Las reclamaciones legales entre el liderato actual y el expresidente Manuel Fernós y su exayudante Dominique Gilormini se multiplican y llegan al foro federal.

Desde el despido de Manuel Fernós López-Cepero de la presidencia de la Universidad Interamericana (UIPR) en mayo pasado, las reclamaciones legales entre este y su exayudante, Dominique Gilormini de Gracia, por un lado, y el liderato de la institución, por el otro, se han multiplicado y ahora llegan al Tribunal de los Estados Unidos para el Distrito de Puerto Rico.

Gilormini de Gracia y su esposa, Tatiana Colorado Aponte, sometieron el miércoles pasado una demanda federal contra el presidente de la Junta de Síndicos, José R. Muñoz Ávila, el presidente interino de la universidad, Rafael Ramírez Rivera y el decano de la Facultad de Derecho, Julio Fontanet alegando violaciones a la ley federal sobre seguros de salud en el empleo, despido injustificado y represalias.

La demanda surge de hechos que ya han sido expuestos detalladamente en una querella que el propio Gilormini de Gracia hizo ante la comisión acreditadora Middle States (MSCHE en inglés) y que Fernós López-Cepero ha hecho también en procesos que están pendientes ante los tribunales de Puerto Rico. Gilormini de Gracia levantó bandera ante miembros de la Junta de Síndicos y ante Fernós López-Cepero por acciones sospechosas que llevó a cabo Muñoz Ávila en trámites para contratar los seguros de la institución y para el desarrollo de una sede multimillonaria en la ciudad de Orlando (Florida), y Muñoz Ávila primero hizo que Fernós López-Cepero relevara a su ayudante y después la junta despidió al expresidente, quien había levantado también los señalamientos contra el todavía presidente de la Junta.

De entrada, la demanda federal de Gilormini de Gracia no tiene los detalles que están en su querella ante la MSCHE y en radicaciones legales que ha hecho Fernós López-Cepero también, pero se indica que en junio pasado "fue despedido ilegalmente de su posición como director ejecutivo de la Oficina del Presidente de la UIPR en represalia por sus señalamientos internos sobre conducta cuestionable y conflictos de interés (de Muñoz Ávila) con contratistas y consultores como Manuel E. Maldonado Cotto, presidente y CEO de Intelligence and Forecasting Group (a quien se imputa representar a la vez a la aseguradora de la institución); y también con el arquitecto y abogado del Proyecto de Desarrollo de Orlando que, como parte de sus tareas, a Gilormini (de Gracia) se le pidió que lo supervisara".

Gilormini de Gracia estuvo con la UIPR por nueve años y, tras ser relevado de su puesto de confianza, fue destituido de la posición que tenía como profesor en la Facultad de Derecho. Su esposa trabajó en la institución ocho años y se alega que tuvo que renunciar a su posición como vicepresidente auxiliar de Relaciones Internacionales debido a las presiones y ambiente de trabajo hostil que se creó después de las acciones de la Junta contra su esposo. Gilormini de Gracia apunta que la universidad no cumplió con las leyes federales de continuación de seguro de salud después del empleo (COBRA en inglés), que su despido fue injustificado y que fue por represalias. A través de la licenciada Jéssica Figueroa Arcem el matrimonio reclama $5 millones en compensación por daños, penalidades y salarios dejados de devengar, así como la reinstalación de Gilormini de Gracia.

Los demandados también enfrentan una alegación de que, a través de la oficina de Relaciones Públicas de la institución, sometieron información falsa a varios comentaristas, como Jay Fonseca, Mayra López Mulero y Ángel Rosa, instigándolos a divulgar información difamatoria sobre Gilormini de Gracia, quien había sometido una demanda anterior en el Tribunal Superior que fue desestimada porque, en ese momento, no se había producido el despido, sino solo el relevo de su puesto de confianza.

La UIPR es la universidad privada más rentable en la isla con ingresos de $300 millones anuales y activos por casi $800 millones, según los datos más recientes.

Además de esta demanda en el foro federal, Fernós López-Cepero y la universidad tienen una pendiente sobre el despido del expresidente y la UIPR recientemente sometió una reclamación en el Tribunal Superior contra el expresidente y su exayudante por un supuesto fraude en el trabajo que hizo una empresa que la institución contrató para hacer rastreo epidemiológico durante la pandemia del covid-19. La universidad adelantó que era la primera de varias acciones legales resultantes de una investigación sobre las ejecutorias de su expresidente.

Fernós López-Cepero reaccionó en expresiones a los medios indicando que era una acción frívola por parte de la Junta de Síndicos que "evidencia su afán de destruir el legado de eficiencia y pulcritud gerencial y financiera que marcaron los 23 años de mi presidencia".

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