Investigadores internos mantienen una pesquisa contra agentes del FBI que incautaron el teléfono celular del productor, quien está acusado de intentar extorsionar al exgobernador Ricardo Rosselló con relación a chat de Telegram.

El caso federal del productor radial Sixto Díaz Colón por intento de extorsión al exgobernador Ricardo Rosselló Nevares y al exsecretario de Asuntos Públicos, Anthony Maceira Zayas, generó una investigación contra los agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) que lo interrogaron y le incautaron su teléfono celular, supo NotiCel.

La querella ante la Oficina de Responsabilidad Profesional (ORP) del Departamento de Justicia federal, imputa “mala conducta grave” a tres agentes del FBI y a los fiscales del caso y sostiene que de la propia evidencia que ha entregado la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico no hay delito. La ORP es la oficina de Justicia que atiende procesos disciplinarios contra sus empleados y la pesquisa relacionada a esta querella está abierta y en progreso.

El juicio de Díaz Colón estaba pautado para diciembre, pero fue pospuesto y ahora debe comenzar el lunes próximo. Las partes han estado enfrascadas en varias controversias que se han manejado confidencialmente por lo que no hay total claridad sobre de qué se tratan. Pero la semana pasada, el juez federal Francisco Besosa hizo una anotación pública sobre que había pendiente de resolver un “asunto Touhey” antes de poder emitir ciertas citaciones a testigos.

Un “asunto Touhey” se refiere a una serie de reglas que se activan cuando alguien quiere obtener documentos o el testimonio bajo juramento de un empleado de Justicia, como son los fiscales y agentes del FBI, en cualquier proceso oficial federal o estatal. Las reglas se dirigen a crear un espacio para que los supervisores de esos empleados puedan revisar la solicitud y decidir si van a permitirla o impugnarla por la sensitividad de las materias que se pueden revelar.

La querella que sometieron Díaz Colón y su esposa, Wanda Ivette Hernández Pérez, es un proceso que transcurre por separado y paralelo al juicio, así que no es parte de la evidencia oficial del caso. Pero la anotación del juez es un indicio de que el acusado está interesado en citar, como parte de su presentación de prueba al jurado, a los agentes del FBI que lo visitaron el 26 de julio de 2019 en su hogar en Caguas y le incautaron el teléfono celular.

El pliego acusatorio bajo el que Díaz Colón fue arrestado en enero de 2021 por intento de extorsión está basado principalmente en tres piezas de evidencia.

La primera son comunicaciones entre Raúl Maldonado Nieves y Díaz Colón desde febrero de 2019 en las que el hijo del exsecretario de Hacienda, Raúl Maldonado Gautier, le dijo al productor que tenía carpetas con un chat de Telegram del equipo cercano del mandatario. Inicialmente, la conversación era con fines de divulgarlo en Nación Z, espacio de radio y televisión que el productor manejaba. El deseo de divulgación se intensificó después de que Rosselló Nevares destituyera a Maldonado Gautier en junio de 2019. Díaz Colón discutió este peligro con Rosselló Nevares, el entonces secretario de la Gobernación, Ricardo Llerandi, y con Maceira Zayas casi un mes antes de que unas páginas del chat fueran adelantadas en varios medios y de que 889 páginas del mismo fueran publicadas en el Centro de Periodismo Investigativo (CPI).

La segunda es la intervención como confidente y encubierto de Maceira Zayas, quien grabó al productor e intercambió mensajes con él, particularmente después de que el CPI hiciera su publicación del chat el 13 de julio de 2019, cuando la preocupación del Gobernador era que salieran más páginas y cómo podía contrarrestar la ola de escarnio público que provocó la divulgación.

La tercera es una llamada que Díaz Colón hizo a Maldonado Nieves el 26 de julio frente a los agentes del FBI para discutir la supuesta exigencia de $300,000 y contratos públicos a cambio de evitar que salieran más páginas del chat.

La querella se concentra en exponer que esa llamada del viernes 26 de julio fue coaccionada por los agentes, quienes se presentaron en el hogar del productor so color de pedirle “ayuda”. Sin decirle que estaba detenido ni mostrar orden de allanamiento, los agentes instruyeron a la esposa y dos hijos del productor que se retiraran a un cuarto por horas. Tras unas tres horas de interrogatorio al productor, los agentes le dijeron que hiciera la llamada y que siguiera el libreto que le iban a dar o, de lo contrario, pensarían que tenía algo que esconder. La llamada ocurrió y en la misma Maldonado Nieves habría contestado que nunca pidió dinero ni lo aceptaría porque su motivación no era económica, sino revancha. Luego de la llamada, los agentes le presentaron al productor la orden que los facultaba a incautarse del móvil y lo incautaron.

El documento pide que los agentes sean disciplinados por interrogarlo sin advertirle que estaba bajo investigación, por el trato a la esposa e hijos del productor, por no presentarle la orden hasta horas después, por coaccionarlo a realizar la llamada y por proseguir en su contra, y procurar el pliego acusatorio, aún cuando los agentes habían escuchado cuando Maldonado Nieves afirmó al productor que nunca hubo un motivo económico en la divulgación del chat.

Añade que la intervención del productor ocurrió porque Rosselló Nevares lo contrató para hacer un operativo de relaciones públicas y control de daños en medio de comunicación a través de personalidades a las que Díaz Colón podía llegar directamente para plantearles que propagaran mensajes a favor del mandatario. Entre estas, el titiritero Antulio “Kobbo” Santarrosa, quien interviene en medios a través del personaje “La Comay”.

Díaz Colón está bajo arresto domiciliario desde julio pasado porque la fiscalía, en un segundo intento, pidió al juez que le quitara la fianza y lo encarcelara por expresiones públicas que el productor había hecho sobre el caso y que el gobierno entendía eran violatorias de la orden de mordaza.

De ocurrir el juicio contra el productor, sería el primer proceso judicial formal que se lleva a cabo con relación al chat de Telegram que llevó a la renuncia histórica de Rosselló Nevares.

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