Un grupo de municipios, que pretende representar eventualmente a los 78, reclamó a una docena de petroleras que sabían que sus actividades empeorarían el clima, especialmente para la isla.

Un grupo de 16 municipios sometió una demanda en el Tribunal Federal contra una docena de petroleras a quienes acusan de perpetrar un esquema de crimen organizado (RICO en inglés) al continuar con sus actividades comerciales a sabiendas de que tendrían un efecto dañino sobre la población de la isla porque aumentarían la fuerza y frecuencia de huracanes.

Un bufete especializado en pleitos de clase, Milberg Coleman Bryson Phillips Grossman LLC, encabeza el equipo legal de los municipios de Bayamón, Caguas, Loíza, Lares, Barranquitas, Comerío, Cayey, Las Marías, Trujillo Alto, Vega Baja, Añasco, Cidra, Aguadilla, Aibonito, Morovis y Moca. El documento presentado el miércoles pasado no tiene un cálculo de daños específicos, pero pretende que el tribunal adjudique daños "en una cantidad que sea suficiente para proveer restitución y repagar a los municipios de Puerto Rico y a sus ciudadanos por las sumas que han gastado debido a la conducta culposa de los demandados".

Los demandados son Exxon Mobil, Shell, Chevron, British Petroleum, Conocophillips, Motiva Enterprises, Occidental Petroleum, BHP, Arch Resources Inc., Rio Tinto, y Peabody Energy por "el rol primario que su producción, promoción, refinamiento, mercadeo y venta al consumidor de productos derivados del petróleo tuvo en causar las pérdidas, muertes y destrucción de propiedad resultante de las tormentas catastróficas de 2017 y su secuela".

Según la demanda, desde la mitad del siglo pasado las compañías tenían datos científicos producidos por sus equipos internos que indicaban que si continuaban produciendo artículos derivados del petróleo el consumo de los mismos provocaría calentamiento global, con su consecuente alza en los niveles del mar, cambios en los patrones climáticos y fortalecimiento de fenómenos como los huracanes. Específicamente, alegan que en 1998, Shell predijo en un documento interno que una "serie de tormentas violentas" en el Océano Atlántico impactarían la costa este de los Estados Unidos en 2010 y que las mismas desatarían demandas de clase por parte de los consumidores contra las petroleras por ignorar las advertencias de sus equipos científicos. "Veinticuatro años después de la predicción de Shell, los municipios de Puerto Rico la validan presentando esta acción de clase", se afirma.

Entre la conducta culposa que se imputa a las empresas está: "proclamar que el cambio climático no era una amenaza real e inminente, cuando secretamente tenían conocimiento de los contrario", violar su obligación de divulgar a los consumidores la información de sus científicos, ponerse de acuerdo para engañar al público y para sufragar cabildeo y campañas mediáticas que fomentaran el engaño, y, como compañías cuyas acciones se trafican en el mercado, debieron divulgar también la información de los científicos como parte de sus obligaciones de informar a sus inversionistas y al público sobre sus operaciones y sus productos.

También, los demandados "mantuvieron un monopolio energético sobre Puerto Rico conspirando para mantener sus precios bajos y evitar así el desarrollo de fuentes de energía no derivadas del carbón".

La demanda tiene 247 páginas, la mayoría de las cuales conforman una recopilación de fuentes históricas y científicas sobre la forma en que la industria petrolera ha enfrentado los datos sobre el cambio climático desde mediados del siglo pasado.

Particularmente sobre Puerto Rico y su vulnerabilidad por estar ubicado justo en la "autopista de los huracanes" en el Atlántico, resaltan que el promedio del nivel del mar ha aumentado en una proporción 10 veces más rápida que la tasa de crecimiento histórica (1 centímetro por año), que María depositó en un solo día casi una cuarta de la cantidad de agua que cae normalmente en un año, que las posibilidades de que nos impacte un huracán como María otra vez son cinco veces más de lo que era a mediados del siglo pasado y que la edición de 2020 del Índice de Riesgo Climático Global colocó a la isla como la jurisdicción más afectada por el cambio climático en todo el mundo.

Pero, al final, "el impacto más palpable para los municipios es la creciente emigración". "La falta de energía, pérdida de empleos y una economía pobre ha llevado a muchos a emigrar de los municipios. El éxodo se estima en alrededor de 200,000 personas, con la mayoría relocalizándose en Estados Unidos, particularmente Florida... representando una pérdida de base contributiva enorme para Puerto Rico y las economías de los municipios, que siguen en precario", añade.

Para ver la demanda, pulse aquí.