Inicia el juicio por la supuesta extorsión del productor de radio y televisión, Sixto Díaz Colón, a figuras de la Administración Rosselló sobre el chat de Telegram y el proceso promete revelar payola e influencias de la política en los medios de comunicación.

Los testimonios que comienzan hoy en el juicio federal contra el productor de radio y televisión Sixto Jorge Díaz Colón, conocido como “Sixto George”, son la primera mirada formal que el público tendrá al interior de la Administración Rosselló Nevares en los días previos e inmediatamente después a la revelación del chat de Telegram que culminó en la primera renuncia de un gobernador en la historia política moderna de Puerto Rico.

Pero, a juzgar por el adelanto de evidencia que hicieron ayer tanto la fiscalía como la defensa, puede ser también una exposición de los pocas veces constatados vínculos económicos y políticos que anidan en los medios de comunicación para manipular la opinión pública a cambio de dinero o por lealtades políticas.

El escenario en la sala del juez Francisco Besosa quedó listo para los testimonios después de que ayer seis mujeres y seis hombres (más dos suplentes) fueran juramentados como jurados y de que el fiscal federal Michael Lang y el abogado de defensa Rafael Castro Lang dieran sus informes iniciales. Antes de eso, el caso tiene una historia de casi dos años de pugnas legales que han transcurrido mayormente en secreto porque los documentos se han sometido confidencialmente.

El acusado está bajo arresto domiciliario y vedado de utilizar sus cuentas de redes sociales desde julio pasado cuando la fiscalía, en un segundo intento, consiguió que el tribunal lo encontrara incurso en desacato a la orden de mordaza que todavía rige el caso. Pero eso no impidió que Díaz Colón mencionara a los medios de comunicación que se trata de un caso “fabricado”.

Pidió a la prensa que fueran a donde “Wanda Vázquez, Jenniffer González, Thomas Rivera Schatz, escuchen este nombre, Arnaldo Claudio, y pregúntenle si con sus influencias me mandaron a perseguir, más ná”. Añadió que su confianza está en Dios “porque lo que yo estoy viviendo es pa’ machos, lo que yo estoy viviendo es pa’ hombres”, en referencia a sufrimientos personales y de su familia a raíz del caso.

“Este caso es sobre oportunidad y avaricia, extorsión y encubrimiento”, dijo el fiscal Michael Lang, quien hizo su informe leyendo completamente de un documento preparado. Como productor, Díaz Colón “está acostumbrado a controlar la narrativa de las historias y eso fue lo que hizo aquí”, continuó al relatar que, al momento de cometer los hechos, el acusado estaba “quebrado”, con atrasos en sus pagos de casa y carro.

En ese contexto, el jueves 20 de junio de 2019 envía un texto al entonces secretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas, para alertarle de que el hijo del entonces secretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, tenía información comprometedora que podía “joder” a la administración. Ese día se discutían pesquisas federales a contratistas del gobierno, incluyendo dos empresas que habían subcontratado al hijo de Maldonado Gautier y que el Departamento de Justicia local, entonces al mando de Wanda Vázquez Garced, las había referido para investigación.

El viernes 21, el acusado y Maceira Zayas almorzaron en el restaurante Musa y el funcionario público decidió grabar la conversación con su teléfono celular. El productor le dijo que había visto el chat de Telegram, que podían tumbar el gobierno y que incluían evidencia de conducta indebida del funcionario en su rol como director ejecutivo de la Autoridad de los Puertos. Es ahí que supuestamente plantea que podía lograr que no saliera a la luz pública si se le pagaban $300,000 al hijo de Maldonado Gautier, Raúl Maldonado Nieves, si se restablecían unos contratos públicos que tenían dos compañías que le pagaban una iguala mensual al productor y que podía desarrollar una campaña de relaciones públicas para hacer que personalidades hablaran a favor del Gobernador.

El relato de Lang es que Maceira Zayas salió “en shock” del almuerzo, preocupado por su futuro y se movió a otro restaurante en el que consultó con amigos para llegar a la conclusión de que debía tomar un vuelo a Florida para reunirse con el exsecretario de Seguridad Pública, y exjefe del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) en San Juan, Héctor Pesquera. Eso ocurrió y Pesquera lo puso en contacto con el entonces jefe del FBI en San Juan, Douglas Leff, para que el funcionario se quejara y se convirtiera en informante.

El Centro de Periodismo Investigativo publicó 889 páginas del chat el 13 de julio y Díaz Colón volvió a procurar a Maceira Zayas hasta que este aceptó un segundo almuerzo, el 16 de julio en el restaurante Il Postino, donde el productor tenía intereses económicos. El FBI habilitó al funcionario con aparatos de grabación, lo “alambró”, y en ese almuerzo el productor habría repetido su oferta del 20 de junio, pero esta vez para evitar que salieran más chats. Dijo que usaría personalidades (“influencers”) como Antulio “Kobbo” Santarrosa (productor de La Comay), el locutor Roque “Rocky The Kid” Gallardo, y la locutora Angelique “Burbu” Burgos.

"Todo por un precio, todo por dinero que Maceira tenía que pagar, (Díaz Colón) quería lucrarse del miedo de Maceira”, dijo el fiscal a los jurados.

