Los abogados de defensa pedían la desestimación del cargo de asesinato por encargo del banquero.

El juez federal Francisco Besosa concedió más tiempo a los abogados de defensa en el caso por asesinato del banquero Maurice Spagnoletti para investigar información sometida tardíamente por la fiscalía federal sobre la posible involucración de otras personas en el asesinato por encargo, pero rechazó desestimar el cargo de asesinato, que era la solicitud principal de los abogados.

La decisión estaba emitida desde el 10 de noviembre pasado, pero en calidad de documento confidencial. A solicitud de NotiCel, Besosa accedió a emitir una versión pública de su decisión el martes pasado.

Con la versión pública se confirma que la posposición del juicio para el 13 de marzo de 2023 fue el remedio que escogió conceder el juez a los abogados de defensa, en vez de desestimar el cargo de asesinato, que era lo que preferían como remedio a que la fiscalía entregara 82 informes de agentes del Negociado Federal de Investigaciones (FBI) sobre la muerte de Spagnoletti mes y medio antes de la fecha inicial del juicio en noviembre pasado. Con la posposición, el juez entiende que curó cualquier perjuicio que haya causado la entrega de estos informes a la defensa en el momento en que ocurrió.

El razonamiento del juez es que el perjuicio que pudo haber provocado a los acusados la entrega tardía de la información estaba atenuado con el hecho de que la mayoría de las alegaciones que tienen los informes del FBI ya se habían publicado en una demanda civil que sometieron la viuda y la hija de Spagnoletti. Esa demanda, sometida en 2013, implicaba a la plana mayor del Doral Bank en el asesinato de su vicepresidente, pero fue retirada por las demandantes sin llegar a la fase de presentación de prueba, en parte porque había una investigación criminal.

Después de esa desestimación, la fiscalía acusó por el asesinato a Luis Carmona Bernacet, Yadiel Serrano Canales, Rolando Rivera Solís y Álex Burgos Amaro quienes, junto a Alan Lugo Montalvo ya enfrentaban una acusación por narcotráfico. Los acusados eran también contratistas del banco para servicios de mantenimiento.

Como esas alegaciones ya estaban en el ámbito público desde 2013, los acusado debieron haberlas integrado en su estrategia de investigación y de presentación de evidencia de cara al juicio, concluyó el juez en una decisión en la que no aquilató la credibilidad de las alegaciones, por lo que dejó la puerta abierta para que cualquiera de ellas pueda ser usada en juicio por los distintos acusados.

Entre las alegaciones están que el exjefe Legal de Doral, Enrique Ubarri Baragano, el expresidente Gen Wakeman y la exvicepresidenta de Operaciones, Anelisse Figueroa, estaban involucrados en el asesinato ocurrido en 2011; que Spagnoletti había destapado esquemas de fraude que involucraban a estos ejecutivos; y que sus compañeros no veían con buenos ojos sus intentos de enderezar los asuntos en el banco ni su cooperación con el regulador federal, la Federal Deposit Insuance Corporation (FDIC), entre otros.

Besosa distinguió unas alegaciones que estaban en los informes de los agentes, pero no en la demanda, que pueden considerarse nuevas para la defensa. Entre ellas: que un informante del FBI había dicho que el exdueño de Doral, Salomón Levis, se había reunido con él y le había dicho que necesitaba matar a un banquero; que un reo dijo que había asesinado a Spagnoletti por error porque lo había confundido con un rival en el narcotráfico; que un reo dijo que le habían pagado $200,000 por matar al banquero; y que un exoficial federal le dijo a la viuda que dos ejecutivos habían contratado a mercenarios franceses para matar a Spagnoletti.

Para eliminar la posibilidad de que quede evidencia por entregar, Besosa le puso a la fiscalía el 1 de marzo de 2013 como plazo para entregar cualquier otro material que podría ser exculpatorio.

Con la publicación de la orden del juez, se conoció también que, en mociones confidenciales, la fiscalía había pedido que a la defensa se le prohibiera cuestionar la ausencia de mecanismos investigativos, a menos que estuviera directamente relacionado con la presentación de evidencia física en el juicio. Esta solicitud apunta a que la fiscalía podría intentar probar la relación de los acusados con el asesinato del banquero sin presentar todos los tipos de prueba asociados usualmente con las pesquisas por muertes, como puede ser pruebas genéticas o huellas dactilares.

Por ejemplo, ya Lugo anticipó que la fiscalía pretenderá vincularlo con el asesinato basándose en prueba relacionada con teléfonos celulares.

El juez concluyó sobre esto que no va a conceder la solicitud de la fiscalía de manera general en este momento, sino que se reservara la facultad de adjudicar cuando esta situación surja en el juicio.

Vea:

Ejecutivos de Doral involucrados en asesinato de banquero Spagnoletti, según reportes del FBI