El productor Sixto Díaz Colón adelantó que testificará en su defensa y la fiscalía decidió no presentarle al jurado la grabación de Maceira que se filtró el martes.

La fiscalía federal culminó ayer el interrogatorio del exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas, su principal testigo en contra del productor de radio y televisión Sixto Jorge “Sixto George” Díaz Colón, sin introducir como evidencia la grabación encubierta en la que se habría dado inicialmente la extorsión de la que está acusado.

El tracto que presentaron los propios fiscales con el testimonio de Maceira Zayas es que el 20 de junio de 2019 recibió un mensaje de Telegram de parte del productor que consideró amenazante. Que el 21 de junio almorzó con el productor para tener detalles de la amenaza y grabarlo para denunciarlo, lo que hizo. Y que el 16 de julio de 2019 hubo otra reunión, monitoreada y bajo el control del Negociado Federal de Investigaciones (FBI), en la que Maceira Zayas intentó que el productor reiterara cosas que había dicho en la primera reunión.

Extractos de la grabación del 21 de junio fueron publicadas en medios el martes. Se escucha al productor asegurar al exfuncionario que su mensaje de Telegram no era una amenaza sino un intento de alertarlo sobre que Raúl Maldonado Nieves, hijo del entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, tenía “evidencia contundente” contra la Administración Rosselló Nevares y la intención de usarla porque entendía que estaban conspirando contra su padre.

Esa grabación, que se supone solo posean el testigo, el gobierno y la defensa, la fiscalía la descartó como evidencia y no la presentó al jurado. En vez, elevaron una queja al juez Francisco Besosa por la filtración, quien la despachó con una advertencia a las partes de que sigue vigente una orden que protege la confidencialidad de aquella evidencia que no se presenta al jurado.

La que los fiscales Michael Lang y Myriam Fernández optaron por presentar fue la del 16 de julio y, al menos en la sala, resultó mayormente inentendible, por lo que la fiscalía descansó en una transcripción que fue admitida como evidencia y en las interpretaciones que el testigo proveyó sobre lo que se estaba hablando en los extractos que el gobierno decidió resaltar. Maceira Zayas usó tres aparatos de grabación ese día.

Según el testimonio y la transcripción, Díaz Colón en ocasiones decía que no iba a seguir adelante con las supuestas intenciones de Maldonado Nieves de obtener dinero para no divulgar más chats como el que salió publicado el 13 de julio, y en otras acordaba que si Maceira Zayas le entregaba $300,000 e intervenía con Hacienda y la Oficina de Gerencia y Presupuesto para que se reanudaran contratos con dos empresas en las que cobraba igualas (Social Consulting LLC y Collective Impact LLC), él podría evitar que Maldonado Nieves sacara más chats. Díaz Colón entendía que el cabildero Elías Sánchez Sifonte y el asesor de comunicaciones de la Administración Rosselló Nevares, Carlos Bermúdez, le tenían los contratos bloqueados.

Además, ejecutaría un plan para controlar a varios talentos de radio y televisión logrando que dejaran de pedir la renuncia del gobernador Ricardo Rosselló Nevares y de convocar protestas para comenzar a plantear que la isla no podía sucumbir a la inestabilidad política. Como se había adelantado, el productor aseguró poder controlar las expresiones públicas de Jorge “Molusco” Pabón, Roque “Rocky The Kid” Gallardo, Angelique “Burbu” Burgos y Tomás “Red Shadow” Ramos Cruz. También, del productor de "La Comay", Antulio “Kobbo” Santarrosa, quien provocó un poco de negociación entre Díaz Colón y Maceira Zayas porque el acusado aseguró que a Santarrosa se le tendrían que pagar $50,000 para que entrara en el plan.

“Te estoy dando información complicada, confidencial… me siento bien despreciable”, dijo Díaz Colón, según la transcripción, al discutir los precios de estos “opinion makers”. “Por Rocky son $6,000”, comentó al acordar que, de los $300,000, podía decirle a Maldonado Nieves que solo habían $250,000 para él y usar el resto para pagarle a Santarrosa, garantizando aún que todavía entrarían al plan otras figuras. A las previamente mencionadas, Díaz Colón añadió en la grabación a la modelo Eneida “Bebé” Maldonado Sutter, un “Héctor” que no se definió quién era y a las figuras del Programa Nación Z, que él producía, la abogada Mayra López Mulero, el convicto exsenador Jorge de Castro Font y el exrepresentante penepé Ángel Edgardo “Gary” Rodríguez.

Al reaccionar a la alegación, Rodríguez recordó en Jugando Pelota Dura que el día de la grabación, 16 de julio, ya Díaz Colón no era productor de Nación Z porque había sido despedido el día antes, 15 de julio, después de que sorpresivamente llevó al programa a Rosselló Nevares para su primera entrevista tras la revelación del chat. Ese episodio provocó la molestia de López Mulero, quien renunció porque no la dejaron participar de la entrevista. Observó también que De Castro Font había renunciado al programa semanas antes. Rodríguez participó de la entrevista, pero negó que Díaz Colón hubiera controlado su participación.

Cuando el fiscal Lang terminó sus preguntas a Maceira Zayas, el juez Besosa recesó para comenzar hoy en la mañana con el contrainterrogatorio a cargo del abogado defensor, Rafael Castro Lang.

