La dueña de Mudafort Xtreme Sports & Motorsports Inc. enfrenta tres cargos federales y un armero del negocio enfrenta otro cargo por separado.

El allanamiento que las autoridades federales realizaron en agosto en la armería Mudafort Xtreme Sports & Motorsports Inc. (MXSM), en Santurce, produjo hoy el arresto de su dueña, Aileene M. Mudafort Fernández, pero ya había producido otro arresto que pasó desapercibido, el de uno de sus armeros, José Berríos Aquino.

La Oficina del Fiscal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico anunció hoy los cargos que enfrentan ambos en casos separados El de Berríos Aquino fue presentado el mes pasado.

Mudafort Fernández, de 60 años, enfrenta tres cargos: facilitarle un arma a un convicto por delito grave (hasta cinco años de cárcel), asistir en el tráfico ilegal de armas (hasta 10 años) y no mantener los expedientes sobre transacciones con armas de fuego (hasta 1 año).

En los delitos están involucrados dos personas que el pliego federal no identifica. Mudafort Fernández habría facilitado una pistola Taurus en 2019 al convicto identificado con las siglas PCT, con conocimiento de que era un convicto que no podía poseer armas, y desde 2020 habría ayudado a un individuo identificado con las siglas RRM a traficar armas ilegalmente.

Además de Mudafort Fernández a título personal, también está acusada la corporación MXSM. La mujer compareció hoy representada por el licenciado Luis Rivera Rodríguez ante el magistrado federal Bruce McGiverin, quien, como parte de un acuerdo entre defensa y la fiscal Linet Suárez, le concedió libertad bajo fianza. Las condiciones de la fianza son $30,000 no asegurados y someterse a pruebas de droga porque se le ocupó un vaporizador portátil que arrojó positivo a marihuana. Además, no puede trabajar en un negocio de armas de fuego ni puede estar cerca de las mismas y tiene que entregar sus armas personales, lo que ya hizo, según su abogado.

Por otro lado, Berríos Aquino está acusado de poseer un arma Sharp Brother modelo Jack-9 modificada para funcionar como ametralladora mediante un aditamento conocido como Alamo-15 Forced Reset Trigger.

Al hombre se le había concedido inicialmente libertad bajo fianza, pero la fiscalía pidió revisión urgente para que permaneciera detenido hasta juicio por ser un peligro para la comunidad. Como sustento, presentaron grabaciones de video y de audio en las que Berríos Aquino aparece usando el arma Sharp Brother alterada e instruyendo a otras personas cómo utilizar el “forced reset trigger” para convertirlas a ametralladoras. En uno de los videos, el armero aparece en el balcón de su casa y en otra grabación que fiscalía presentó, un audio, a Berríos Aquino se le escucha amenazar a los investigadores y relatar que un día lo agarrarían con una pastilla encima y les daría una paliza. Como defensa, el armero dijo al tribunal que su licencia de armas y la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos le permite poseer y manejar armas, tanto en el negocio como en su casa, y que el Negociado de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF en inglés) ha admitido que no todos los “forced reset trigger” son automáticamente ilegales. Perturbado por el tono del hombre en las grabaciones, el juez Daniel Domínguez resolvió que el balance entre los intereses del acusado y los del gobierno estaba en ordenar arresto domiciliario y el uso de grillete electrónico. Igual que Mudafort Fernández, el armero tampoco puede trabajar con, o estar cerca de, armas de fuego.

No hay fecha de juicio señalada para Berríos Aquino y el caso de Mudafort Fernández también fue asignado al juez Domínguez.

El agente especial a cargo de ATF en Puerto Rico, Christopher A. Robinson, dijo en relación con los arrestos que “las personas que tienen una licencia federal de armas de fuego tienen una responsabilidad especial de ser la primera línea de defensa en contra del desvío de estas armas fuera del comercio legal” y que “nunca se tolerará” que estas personas abdiquen su responsabilidad y participen en el mercado ilegal.

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