La inspección de los terrenos e instalaciones está ordenada por ley y mantiene congelados los millones recaudados por el impuesto especial que el gobierno incluyó en el marbete del año pasado, pero la demanda para lograrla está olvidada.

El Tribunal de Primera Instancia le pidió el martes a la Administración de Terrenos (AT) que diga si todavía le interesa seguir con su demanda para lograr acceso a las instalaciones de Ciudad Deportiva Roberto Clemente en Carolina porque desde noviembre pasado no han hecho nada en el pleito.

La expresión del tribunal ocurrió un día después de que el diario Primera Hora expusiera la queja del secretario del Departamento de Recreación y Deportes (DRD), Ray Quiñones, de que no podía hacer nada todavía con los $14 millones que el gobierno recaudo con el impuesto especial en honor a Roberto Clemente que pusieron en el marbete del año pasado debido a que la AT no había completado el mandato de ley de inspeccionar los terrenos y estructuras para tramitar el cambio de titularidad.

Quiñones se refería a la Ley 67 de julio del año pasado, con la que la Legislatura y el Gobernador estructuraron el plan de quitarle a la organización sin fines de lucro Ciudad Deportiva Roberto Clemente, Inc. (CDRCI) los terrenos que el gobierno le había cedido en 1973, para pasarlos a Recreación y Deportes y que la Autoridad del Distrito de Convenciones los administrara.

La ley le daba a la AT 90 días para hacer el trámite y, en octubre del año pasado, 60 días después de la firma de la ley, la AT recurrió al tribunal con un recurso en contra de CDRCI. Argumentaron que no habían podido conseguir que la organización les diera entrada al lugar y pedían al tribunal una orden que les permitiera entrar y poder cumplir con el mandato de la Ley 67.

La AT comenzó a informarle al tribunal que no había podido emplazar a los oficiales de CDRCI, incluyendo a su presidente, e hijo de Clemente, Luis R. Clemente, y que este incluso le había dicho a una abogada de la agencia que no accedería a que realizaran la inspección porque no estaba de acuerdo con la Ley 67. Por esto, pidieron al tribunal que emitiera la orden sin la comparecencia de los demandados.

Pero en una vista el 4 de noviembre, el juez Ignacio Morales Gómez, le leyó la cartilla sobre el debido proceso de ley y le aclaró que, a pesar de la prisa que tenía la agencia, no podía simplemente descartar que el recurso tiene a una parte demandada para emitir una orden contra esa parte sin escucharla y sin que se hayan agotado todos los remedios legales para cumplir con el requisito de emplazarla.

“Este es un asunto sustancial que requiere notificación a las partes de las alegaciones. Que el término provisto por la Asamblea Legislativa cuando se aprobó la Ley sea adecuado, sea suficiente o no sea suficientes, esa es una consideración que no puede ir por encima del debido proceso de Ley que hay que garantizarle a la parte demandada”, indicó el juez, según surge de la minuta de la vista.

Este le presentó a la AT dos alternativas: desestimar la demanda y volver a radicar como una petición “ex parte” (que significa que solo comparece la AT y no hay demandado) o recalendarizar la vista para cuando “el tribunal pueda entender satisfactoriamente que tiene jurisdicción sobre la parte demandada para conceder el remedio solicitado”.

La AT optó por la recalendarización y se pautó vista para el 21 de noviembre. Pero el 17 de noviembre la AT pidió al tribunal que dejara sin efecto el señalamiento porque seguían sin poder emplazar a la parte demandada. Desde entonces, la AT no ha hecho ninguna otra notificación al tribunal, lo que provocó que el juez emitiera su expresión de que le dijeran si seguían interesados en el caso o no.

El DRD había pedido intervenir, pero el juez lo rechazó por entender que la intervención era a destiempo.

La familia de Clemente tiene pendiente un pleito contra el gobierno en el Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico en el que alegan que el gobierno violó la Ley de Marcas al no obtener su autorización para usar el nombre del astro del béisbol en el marbete y la tablilla con la que recaudaron los $14 millones y para establecer que no han obtenido su autorización para usar el nombre en la versión de Ciudad Deportiva que se desarrollaría a raíz de la Ley 67.

En un reportaje de NotiCel, el presidente de Ciudad Deportiva sostuvo que, a lo largo de los años, el gobierno fue retirándole apoyo económico al proyecto, a la misma vez que bloqueaban los intentos de la organización por traer inyección económica privada porque el propósito era tener excusa para quitarle los terrenos.

La Junta de Supervisión Fiscal también mantiene suspendida la ejecución de la Ley 67 porque el gobierno no les ha explicado el impacto que tendrá en el fisco el retomar los terrenos, habilitarlos y darle mantenimiento.