La demanda de un grupo de cooperativas había alegado presión y tácticas de crimen organizado del gobierno para la compra de bonos públicos durante la Administración Fortuño.

Un grupo de cooperativas que demandó al gobierno por supuestamente presionarlos a comprar bonos públicos poco antes de que estos perdieran su valor se quedó corto a la hora de probar sus alegaciones, determinó el Primer Circuito de Apelaciones.

El tribunal apelativo refrendó así la decisión de la jueza de quiebras Laura Taylor Swain de desestimar la demanda que habían presentado y que es una de las pocas controversias que quedaban relativas a la quiebra del Gobierno de Puerto Rico.

Con su demanda, las cooperativas buscaban que el tribunal considerara que el gobierno les había expropiado $156 millones cuando entre 2009 y 2012 los presionaron a que invirtieran esa cantidad en bonos públicos. Las presiones del gobierno habrían ocurrido mediante reuniones con el liderato de las cooperativas y mediante dos cartas circulares de su regulador, la Corporación Pública para Supervisión y Seguro de Cooperativas de Puerto Rico (COSSEC).

COSSEC y el extinto Banco Gubernamental de Fomento (BGF) habrían perpetrado "un patrón de actividad criminal organizada para la apropiación ilegal de millones de dólares de las cooperativas mediante fraude, y entonces el gobierno usó ese dinero para su operación central", según la demanda.

Pero, al examinar el expediente del caso, los jueces apelativos concluyeron que las cooperativas se quedaron cortas de prueba.

"A la supuesta amenaza la falta un anclaje en tiempo y espacio; ¿quién emitió la amenaza a quién y cuándo?", dijeron los jueces. En referencia a una presentación que el BGF les hizo sobre los beneficios de los bonos, y que las cooperativas sostienen fue con pleno conocimiento de que los mismos no eran una buena inversión, los jueces señalaron que "no hay detalles de declaraciones particulares o información que se proveyó, o que se ocultó, sobre los bonos en esta presentación".

Los jueces resaltaron que la falta de detalles en las alegaciones sobre las actuaciones del gobierno "requieren un salto inferencial muy amplio" y que "la especificidad es el nombre del juego cuando se alega fraude, y las cooperativas no han cumplido con ese criterio aquí".

Sobre el argumento de que las cartas circulares de COSSEC se convirtieron en un acto de expropiación por parte del gobierno, el Circuito de Apelaciones apuntó que las cartas "no instruían a las cooperativas a comprar los bonos". "De hecho, como dijeron las cooperativas en su segunda demanda enmendada, no todas las cooperativas se sintieron compelidas a comprar los bonos, casi una cuarta parte no compró bonos".

Como parte del Plan de Ajuste de la Deuda, la jueza Swain había eliminado la reclamación de las cooperativas sobre este dinero.

Los demandantes son: Cooperativa de Ahorro y Crédito Abraham Rosa; Cooperativa de Ahorro y Crédito de Ciales; Cooperativa de Ahorro y Crédito de Juana Díaz; Cooperativa de Ahorro y Crédito de Rincón; Cooperativa de Ahorro y Crédito Vega Alta; y Cooperativa de Ahorro y Crédito Dr. Manuel Zeno Gandía.

Vea:

Cooperativas dicen ser víctima de 'crimen organizado' en el gobierno