El individuo, quien manejaba hogares de cuido bajo contrato con el gobierno, fue acusado a nivel federal también.

El Departamento de Justicia solicitó la revocación de la probatoria del contratista gubernamental que había sido procesado por evasión contributiva a nivel local y que ahora enfrenta también procesamiento federal por lavado de dinero y fraude electrónico.

El movimiento del departamento, representado por la fiscal Roxanne Rivera Carrión, podría conllevar que Miguel Ángel Colón Molina enfrente su proceso federal estando preso en una cárcel del sistema puertorriqueño.

La fiscal Rivera Carrión sometió la solicitud el lunes y la jueza municipal Iraida Rodríguez encontró causa probable, por lo que ahora Colón Molina debe comparecer a una vista, probablemente esta misma semana para argumentar por qué no se le debe revocar su probatoria.

La base para la solicitud de revocación de probatoria son los cargos federales que Colón Molina enfrenta desde diciembre pasado porque una de las condiciones de la probatoria es no cometer nuevo delito ni violar las leyes. Si finalmente se le revoca la probatoria, el hombre tendría que cumplir dos años de cárcel por los cargos de evasión contributiva de los que se declaró culpable en 2021.

Para Colón Molina, su decisión de encubrir ingresos y movimientos de dinero en sus planillas de contribución sobre ingresos lo ha atrapado en una especie de nudo. Del caso de evasión surgió la información por la que los federales lo acusaron y ahora la acusación federal podría conllevar que vaya a la cárcel por su caso de evasión.

Colón Molina tenía contratos con la Administración de Familias y Niños (ADFAN), una división del Departamento de la Familia, desde 2011, primero a través de la entidad Brother Kids Therapeutic Center, Inc. y luego con Good Morning Foundation Corp., ambas operadoras de hogares sustitutos y de cuidado, principalmente ubicados en Bayamón.

En el caso por evasión, Justicia y el Departamento de Hacienda estimaron que Colón Molina había dejado de reportar $1.1 millones en ingresos entre 2015 y 2018, lo que resultó en una deuda contributiva de unos $700,000. Como parte de su aceptación de culpa, restituyó $560,000.

A nivel federal, se le acusa de usar fondos que llegaron a las entidades que controlaba a través de los contratos con ADFAN para adquirir una lancha de 82 pies marca Sunseeker de 2007 (valorada en $1,010,000 y descrita por las autoridades como “lujosa”) y una propiedad en la calle Orquídea de la urbanización Santa María, Guaynabo, (Valorada en $1,000,000). Ambas las colocó en nombre de dos de sus hijos.

Vea:

Advertencia a entidades sin fines de lucro en caso criminal contra contratista de ADFAN