Nada ocurrió hasta lo que probablemente es el evento de mayor sensibilidad para ambas partes, la visita de agentes del FBI a la casa de Díaz Colón el 26 de julio en la que se incautaron su teléfono no sin que antes el productor realizara una llamada a Maldonado Nieves que los agentes monitorearon y con el libreto provisto por los agentes, planteó al hijo del exsecretario lo del pago de los $300,000. Este, conocido también como “Raulie”, dijo que no tenía interés en dinero por los chats, que su motivación era la venganza porque el Gobernador había destituido a su padre. Ese mismo día por la noche, Maceira Zayas alertó al FBI que los mensajes que había compartido con Díaz Colón sobre el esquema aparecían borrados en su teléfono, lo que le generó al productor el cargo de obstrucción a la justicia, Además, enfrenta un cargo de intento de extorsión y de extorsión.

Mientras el fiscal hablaba, Díaz Colón demostraba reacciones físicas a sus palabras. En ocasiones sonreía, miraba hacia el público para hacer gestos a familiares o movía ambos brazos.

Cuando su abogado, un defensor veterano en el foro federal, presentó al jurado su versión de los hechos, inmediatamente atacó la credibilidad del fiscal al mostrar el mensaje completo del 20 de junio sobre la existencia de los chats. “¿Ven una demanda de extorsión en ese mensaje? No. Nada en ese mensaje dice que Raulie pide $300,000, es simplemente una mentira”, lanzó a los jurados Castro Lang, quien hizo su informe de memoria.

“No estamos bregando con un caso de extorsión. Estamos bregando con un caso en el que el hijo de un político quería revancha contra la gente que le hicieron daño a su padre y eso fue lo que Sixto les dejó saber”, planteó Castro Lang al adelantar que en la segunda grabación se escuchará claramente que su cliente dice que el mensaje de texto no había sido una amenaza y que Maceira Zayas le contesta que “estaba claro” que no lo era. Para extorsionar, recordó el abogado, se necesita causar miedo a la víctima y Maceira Zayas no tenía miedo. “Su evidencia no sostiene sus alegaciones contra Sixto George (porque) entre ellos sabían que no había una amenaza”, subrayó en referencia a la versión del fiscal. El abogado comentó que Maldonado Nieves había “robado” el chat del teléfono de su padre.

La propuesta de Castro Lang a los jurados es que su cliente estaba bien involucrado en los eventos alrededor de la divulgación del chat de Telegram, pero no como extorsionista. Sin embargo, los múltiples roles que aparentemente tuvo Díaz Colón en la trama pueden ser hasta chocantes entre sí. Era comentarista, y también productor, que buscaba información para exponer la corrupción de funcionarios, pero también quiso alertar a Maceira Zayas y Rosselló Nevares del chat porque eran gente de “su partido”, como lo apalabró el abogado, y también era “amigo” de Rosselló y lo había ayudado en su campaña a la gobernación. Alertó a sus correligionarios sobre el chat, pero, a la vez, quería conseguirlo para publicarlo porque “el negocio de Sixto es publicar corrupción de los oficiales gubernamentales”. Quería tenerlos porque su trabajo es denunciar corrupción pero, después de publicado el chat, suscribió un contrato con Rosselló Nevares para diseñarle una campaña de relaciones públicas y contrarrestar los efectos políticos del chat. Era amigo de Maldonado Gautier y lo había ayudado en sus relaciones públicas en Hacienda, pero también era amigo de Rosselló Nevares y su esposa, Beatriz, y buscó ayudarlos con relaciones públicas para capear la tormenta del chat.

Castro Lang añadió que Maceira Zayas nunca fue a donde Rosselló Nevares “para decirle, mira, págale a Raulie $300,000” y que, mientras mantenía al gobernador a oscuras, el exsecretario se movía para “hacer ver a Sixto como un extorsionista ante el FBI”. El funcionario actuó así porque Díaz Colón había recibido información de que era corrupto por acciones suyas en Puertos, dijo el abogado.

Cuando entró a relatar la visita de los agentes a su cliente, el fiscal Lang hizo múltiples objeciones y el juez Besosa limitó las expresiones del abogado defensor. “Esa grabación (del 26 de julio) fue en contra de los intereses del gobierno porque Raulie dijo que no quería dinero”, lanzó el abogado sobre ese episodio. Tanto Maldonado Nieves como Maceira Zayas son dos de los testigos anticipados.

En un proceso separado, pero paralelo, una querella del acusado y su esposa mantiene activa también una investigación interna del Departamento de Justicia federal por la conducta de los agentes del FBI en esa visita. La querella habla de que los agentes nunca le dijeron al productor que era objeto de investigación, que lo coaccionaron a realizar la llamada y que, después de varias horas de interrogatorio y de hacer la llamada fue que le mostraron la orden para incautarse de su teléfono.

Mientras esto ocurría, estaba en sala el jefe de la sección de Integridad Pública del Departamento de Justicia en Washington DC, Corey Admunson, bajo cuya égida se desarrollan varios casos de corrupción, como este y el de soborno que está pendiente contra Vázquez Garced. A preguntas de NotiCel, no quiso comentar sobre la querella del acusado contra los agentes del FBI ni si su presencia en la isla se debía solo al inicio del juicio contra Díaz Colón.

Al final de los informes iniciales, el juez Besosa hizo a los jurados una advertencia rutinaria, pero irónica en el contexto de un caso que versa en parte sobre la manipulación de los medios de comunicación. Les recordó que no deben exponerse a informaciones sobre el caso en radio, televisión u otros medios. Que eviten seguir discusiones del caso en redes sociales y que si de momento surge algo sobre el caso en televisión o radio, lo apaguen.

Vea:

Intervención del FBI con productor Sixto Díaz provoca queja en Justicia federal