El individuo obtuvo préstamos de SBA mediante engaño y usó el dinero para comprar terreno y armas

Un gran jurado federal acusó a un exempleado del municipio de Las Marías por cometer fraude con el préstamo por desastre (EIDL), una de las ayudas que la Administración de Pequeños Negocios (SBA) hizo disponible, junto con el archifamoso PPP, para los negocios y cuentapropistas durante la pandemia.

Carlos Xavier Ramos Otero habría mentido en su solicitud de EIDL para hacer creer que todavía era un cuentapropista y así recibir $79,100 en un préstamo que no tenía que repagar y que usó para comprar un terreno en Las Marías, tres armas de fuego y pagar pensión alimentaria atrasada.

Ramos Otero dijo en su solicitud que tenía un contrato como facilitador de servicios de salud en la Administración de Salud Mental y Servicios contra la Adicción desde septiembre de 2019, pero no dijo que el contrato había terminado en diciembre de 2019 y que, a la fecha de la solicitud, estaba empleado como oficial administrativo en el gobierno municipal de Las Marías. No divulgó que debía más de 60 días de pagos de pensión alimentaria ni tampoco que había recibido $14,253 en ayuda por desempleo.

La SBA le desembolsó el préstamo en noviembre de 2021, mes durante el que Ramo Otero compró por $60,000 en efectivo un terreno de unas 12 cuerdas en el barrio Río Cañas de Las Marías, pagó $6,593.42 en pensión atrasada y compró tres armas de fuego: dos Glock 9 mm y una European American Armas Corp. Windicator calibre .357 (Magnum).

Ramos Otero fue arrestado el 12 de diciembre, se declaró no culpable, quedó en libertad bajo fianza y el juez Francisco Besosa señaló juicio para el 21 de febrero. Enfrenta tres cargos de fraude electrónico y dos de lavado de dinero. La fiscal federal Myriam Fernández está a cargo del procesamiento.

Recientemente, la Oficina del Contralor emitió un informe investigativo sobre los incentivos a pequeñas y medianas empresas por $60 millones que emitió el Departamento de Desarrollo Económico y Comercio durante la pandemia y encontró también irregularidades. Hubo solicitudes repetidas que representan $143,000 pagados en exceso, 1,064 solicitudes (poco más de $1 millón en incentivos) sin el número de Registro de Comerciante correcto y 9,204 solicitudes (poco más de $1 millón en incentivos) aprobadas en exceso a la asignación original.

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