestuoso que, en la mañana, hace que la luz natural caiga dramáticamente sobre la mesa de los litigantes, los que están bajo cuestionamiento de los jueces.

Ese escenario tan llamativo y el recordatorio de la jueza presidenta, Maite Oronoz Rodríguez, sobre la solemnidad de los trabajos quedaron, sin embargo, desperdiciados y olvidados una vez comenzó la vista.

Los argumentos estaban programados para durar una hora pero se extendieron por dos horas y media, aún a pesar de que solo estuvieron seis jueces, porque los jueces Ángel Colón Pérez y Mildred Pabón Charneco se ausentaron sin que se informara un motivo formal para ello, y a pesar de que uno de los jueces presentes, Roberto Feliberti Cintrón, no emitió palabra durante la vista. Esto, aún cuando Feliberti Cintrón es el que más trasfondo tiene en el derecho corporativo, que es una de las áreas del diario vivir que más se impacta por lo que suceda en la profesión de contador público autorizado.

Mientras que en el Supremo federal el juez presidente hace las funciones de semáforo en las vistas orales para asegurar una participación equitativa de los jueces y hasta cuidar porque se respete la antigüedad entre ellos, en la vista de ayer la jueza presidenta intervino poco para impartir orden y control a los trabajos.

El cuestionamiento a las partes estuvo casi monopolizado por el juez Erick Kolthoff Caraballo. No solamente tomó la iniciativa para preguntar a los litigantes en cada turno, sino que también interrumpió los turnos de otros jueces para reorientar las preguntas de estos antes de que los abogados contestaran. Como translució de sus muchas intervenciones, su posición es que toda colegiación compulsoria es inconstitucional independientemente de los efectos que una descolegiación puede tener en el mundo real o de que no haya legislación, reglamentos o salvaguardas para atender los intereses públicos que todavía van a existir después de que se elimine la obligatoriedad de un colegio profesional.

Los demás jueces, Oronoz Rodríguez, Luis Estrella Martínez, Edgardo Rivera García y Rafael Martínez Torres, hicieron preguntas también a los abogados comparecientes. Sin embargo, en ocasiones la dinámica dejó de ser de preguntas a los litigantes para convertirse en cuestionamientos y discusiones entre los jueces directamente. Como si la deliberación que normalmente ocurre a puerta cerrada después de la vista estuviera ocurriendo en vivo frente al público.

Los abogados comparecientes fueron Verónica Ferraiuoli Hornedo, por el Colegio de CPA, el comentarista político Ramón Rosario Cortés, por los contadores demandantes, Félix Norman Román y Virgilio Vega III, y el procurador general Fernando Figueroa Santiago, por parte del Gobierno de Puerto Rico.

Desde las primeras preguntas de los jueces, la discusión quedó reducida casi exclusivamente a si los intereses del público y del estado en que la profesión de CPA esté regulada quedan mejor protegidos mediante la existencia de un colegio compulsorio, como es ahora, o si, por el contrario, están mejor atendidos por la Junta Examinadora de Contabilidad adscrita al Departamento de Estado.

Ferraiuoli Hornedo pasó la vista argumentando cómo el Colegio debía permanecer obligatorio para proteger los criterios que permiten que el trabajo de los CPA de Puerto Rico sea aceptado en el tráfico comercial de otros estados (el concepto de reciprocidad) y para garantizarle al público la confidencialidad de la información financiera que manejan los contadores. Pero no fue hasta el final que mencionó a los jueces que el expediente del caso tiene tres declaraciones juradas de los pasados expresidentes de la Junta Examinadora sobre cómo esa entidad está inoperante y no tiene los recursos para encargarse de la regulación de los CPA si el Colegio dejara de ser obligatorio. Incluso, en este caso no había controversia de hechos porque las partes estipularon los hechos desde primera instancia.

La licenciada fue la que más tiempo pasó bajo cuestionamiento y se quedó sin respuesta ante algunas preguntas básicas sobre el funcionamiento y las estructuras del Colegio. La abogada miraba a sus clientes para las respuestas y, en una ocasión, una persona del público gritó la contestación, cosa que estaría fuera de orden en cualquier otra sala del sistema de justicia.

Figueroa Santiago tuvo la posición más difícil de los tres comparecientes porque, en una administración previa, el gobierno había postulado en el caso que la colegiación compulsoria era inconstitucional, pero ahora está del lado del Colegio y plantea que mantener esa entidad como la reguladora compulsoria de la profesión es lo que mejor sirve a los intereses del público por la incapacidad de la Junta Examinadora. “El caso tiene unas complicaciones procesales”, admitió el procurador, a la vez que ripostó efectivamente a algunos planteamientos hipotéticos de los jueces recordando que “no podemos hacer derecho en la utopía” y que “todo es posible en el mundo de las posibilidades, pero ese no es el caso aquí”.

Rosario Cortés se mostró confiado durante todo el proceso y lleva las de ganar porque, entre otros elementos, ya dos tribunales fallaron a favor de sus clientes, porque de las preguntas quedó claro que cuenta sólidamente con los votos de Martínez Torres y Kolthoff Caraballo y porque, cuando le llegó el turno de hablar, ya los mismos jueces le habían dado los argumentos para defender su posición. “Me encantó la vista”, llegó a decir a los jueces.

Rosario Cortés se abrazó al ejemplo que usó Martínez Torres de que antes de que la segregación racial fuera declarada inconstitucional, parecía también que mantener vigente el racismo era la única opción jurídica viable.

Pero en la última intervención, el juez Estrella Martínez le advirtió al abogado que tuviera cuidado con ese ejemplo porque, precisamente, lo que buscan sus clientes es crear una segregación entre CPA colegiado y CPA no colegiado.

Según el récord de sala, la vista comenzó a las 9:32 am y finalizó a las 12:03 pm. El tribunal no tiene término fijo para emitir la opinión en este caso que inició su tracto en 2019. En Puerto Rico hay 5,000 CPA con licencia y 1,200 de estos están activos.

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