Lo que se alega hizo el presidente de la fundación Good Morning es una conducta en la que otras organizaciones sin fines de lucro podrían caer si no están atentos a sus gastos.

El caso federal por lavado de dinero y fraude electrónico que las autoridades federales divulgaron en Nochebuena contra el contratista del gobierno Miguel Colón Molina comenzó en 2019 con un referido del Departamento de Hacienda y ya acumuló un caso local el que el hombre se declaró culpable de evasión contributiva en 2021.

Miguel Colón Molina tenía contratos con la Administración de Familias y Niños (ADFAN), una división del Departamento de la Familia, desde al menos 2011 mediante dos entidades autorizadas para operar sin fines de lucro con el propósito oficial de operar “hogar sustituto y cuido de incapacitados”. Primero con Brother Kids Therapeutic Center, Inc. y luego con Good Morning Foundation Corp., para el cuidado de niños y envejecientes con necesidades especiales en hogares ubicados primordialmente en Bayamón.

Pero en 2018, usó fondos que llegaron a la organización por su contrato con ADFAN para adquirir una lancha de 82 pies marca Sunseeker de 2007 (valorada en $1,010,000 y descrita por las autoridades como “lujosa”) y una propiedad en la calle Orquídea de la urbanización Santa María, Guaynabo, (Valorada en $1,000,000) y colocó ambas en nombre de dos de sus hijos.

Esto generó un referido de Hacienda al Departamento de Justicia que atendió la fiscal de Delitos Económicos, Roxanne Rivera Carrión, y ahí comenzaron los problemas de Colón Molina con la ley.

En entrevista con NotiCel, Rivera Carrión explicó que Colón Molina había involucrado a su sin fines de lucro en dos conductas ilegales básicas. La primera fue que los gastos, particularmente la compra de la lancha, no tenían nada que ver con los propósitos oficiales para los que se concedió la exención contributiva de la organización. La segunda fue que la organización no reportó los artículos como un ingreso para Colón Molina ni el propio ejecutivo los reportó como ingresos personales, incurriendo así en el acto de evasión. Ambas conductas pueden generar problemas legales para cualquier organización sin fines de lucro que no tenga controles o supervisores independientes a la persona que las opera. Colón Molina retenía el control de las organizaciones y sus trámites financieros.

“(Colón Molina) le miente a Hacienda porque en realidad no son organizaciones sin fines de lucro, son un alter ego… lo que queremos es que el dinero (de las sin fines de lucro) llegue a donde es, no a yates”, comentó la fiscal.

En el caso por evasión, se calculó que Colón Molina había dejado de reportar $1.1 millones en ingresos entre 2015 y 2018, lo que resultó en una deuda contributiva de unos $700,000. Como parte de su arreglo, restituyó $560,000. En los últimos cinco años, es el caso de evasión contributiva personal relacionado con organizaciones sin fines de lucro más grande que Justicia ha culminado. “Es un esquema muy serio y preocupante”, subrayó la fiscal.

Rivera Carrión indicó que su pesquisa no abarcó cómo ADFAN otorgó los contratos ni la supervisión que daban a las operaciones de los hogares que operaba la fundación. Pero aseguró que los servicios se estaban prestando y que no fue hasta que Colón Molina se declaró culpable por evasión contributiva en 2021 que la agencia se acercó a Justicia para conocer qué hacer con los contratos, los cuales fueron suspendidos. La población que servía la fundación fue distribuida a otros hogares y, como parte de su sentencia, el hombre no puede volver a tener contratos públicos.

La declaración de culpabilidad a nivel local, que consistió en una sentencia suspendida de dos años en consideración a que era un primer ofensor, no fue el final de los problemas legales para Colón Molina. Está inmerso en un proceso de divorcio y, a partir del 19 de diciembre pasado, enfrenta un pliego acusatorio federal con 12 cargos de fraude electrónico y seis cargos de lavado de dinero que puede terminar en una sentencia de hasta 20 años de cárcel y la confiscación de la lancha y la propiedad.

Rivera Carrión apuntó que hubo colaboración desde el principio con la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico y que la bifurcación del caso corresponde a lo que cada fiscalía podía procesar mejor por su jurisdicción. En Puerto Rico, la evasión contributiva, y, a nivel federal, las transacciones bancarias que abarcaron el uso del sistema bancario para mover dinero a la entidad Florida Yachts International para la compra de la lancha.

A Colón Molina se le vincula con otras 10 corporaciones. Además de Good Morning y Brother Kids, el pliego federal menciona Johncristmig Progressive Center, Inc., Jiribilla Yach Charter Corp. y Magic Sport Culinary Corp. Las víctimas, según la acusación, son Hacienda, ADFAN y Good Morning. “Las propuestas (de servicio) representaban a ADFAN que los fondos de ADFAN se usarían para pagar los costos de operar las facilidades de cuidado residencial y los gastos atribuibles directamente a los individuos bajo el cuidado de (Good Morning)”, subraya el pliego.

NotiCel supo que en una inspección que autoridades federales hicieron de la lancha, las unidades caninas especializadas en detectar narcóticos ‘marcaron’ la nave, lo que es un indicio de que en algún momento estuvo expuesta a sustancias controladas. El posicionador global (GPS) también reveló viajes a países asociados al tráfico de drogas. Hasta ahora no ha ocurrido ninguna acusación o declaración de las autoridades sobre este ángulo de narcóticos.

Colón Molina bautizó su lancha mal habida con el nombre de Jiribilla, que formalmente significa “niño inquieto”.

Para ver el pliego acuatorio, pulse aquí.

Vea:

Radican 35 cargos contra supuesto evasor contributivo