Al salir, y para sorpresa de nadie que ha seguido el caso de cerca, Díaz Colón confirmó que va a declarar en su defensa. “Yo me voy a sentar… lo van a escuchar todito, yo me voy a sentar”, dijo a reporteros que le preguntaron por las imputaciones en el testimonio de Maceira Zayas. El productor expresó que lo que refleja la grabación presentada al jurado es una “conversación imprudente”, pero que no prueba los delitos de extorsión e intento de extorsión que le imputaron. Díaz Colón está bajo arresto domiciliario y con acceso limitado a internet porque, en dos ocasiones previas al juicio, violó la orden de mordaza. El juez Besosa le volvió a advertir el martes que podía hablar de lo que sucediera en sala, pero no de evidencia que no se haya presentado.

La fiscalía utilizó el testimonio de Maceira Zayas también para introducir lo que entienden prueba su tercer cargo contra Díaz Colón, el de obstrucción de mensajes por borrar la conversación de Telegram que había tenido con el funcionario durante toda la trama. Durante el viernes 26 de julio, cuando agentes del FBI visitaron a Díaz Colón en su casa para interrogarlo, pedirle que llamara a Maldonado Nieves e incautarle su teléfono, Maceira Zayas recibió mensajes del productor que no pudo mirar. En la noche, entró a Telegram para mirarlos y encontró un aviso de que habían sido borrados. Le tomó una foto a su pantalla y la envió a los agentes del FBI. Esa captura de pantalla entró ayer en evidencia.

Además del contrainterrogatorio de Maceira Zayas que debe ocurrir hoy, hay expectativa por la comparecencia como testigos de cargo de Maldonado Nieves y de los agentes del FBI que incautaron el teléfono. Esa visita es objeto de una pesquisa interna de Justicia federal porque Díaz Colón y su esposa se querellaron alegando, entre otras cosas, que los agentes lo “coaccionaron” a llamar a Maldonado Nieves y preguntarle por los $300,000 y el hombre le contestó que nunca quiso dinero, sino revancha por el trato a su padre.

Según el testimonio de Maceira Zayas, esa visita del FBI pudo haber estado motivada porque el exsecretario se rehusó a tener una tercera reunión con Díaz Colón para hacerle una entrega de dinero en un maletín que sería monitoreada por los agentes. El abogado dijo que no accedió porque no tenía protección legal, o inmunidad, y porque le parecía que no funcionaría porque la cantidad que le iba a entregar era sustancialmente menos que los $300,000 de los que habían hablado. Esa reunión con el FBI fue el 19 de julio, tres día después de la conversación grabada en Il Postino.

Para seguir recalcando que tenía miedo, que es uno de los elementos de los que hay que convencer al jurado para que se configure la extorsión, la fiscalía pidió a Maceira Zayas que dijera cómo se sentía en los días entre el mensaje amenazante el 20 de junio y la grabación del 16 de julio.

“Todos los días pensaba si ese era el día en que iba a pisar la mina que podía terminar con mi carrera… estaba haciendo mi trabajo bajo temor”, aseguró. Desde la reunión del 21 de junio, Díaz Colón había mencionado que Maldonado Nieves tenía información dañina en su rol simultáneo como director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos y que responsabilizaba directamente al funcionario por el “tiroteo” de la administración contra su padre.

El 26 de junio, día después de regresar de Florida para consultar personalmente con el exsecretario de Seguridad Pública, Héctor Pesquera, sobre qué hacer con lo que le había dicho Díaz Colón, el exfuncionario hizo titulares cuando en una conferencia en Fortaleza dijo que iba a “volar la cabeza” al funcionario que se “desvíe de la ley”. De esta manera, intentó desviar las denuncias de Maldonado Gautier el 24 de junio de que había una “mafia institucional” en Hacienda. Rosselló Nevares había destituido fulminantemente a Maldonado Gautier tras esas expresiones y en la conferencia, Maceira Zayas justificó el despido diciendo que el secretario había cometido “una falta crasa a la lealtad” con esas expresiones. En el banquillo de los testigos, dijo que el despido de Maldonado Gautier se debió a que el gobernador y él entendían que el hecho de que el funcionario hubiera visitado al FBI para hacer denuncias el 21 de junio y que el 24 hubiera hablado de la “mafia institucional” eran indicaciones de que se estaba ejecutando la supuesta amenaza que Díaz Colón le había hecho.

La relación de fechas que hizo Maceira Zayas arrojó el dato interesante de que, si bien desde el 25 de junio Pesquera supuestamente lo había puesto en contacto con el jefe del FBI en San Juan, Douglas Leff, no es hasta el 14 de julio, día después de la revelación del chat, que se pone a disposición del FBI para ser cooperador y alambrarse.

En otras partes de su testimonio, Maceira Zayas se había demostrado indiferente o descontento con sus funciones tanto en Puertos como en Fortaleza y aseguró que solo le representaban el “checkmark” de trabajo en el gobierno que necesitaba en su resumé para poder hacer la carrera que realmente quería hacer en la empresa privada. Tan pronto la exgobernadora Wanda Vázquez Garced lo destituyó en noviembre de 2019, fundó un bufete que ahora tiene 10 abogado y se dedica principalmente a la práctica comercial y a la representación de clientes en negocios con el gobierno.

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